Posted on Thu, Aug. 03, 2006
Con la cesión de poder en Cuba, algunos exiliados temen a la deportación
By ALFONSO CHARDY
The Miami Herald
Cuando el exiliado cubano David Sebastián oyó la noticia de que Fidel
Castro había cedido el poder, tuvo una mezcla de alegría y angustia. Se
alegraba por el futuro de su país, pero no por el suyo.
''Me preocupó mucho qué va a pasar conmigo'', dijo Sebastián, de 40
años, al Herald. 'Mi hija [de 17 años] me llevó aparte y me dijo: `Papá,
¿cómo te afecta esto a ti?', y empezó a llorar''.
Sebastián, convicto en 1990 por la venta de equipos marinos robados,
figura entre los más de 29,000 exiliados cubanos que no tendrían otra
opción que regresar a Cuba si ocurre un cambio de gobierno y se
establece un régimen democrático.
La inmensa mayoría son convictos que, según la ley aprobada por el
Congreso en 1996, están sujetos a deportación. Siguen aquí porque Cuba
se niega a aceptarlos, y Estados Unidos no ha tocado el tema en varios años.
El departamento de Inmigración y de Aduanas proveyó el miércoles
estadísticas según las cuales hay 29,079 ciudadanos cubanos con órdenes
finales de deportación, la mayoría en libertad bajo supervisión y
algunos en custodia.
Autoridades estadounidenses y expertos en inmigración creen que es
prematuro especular sobre deportaciones.
''Incluso si ocurriera un cambio en Cuba, no sabemos si la política de
negarse a aceptar a esas personas va a cambiar'', dijo el abogado de
Miami Ira Kurzban, considerado una autoridad en leyes federales de
inmigración.
Linda Osberg-Braun, otra abogada de inmigración del sur de la Florida
entre cuyos clientes hay notorios ciudadanos cubanos con órdenes finales
de deportación, duda que los expulsen en un futuro inmediato.
''No creo que Raúl vaya a cambiar la dictadura en Cuba; seguirá
existiendo una dictadura opresiva'', dijo Osberg-Braun. ``Por lo tanto,
no creo que se dé un cambio de relaciones, ni que se alcance un acuerdo
de repatriación con Cuba''.
Ninguna ley de inmigración establece qué condiciones deben existir en la
isla para iniciar las deportaciones. Las únicas pistas de que podrían
llevarse a cabo están contenidas en las leyes de 1996, que estipulan
deportación obligatoria para extranjeros convictos de delitos graves de
mayor gravedad.
Una lista de temas fundamentales en el sitio de internet del Servicio de
Inmigración y Naturalización de Estados Unidos --www.us cis.gov-- dice
que una de las provisiones incluidas en las leyes de 1996 contempla ``la
revocación condicional de la Ley de Ajuste Cubano en cuanto se
establezca una democracia en Cuba''.
La Ley de Ajuste Cubano entró en vigor en 1966, y permite a los cubanos
solicitar la residencia permanente un año después de haber llegado a
Estados Unidos.
Aunque la democracia está muy lejos de hacerse realidad en Cuba, eso no
significa que los exiliados con órdenes finales de deportación estén
tranquilos.
'En cuanto lo oí, pensé `¿Y ahora qué me va a pasar?' '', dijo
Sebastián, asistente en la oficina de un abogado de inmigración de Coral
Gables. ``Eso fue lo mismo que pensaron otros miles de cubanos exiliados
en la misma situación''.
Sebastián dice que el hecho de haber resultado convicto de un delito
debía ser irrelevante, porque ocurrió cuando ya él era ciudadano, lo
cual impide que sea deportado. Pero las autoridades de inmigración
insisten en que él no es ciudadano, porque no acudió a dos ceremonias de
naturalización, y las cortes están de acuerdo, a pesar de que la razón
por la cual no se presentó es que las notificaciones fueron remitidas a
direcciones equivocadas. En abril, la Corte Suprema declinó ventilar el
caso.
Sobre Luis Enrique Daniel Rodríguez, ex agente de la seguridad del
Estado cubana sospechoso de haber perseguido a disidentes, pesa también
una orden final de deportación. Rodríguez fue puesto en libertad
condicional el año pasado. No pudo ser localizado para que hablara, pero
su abogado, Leonardo Viota Sesin, dijo el miércoles que su cliente
``probablemente esté preocupado''.
Un número significativo de exiliados con órdenes finales de deportación
--10,386-- llegaron a Estados Unidos en 1980 por el puente marítimo
Mariel-Cayo Hueso.
Cientos de convictos del Mariel seguían detenidos en espera de que los
liberaran, pero la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la
detención indefinida. La mayoría de esos convictos --más de 700-- fueron
liberados el año pasado.
Otra categoría de detenidos del Mariel está en una lista menguante de
más de 2,700 que el gobierno cubano aceptó repatriar en negociaciones
con la administración Reagan en los años 80. Más de 1,700 han sido
deportados, pero quedan cerca de 1,000.
Estadísticas del gobierno indican que 18,693 cubanos que no vinieron por
el Mariel tienen órdenes finales de deportación, y que 235 de ellos
permanecen detenidos.
Entre los cubanos prominentes que podrían ser deportados figura Jorge de
Cárdenas, un ex poderoso cabildero y estratega político convicto en 1990
como parte de un escándalo de corrupción.
Desde su oficina, Cárdenas dijo el miércoles que no está muy preocupado.
Su sobrino, Jorge Felipe de Cárdenas Agostini, también encara deportación.
Agentes de inmigración lo detuvieron en el 2004 bajo sospecha de que
supervisaba un grupo de torturadores de disidentes anticastristas
mientras trabajaba en el Ministerio del Interior de Cuba.
El abogado de De Cárdenas Agostini, Osberg-Braun, negó las acusaciones y
dijo que su cliente fue perseguido por el régimen castrista.
Amigos suyos dijeron que eran sus vínculos con el teniente coronel
Antonio de la Guardia, ejecutado junto al general Arnaldo Ochoa luego de
juicios sumarios por narcotráfico en 1989. Algunos expertos creen que
los fusilamientos sirvieron de veras para purgar a oficiales que
representaban una amenaza para Castro.
De Cárdenas Agostini testificó durante el juicio de deportación contra
su tío. Fue entonces cuando hizo declaraciones que las autoridades de
inmigración usaron para emitir una orden de deportación contra él. De
Cárdenas Agostini fue liberado el año pasado, también bajo libertad
condicional.
http://www.miami.com/mld/elnuevo/15190105.htm
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