Ahogados en la represión (I)
Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) - El Estado cubano cuenta con
un adiestrado y numeroso aparato represivo. Eso no es un secreto para
nadie. Hablo de sus cuerpos policiales, los tribunales, la fiscalía y el
ejército.
En principio, todo estado goza de potestad soberana, poder que expresa
por medio de la actuación de sus órganos y por la promulgación de leyes.
Estas últimas constituyen el instrumento idóneo a través de las cuales
ejerce su derecho a instituir delitos y penas (ius puniendi).
Supuestamente, la normativa jurídica-penal y la actividad del aparato
represivo estatal deben estar en función de salvaguardar la sociedad en
general. Su fin es prevenir y reprimir el delito.
Me refiero a la protección contra los hechos que lesionen o pongan en
peligro intereses fundamentales que afecten las condiciones de vida de
los seres humanos, presupuestos indispensables para la vida en sociedad.
Ejemplo de ello es proteger la propiedad contra hurtos o robos, la vida
humana de los actos que atenten contra la integridad corporal, etc.
Sin embargo, la pobreza que agobia a nuestro pueblo ha determinado que
aumente la delincuencia.
Incluso, muchas de las conductas calificadas legalmente como delitos,
son acogidas, respaldadas y toleradas por la sociedad cubana. Esto se
debe fundamentalmente a la insuficiente satisfacción de las necesidades
sociales, y en otro orden de cosas, a la precariedad en la dirección
ético-política que ejerce la cúpula gobernante en la actualidad.
Es evidente que el aparato represivo del Estado cubano se ha desviado de
su objetivo fundamental y de la principal razón de su existencia.
Mientras la sociedad cubana se hunde en la decadencia, ellos se centran
en reprimir y perseguir a los disidentes.
Es realmente preocupante la tendencia del gobierno cubano, en casi medio
siglo de socialismo, a utilizar la fuerza coactiva del derecho penal con
fines políticos. Para preservarse y mantenerse indefinidamente en el
poder, la oligarquía burocrática castrista se sirve del ius puniendi del
Estado para imponer su decrépita ideología comunista.
En otras palabras, por medio del intervencionismo estatal intenta
modificar comportamientos socialmente integrados. Conductas de
determinados ciudadanos, percibidas por los poderes públicos como
indeseables.
La mayor prueba de ello lo constituye la Ley 88 del 16 de febrero de
1999, "de protección de la independencia nacional y la economía",
conocida popularmente como Ley Mordaza.
Por su esencia y contenido, esta ley es violatoria de una de las
facultades humanas reconocidas a escala internacional. Impide el
ejercicio y disfrute de nuestro derecho a expresarnos y opinar
libremente. Legaliza la represión principalmente contra los periodistas
independientes residentes en la isla. De forma general, reprime a todo
aquel que denuncie las arbitrariedades del gobierno cubano.
Esta disposición normativa tiene carácter penal. Prevé sanciones
extremadamente severas para todo el que difunda por cualquier medio de
expresión una opinión contraria a la gestión y política del gobierno de
los Castro.
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