Cuba: Condenan a 4 años a opositor tras cambiarle el delito en la misma sala de juicios

Cuba: Condenan a 4 años a opositor tras cambiarle el delito en la misma
sala de juicios
Luis Felipe Rojas

Yosvani Sánchez Valenciano, de 40 años de edad y miembro de UNPACU
permanece detenido desde hace 11 meses. El jueves supo que ya no le
acusaban de desorden público sino de desacato y le informaron que le
espera otro juicio más por el mismo delito.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Yosvani Sánchez
Valenciano, fue sancionado el jueves en un juicio que quedó concluso
para sentencia con cuatro años de cárcel por el supuesto delito de desacato.

La acusación le fue cambiada a última hora, pues fue llevado a prisión
bajo la figura de desorden público hace 11 meses, luego de varias
protestas públicas que realizó en las calles de La Habana.

Martí Noticias tuvo acceso a las declaraciones vía telefónica que
Sánchez Valenciano ofreció al opositor y coordinador de UNPACU en la
capital, Zaqueo Báez Guerrero:

"Me llevaron a juicio, después de tomarme declaración me llevaron para
Carmen y Juan Delgado (municipio Diez de Octubre), todo fue un teatro,
después que leyeron la declaración al público me sacaron una causa, un
desacato que inventaron ahí mismo".

"Mi familia no pudo ir, los únicos que estaban en la sala, como si
fueran familia mía eran de la Seguridad del Estado".

"La fiscal pidió cuatro años, yo estaba por desorden público y en el
juicio 'me dieron un desacato' (SIC) y otra causa de desacato. Ahora en
vez de ser desorden público, son dos desacatos. Yo tenía desorden
público, pero el desorden público me lo cambiaron por desacato".

"Lo que pasa es que me hicieron la mitad del juicio y me dijeron que me
iban a llevar allí de nuevo porque no fueron los testigos, no fueron los
policías".

Sánchez Valenciano anunció que iniciará una huelga de hambre en protesta
por las irregularidades en su proceso penal. En la conversación se
escucha que Báez Guerrero lo desanima de emprender esa peligrosa medida
y le explica "esa es una responsabilidad de cada quien y recuerda que
ahí se pone en riesgo la vida de uno".

Valenciano se encontraba en estado 'pendiente' desde el 15 de julio de
2016, cuando fue internado en la Prisión Valle Grande y luego trasladado
al Combinado del Este, también en La Habana.

El delito de 'desorden público' le fue imputado a Sánchez Valenciano
junto a los activistas Aymara Nieto Muñoz, Ihosvany Martínez Lemus,
Reinier Rodríguez Mendoza e Ismael Boris Reñí.

Báez Guerrero explicó que desinformar a los opositores sobre sus
procesos judiciales es una estrategia de la Seguridad del Estado para
evitar que los activistas de derechos humanos y familiares participen de
los juicios a que son sometidos.

"La policía política para que los activistas no nos presentemos en los
tribunales donde van a efectuar los juicios arbitrarios, ellos tratan de
desinformar lo mayor posible", señaló Báez Guerrero.

Báez dijo que de manera general a los presos "les informan minutos
antes, a veces hasta tres horas antes, al tribunal que van a ser
llevados. No les da tiempo avisarle a la familia, no les da tiempo
avisarnos, entonces ellos (la Seguridad) evitan las detenciones
arbitrarias que van a haber, porque nosotros rápidamente movilizamos a
nuestra gente y acudimos al lugar", concluyó.

En una entrevista concedida la semana pasada a Radio Martí, el líder de
UNPACU, José Daniel Ferrer García confirmó que la organización tienen 53
presos por motivos políticos en cárceles de la isla.

"El régimen ha estado jugando con el siguiente mecanismo: según van
liberando a algunos activistas, porque cumplen su sanción, van
encarcelando a otros", explicó.

Los delitos más frecuentemente empleados por la Seguridad del Estado en
acuerdo con los tribunales para encausar a los activistas de derechos
humanos son desorden público, desacato y peligrosidad social (Pre
delictiva).

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