Posted on Sun, Aug. 20, 2006
Planean recuperar bienes expropiados por Castro
AMY DRISCOLL
The Miami Herald
Lourdes Sampedro Pañeda recuerda la gran entrada de mármol, el patio de
mosaicos con su sonora fuente y la graciosa escalera de su casa del
Vedado, el acaudalado barrio habanero.
Hace unos cuantos años, su hermana, una monja, tuvo la oportunidad de
ver su casa natal en La Habana. Aunque habían arrancado el mármol y no
quedaba un solo mosaico en el patio, la atracción emocional se mantenía.
Lo que quedaba de la mansión inclusive tenía un nuevo nombre: Centro
Nacional para la Educación Sexual, un instituto dirigido por Mariela, la
hija de Raúl Castro.
''Si una familia estuviera viviendo allí sería distinto'', manifestó
Sampedro Pañeda, ''pero siendo propiedad del gobierno, quiero que me la
devuelvan''. ``Cinco hembras y un varón, todos nacimos en esa casa. La
construyó mi abuelo. Debía estar en la familia, no tanto por lo que
pueda valer sino fundamentalmente por razones sentimentales''.
Los cubanoamericanos están resucitando viejos planes para reclamar
propiedades esperando que un cambio de poder en su país natal lleve a
una democracia, una vez que Fidel y Raúl Castro desaparezcan. En este
sentido, la familia de Sampedro Pañeda pudiera estar mejor que muchas
otras. Tienen un gran pliego de documentos, sacados secretamente de Cuba
que, según ellos, detalla los fundamentos legales de su propiedad. Es
exactamente el tipo de prueba que ayudó a establecer reclamaciones en
los países de la Europa del Este tras el colapso de los regímenes
comunistas.
Recientemente, el presidente Bush le hizo una advertencia a los
exiliados cuando esbozó su visión de la Cuba del futuro. Afirmó que
primero había que permitirle a los cubanos de la isla determinar su
propia forma de gobierno y luego ``los cubanoamericanos podrán plantear
los temas de confiscación de propiedades''.
Sus observaciones vinieron poco después de que la Comisión para
Asistencia a una Cuba Libre emitiera un reporte en julio, advirtiendo
que ``ningún tema será tan difícil y tan complejo como el estatus de los
derechos de propiedad y la confiscación de propiedades''.
Que Raúl Castro haya tomado el poder provisional pudiera no ser la
apertura democrática que los cubanoamericanos quieren pero muchas
familias creen que es hora de reconsiderar planes hechos desde hace décadas.
''Ya sean cinco meses o cinco años, ha llegado el principio del fin'',
expresó Nicolás Gutiérrez, un abogado miamense que asegura que entre un
tercio y un cuarto de su práctica está dedicada ahora a las
reclamaciones de propiedades. ''Tengo dueños originales, la mayoría en
los 70 y 80 años, así como hijos y nietos interesados'', subrayó. ``Y
las nuevas generaciones se ven a sí mismas como las que van a ayudar a
reconstruir Cuba. En algún momento, va a haber muchísimo trabajo para
los abogados''.
Heredero de una familia azucarera, Gutiérrez ahora es presidente de la
Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, y ha estado estableciendo
corporaciones de responsabilidad limitada para familias que esperan
plantear reclamaciones en las condiciones de un gobierno democrático en
la isla. La corporación protegería los activos de la familia en caso de
una disputa en los tribunales, agregó.
A principios de los años 60, Castro expropió a compañías norteamericanas
y al pueblo cubano propiedades cuyo valor era de millones de dólares,
activos que, se estima, valen actualmente miles de millones de dólares.
Los ciudadanos y las firmas estadounidenses pudieron presentar
reclamaciones ante la Foreign Claims Settlement Commission. Hasta el
momento, las reclamaciones continúan pendientes.
Estados Unidos respondió con un embargo comercial, y en 1996 promulgó la
Ley Helms-Burton, que hizo más rígido el embargo, con el fin de castigar
a los que comerciaran con el régimen comunista.
