Restablecer el libre ejercicio de la abogacía en Cuba

Restablecer el libre ejercicio de la abogacía en Cuba
Con el sistema actual, no existen garantías de clase alguna para las
hipotéticas inversiones extranjeras en Cuba
jueves, julio 9, 2015 | René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba. -De mi más reciente viaje a Estados Unidos —que terminé
el pasado lunes—, un aspecto destacable es el homenaje que generosamente
me hicieron los abogados de la Florida. Con ocasión de la visita que a
fines de mayo realizaron a La Habana varias decenas de colegas de ese
estado, yo había tenido ya el honor de entrevistarme con una
representación de ellos. Esta última estaba encabezada por mi colega
George Harper, socio principal de uno de los más importantes bufetes
miamenses.

En esta ocasión, mi arribo a la segunda ciudad de los cubanos coincidió
con la celebración, en el balneario de Boca Ratón, de la convención
anual de los juristas floridanos. Por supuesto que, entre los hombres de
leyes de ese estado, hay no pocos compatriotas nuestros. Pero me halaga
que la decisión de invitarme a ese evento y de otorgarme una placa de
reconocimiento, haya sido adoptada por todos los participantes, latinos
y anglosajones por igual.

El acto de entrega fue sencillo y emotivo. Acepté el homenaje como un
reconocimiento a todos los abogados independientes de nuestro
Archipiélago, en particular a la docena larga de ellos que se agrupan en
la Corriente Agramontista. Se trata de la más antigua y nutrida
organización de ese tipo que existe en Cuba.

En los intercambios que sostuve con mis colegas de la Florida, pude
constatar que la generalidad de ellos, tras tomar conocimiento directo
de las realidades legales de nuestro país, llegó a una conclusión: Con
el sistema actual, no existen garantías de clase alguna para las
hipotéticas inversiones extranjeras en Cuba. El consejo lógico que ellos
dieron a sus clientes: no arriesgar un solo centavo en nuestro país.

Esa recomendación no debe causar sorpresa: Lo raro habría sido lo
contrario. Ya se sabe que no hay nada más cobarde que un millón de
dólares, ¿y a santo de qué habrían de arriesgar los suyos en la Mayor de
las Antillas unos empresarios astutos, que conocen muy de cerca los
despojos inicuos que caracterizaron la trepa al poder de los actuales
jerarcas de La Habana!

La única garantía de sus inversiones sería el dicho de quienes integran
el actual gobierno cubano: unos señores que, si por algo se han
caracterizado, es por haber mostrado, desde un inicio, su total
irrespeto por la propiedad. La ajena, claro está. Se trata de un aval
demasiado exiguo para tomarlo como respaldo a un desembolso monetario
importante.

A quienes en los círculos empresariales del castrismo se afilan los
dientes pensando en inminentes negocios multimillonarios con
capitalistas incautos, hay que recordarles que han pasado muchos años
desde que los perros se amarraban con longaniza. Mientras el sistema
económico se mantenga sin cambios esenciales, no es razonable pensar que
haya algún avance importante en ese sentido.

Por supuesto que, para que se desarrolle una inversión extranjera seria,
un aspecto de primordial importancia es que los hipotéticos empresarios
foráneos cuenten con la indispensable seguridad jurídica. Y para que
ésta exista, lo primero que hay que garantizarles es un asesoramiento
legal realmente independiente.

Nuestros compañeros estabulados en los bufetes colectivos —o en la
Consultoría Internacional, que para el caso es lo mismo— no pueden ser
esos juristas autónomos. Ellos en ningún caso podrían poner los
legítimos intereses de sus clientes por encima de los que en un momento
dado puedan tener el Estado, sus agentes o el partido único.

Aclaro que esto no se debe a ineptitud de esos colegas. Trabajé durante
decenios en los bufetes colectivos y sé que la aptitud profesional no
les es ajena a los hombres y mujeres que allí prestan sus servicios. El
que no sirve en absoluto es el sistema ideado por los jerarcas
comunistas para encadenar esa libre profesión.

La única autonomía de esas instituciones radica en el nombre. Por
supuesto que si cualquier burócrata comisionado al efecto se siente con
derecho —y en verdad lo tiene— para revisar toda la papelería de los
miembros, para inmiscuirse en las decisiones técnicas que ellos adopten
y enmendarles la plana, entonces no resulta serio hablar de
independencia de esos graduados universitarios.

Para empezar a solucionar la situación, lo primero es restablecer el
libre ejercicio de la abogacía. Acto seguido sería menester pensar en un
sistema judicial compuesto por jueces que en verdad deban obediencia
sólo a la Ley; y en una fiscalía que, en su actuar, se atenga a
criterios técnico-legales, y no políticos.

Por ahí se podría comenzar, y es evidente que, ahora que en Cuba se
sueña con cuantiosas inversiones extranjeras —que tanto necesita nuestra
economía—, es en ese sentido que se debe trabajar.

Source: Restablecer el libre ejercicio de la abogacía en Cuba | Cubanet
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http://www.cubanet.org/opiniones/restablecer-el-libre-ejercicio-de-la-abogacia-en-cuba/