Para entender la 'democracia' cubana
RAFAEL ROJAS
Más de ocho millones de cubanos han elegido, por medio del voto directo
y secreto, a 614 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según la Ley Electoral de la isla, esos diputados deberán elegir el
próximo 24 de febrero al presidente, primer vicepresidente y demás
vicepresidentes y miembros del Consejo de Estado, quienes gobernarán la
isla por los próximos cinco años, es decir, hasta el remoto 2013. Más
provechoso que especular si Fidel Castro será o no elegido presidente
--aunque lo sea, la dinámica de la sucesión seguirá su curso titubeante,
como hasta ahora-- resulta analizar el proceso electoral del socialismo
cubano.
En las últimas semanas hemos leído varias apologías de dicho sistema
electoral por parte de altos funcionarios cubanos, en especial, del
presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. Cuba, según estos
dirigentes, no sólo es una democracia, sino la más avanzada del planeta
por tres razones: las elecciones son directas, no son competitivas y en
ellas no intervienen partidos políticos. El poder legislativo del país
es nominado por los ciudadanos desde los barrios y elegido por ellos
mismos en votaciones municipales, provinciales y nacionales. Lo peor es
que los gobernantes cubanos son sinceros cuando afirman que la isla
posee el sistema electoral más democrático del mundo.
Es cierto. En Cuba sólo existe una asociación política, el gobernante
Partido Comunista, y esa institución no interviene directamente en el
proceso electoral. Sin embargo, los más de 800,000 militantes del
Partido Comunista que existen en la isla participan activamente en las
elecciones como ciudadanos con una ideología política específica. Además
de esta intervención, que se manifiesta desde el nivel local, las listas
de nominados por los que vota la población son elaboradas por comisiones
de candidaturas integradas, según el artículo 68 de la Ley Electoral de
1992, por las seis ''organizaciones de masas'' (Comités de Defensa de la
Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, Federación Estudiantil Universitaria y Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media) y presidida por un representante
de la Central de Trabajadores de Cuba.
La lista final de 614 candidatos a la Asamblea Nacional, que votaron el
pasado domingo ocho millones de cubanos, fue elaborada por el propio
Estado, no por la ciudadanía. El número de escaños, además, es el mismo
que el de candidatos a elegir, por lo que las posibilidades de escoger
racionalmente entre diversas opciones son nulas. Desde la reforma
electoral de 1992, el gobierno cubano ideó la fórmula del voto unido,
promovida hasta la saciedad por los medios oficiales y por el
convaleciente máximo líder, que consiste en colocar en el centro de la
boleta un cuadro, que al ser marcado con una cruz, implica el voto por
todos los candidatos. Con esa fórmula fácil, el acto de la elección
racional queda reducido a una ceremonia plebiscitaria.
Contraria a la reciente tendencia a subrayar la ''diversidad'' y el
''debate'', las pasadas elecciones en Cuba fueron una jornada de
afirmación del unanimismo y la homogeneidad. El margen de intervención
de actores opositores, en esas elecciones, es inexistente. Es cierto
que, hipotéticamente, un opositor podría resultar nominado en una
asamblea de barrio, pero, al llegar a la comisión de candidaturas del
municipio, su nombre sería automáticamente borrado por no ser
representativo de los intereses de ninguna institución oficial. Es por
ello que casi la totalidad de los 614 diputados elegidos pertenece al
Partido Comunista y los pocos que no son miembros de esa organización
están ahí como voceros de otro cuerpo estatal.
En unas elecciones del Estado, por el Estado y para el Estado, como las
cubanas, se hace difícil encontrar el elemento representativo de
cualquier democracia moderna. Las élites cubanas y sus aliados en el
mundo, sin embargo, insisten en que se trata de la democracia perfecta.
El alto índice de concurrencia --el 95% de los electores y más del 70%
de la población insular-- es uno de los elementos en que se apoyan esas
élites para pregonar la superioridad de su sistema. El cálculo, en todo
caso, sería incorrecto: fuera de Cuba viven cerca de 3 de millones de
cubanos sin derechos políticos, por lo que el pasado domingo sólo votó
alrededor de un 60% de la ciudadanía cubana. Habría que preguntarse,
además, qué hacen esos ocho millones de cubanos cuando marcan la cruz
del voto unido. ¿Votan? ¿Eligen a sus gobernantes?
A pesar de haber sido elegida de acuerdo con un sistema antidemocrático,
la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, si se lo propone, podría
funcionar como un agente de cambio en Cuba. En manos de esa institución
legislativa está la potestad de impulsar una ley de asociaciones que
conceda libertades públicas a la ciudadanía de la isla: una ley de
asociaciones que facilite la expresión de la diversidad social,
reconocida por el propio gobierno cubano, en términos del pluralismo
político existente. De paso, esa misma Asamblea, si quiere contribuir a
la democratización de Cuba, podría proponer una reforma electoral que
suprima las comisiones de candidaturas y que facilite el acceso de
opositores al poder legislativo de la nación.
La más acendrada resistencia al orden democrático, que se percibe en la
cultura política oficial cubana, es aquella que identifica la
competencia con la fractura de la comunidad, la elección racional con la
amenaza de una quinta columna, siempre al acecho y resuelta a anexar
Cuba a Estados Unidos. No hay lugar para el opositor en ese sistema
porque quien se opone es automáticamente catalogado como ''enemigo del
pueblo''. El partido único se asume, entonces, no como lo que es, una
asociación de minorías comunistas, una gran facción gobernante, sino
como un instituto nacional que representa a toda la sociedad. Mientras
ese dispositivo totalitario no se deshaga, la democracia cubana será una
quimera.
No comments:
Post a Comment