Sin embargo, nada de esto ha ayudado a los cubanoamericanos a reclamar
sus hogares ancestrales ni los negocios familiares que les arrebató el
régimen de Castro. Para ellos, el tiempo no ha hecho sino añadir
complejidad a un problema que en un momento dado no parecía ser otra
cosa que un simple robo. La población de la isla ha crecido, y muchas
casas se han subdividido en apartamentos donde por muchos años han
vivido familias. La mayoría de las viviendas necesitan caras
reparaciones, y los edificios comerciales están enormemente dañados.
Cautelosos por la imagen que puedan proyectar en la isla, muchos líderes
cubanoamericanos escogen sus palabras con sumo cuidado, repitiendo una y
otra vez que no quieren sacar a nadie de sus casas.
En una ''declaración al pueblo de Cuba'', la Fundación Nacional
Cubanoamericana dice que ''se opone con vehemencia a cualquier intento
para sacar a las familias cubanas de sus casas o parcelas de tierra
donde residen o trabajan'', proponiendo transferir los títulos de
propiedad a los que ya viven en esos lugares.
Ninoska Pérez Castellón, conocida figura de la radio cubana y portavoz
del grupo conservador Concilio por la Libertad de Cuba, manifestó: ``Sé
lo que significa perder lo que uno tiene, y no quiero que eso le ocurra
a nadie. Y si la gente regresa, ¿qué van a regresar a reclamar?
Posiblemente les vaya mejor aquí''.
Para Carlos Saladrigas, director del moderado Grupo de Estudios Cubanos,
con sede en Miami, el debate se enmarcaría mejor en términos que todo el
mundo pudiera comprender.
''Me parece que el temor a perder la casa es uno de los más grandes, y
es algo que puede obstaculizar el cambio'', aseveró Saladrigas. ``No es
el momento de presionar para hacer estas reclamaciones. Probablemente,
las viejas casas que recordamos sean un poco más pequeñas de lo que
creíamos eran. Pero lo realmente importante es que el pueblo cubano ha
sufrido muchísimo, y tenemos que asegurarnos de que el cambio no le
traiga más sufrimiento, sino, por el contrario, alivio''.
A algunos cubanoamericanos, sobre todo las generaciones más jóvenes, no
les interesa reclamar propiedades después que ha pasado tanto tiempo, en
particular si es algo que afecta a los que están en la isla.
''La mayoría de la gente con la que he hablado no está interesada en
botar para la calle a nadie, sobre todo cuando llevan décadas viviendo
en esas casas'', opinó Tania Mastrapa, que fundó en Miami una firma,
Mastrapa Consultants, para ayudar a las personas a preparar las
reclamaciones. ``En estos casos, las personas están más interesadas en
algún tipo de compensación monetaria o con terrenos. Aunque nadie
quedará satisfecho con el resultado final''.
La clave de todo, sostuvo Mastrapa, es hallar ``un balance entre las
razones económicas y la justicia''.
Mastrapa, cubanoamericana cuya familia perdió propiedades tras ser
incautadas por el régimen de Castro, dice estar a favor de los esfuerzos
de restitución, en parte porque los considera un proceso de sanación.
''No es algo necesariamente motivado por la avaricia'', acotó. ``Muchas
personas quieren las reclamaciones como una labor familiar. Mi abuelo me
enseñó todo sobre la vieja finca de la familia y también sobre cómo
cuidar al ganado''.
Sin embargo, para algunos exiliados de más edad, el sueño continúa vivo,
con pocas modificaciones.
Arturo J. Riera, presidente de la Asociación Ganadera de Cuba, aseguró
que a los 67 años regresaría a la isla, pero conservaría al mismo tiempo
su casa en Miami.
''Si hubiera alguna posibilidad de que pudiera ayudar, lo haría con
gusto'', declaró Riera.
``Mi bisabuelo y mi tatarabuelo murieron luchando contra los españoles.
Teníamos 6,600 acres y nos los robaron. Nos gustaría tener la
oportunidad de trabajar esa tierra, de ayudar en la reconstrucción de Cuba.
``Lo haría no sólo por razones económicas, sino también por patriotismo.
Soy cubano por suerte y americano por elección''.
adriscoll@MiamiHerald.com
http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/local/15315498.htm
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