Moisés Leonardo Rodríguez
LA HABANA, Cuba, febrero (www.cubanet.org) - Una constante en el
discurso de los dirigentes es que en los cincuenta años de revolución no
ha habido en el país ni un solo caso de tortura.
En realidad, en los últimos cincuenta años, los métodos de tortura
practicados durante la dictadura de Fulgencio Batista fueron sustituidos
por otros más sofisticados. O simplemente se destruye a los pocos que se
rebelan y se amedrenta hasta la parálisis a miles de inconformes.
Ya no se sacan uñas, ni se aplica electricidad en los testículos, aunque
se mantienen las golpizas a los detenidos. Al igual que los métodos
represivos, también los conceptos han evolucionado. Actualmente el
término tortura está definido por la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 39/46 del 10 de
diciembre de 1948, que entró en vigor el 26 de junio de 1987 y de la
cual el gobierno cubano es firmante.
En el artículo 1 de dicha Convención se precisa que: "Se entenderá por
el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia."
De acuerdo a esta definición, claros ejemplos de torturas practicadas en
Cuba en los últimos cincuenta años son los tristemente celebres mítines
de repudio.
¿Cómo si no, catalogar los mítines llevados a cabo en el año 1980 por
turbas da fanáticos instigados la Seguridad del Estado contra personas
que sólo deseaban abandonar el país? Derecho reconocido en el artículo
13, punto 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948).
¿Cómo catalogar los centenares de mítines de repudio efectuados contra
defensores de los derechos humanos y sus familiares? Las acciones
realizadas por estos opositores pacíficos están legitimadas por la
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y
las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 53/144?
¿No están estos actos, como se contempla en la definición, basados en la
discriminación hacia los de pensamiento discordante y acciones
independientes de la oficialidad?
¿No han estado presentes en todos ellos – dirigiendo, participando, o al
menos observando pasivamente- funcionarios públicos y otras personas en
el ejercicio de sus funciones como es el caso de policías y agentes de
la policía política, así como militantes comunistas y dirigentes de
diversos organismos oficiales?
Siendo el gobierno cubano miembro del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, sus representantes deben actuar y hablar de acuerdo con las normas
internacionales de estos derechos, sin desestimar u omitir a
conveniencia aspectos medulares de ellas.
No se debe confundir a la opinión pública nacional y la internacional
con puntos de vista personales, ajenos a las normas. Al menos eso se
espera de quienes han firmado recientemente los pactos internacionales
de derechos civiles y políticos, y el de económicos, sociales y culturales.
Una vez más se comprueba que el discurso oficial anda por un lado y la
vida nacional por otro. Reconocer un problema es el primer paso para
solucionarlo. El de los derechos y las libertades políticas y civiles en
Cuba, obviamente no es la prioridad de nuestro gobierno, a pesar de los
compromisos contraídos con la firma de los pactos antes referidos.
Bien dijo José Martí: "Por los términos confundidos se confunden los
hombres". Aunque en este asunto, no todos.
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