Las leyes migratorias pueden cambiar vidas
LAURA FIGUEROA
The Miami Herald
La buena suerte, para Berta Olivares, llegó en 1986.
Dejó de preocuparse de que los agentes de inmigración descubrieran que
su visa había caducado en 1979. Tenía 18 años durante esa visita a Miami
cuando su madre le rogó que no regresara al caos político bajo los
sandinistas en Nicaragua.
Olivares era una de tres millones de indocumentados en los Estados
Unidos que se hizo residente legal bajo la Ley de Control y Reforma de
Inmigración de 1986. La ley ofreció amnistía a inmigrantes de más de
cien países --muchos de ellos de Centroamérica, México y Haití. Tenían
que probar que estaban viviendo en EEUU antes de 1982 o que habían sido
trabajadores agricultores antes de 1986.
Dos décadas después, los mismos retos de inmigración que enfrentaba el
Congreso en 1986 --seguridad fronteriza, fuerza laboral temporaria y qué
hacer con los millones de indocumentados-- están de nuevo en la mirilla.
El debate en el Senado resume la semana próxima.
Una lección es evidente desde 1986: sin unas medidas enérgicas de
control para detener el fraude de documentos y proteger miles de millas
de las porosas fronteras de EEUU, la inmigración ilegal continuará.
''Pensamos que esto [la ley de 1986] iba a ser la gran respuesta'',
comentó el ex representante republicano E. Clay Shaw, de Broward, que
votó a favor de la ley. Shaw ahora quisiera haber votado en contra de la
amnistía.
''Una administración tras otra no puso en vigor la ley'', dijo Shaw.
``Ahora tenemos más trabajadores de los que podemos manejar. Nos hemos
vuelto dependientes de esta fuerza laboral ilegal''.
El ex senador Bob Graham expresó que se puso muchas esperanzas en la
amnistía, especialmente en la Florida.
''Por entonces teníamos grandes retos de inmigración en la Florida:
Cuba, Haití, Nicaragua, todos tenían sus problemas'', dijo Graham, que
fue gobernador de la Florida en 1986.
Graham señaló que el gobierno federal nunca gastó el dinero necesario
para poner en vigor adecuadamente la ley. ``Puesto que la inmigración es
una responsabilidad federal, el gobierno federal debe aportar algunos
fondos. Es la única manera de hacerlo justo''.
Así como los políticos de la Florida tenían grandes esperanzas para la
reforma de 1986, hoy el presidente Bush y el senador republicano Mel
Martínez --que ayudó a redactar la ley bipartidista-- se sienten
igualmente optimistas de que la proposición del Senado ofrecerá una
forma enérgica para el cumplimiento de la ley, equilibrado contra un
proceso a prueba de fraude para legalizar a la mayoría de los
aproximados 12 millones de indocumentados que ya se encuentran en el país.
''Este es un problema que pide una respuesta inmediata'', dijo Martínez
a principios de este mes, cuando demócratas y republicanos del Senado
llegaron a un acuerdo. ``Estamos en el umbral de una tremenda oportunidad''.
Madeline Zavodny, profesora de economía de Agnes State College, en
Atlanta, que ha publicado varios estudios sobre el impacto económico de
la inmigración, señaló que cientos de miles de inmigrantes usaron
documentos falsos para obtener amnistía, ayudados por la falta de
atención del gobierno federal a la ley de 1986.
''Hubo un fraude masivo en 1986, con la gente falsificando los
documentos a diestra y siniestra'', dijo. ``¿Cómo se puede evitar eso en
una era de copiadoras de láser? Es una pregunta difícil''.
Un informe de la Casa Blanca que comparaba la ley de 1986 con la actual
proposición del Senado señala que en 1986 el gobierno de Estados Unidos
contaba con un ``sistema de verificación que no tenía la capacidad
necesaria para detectar las identificaciones falsas''.
Bajo la ley de 1986, el gobierno no puede aceptar más de dos docenas de
documentos como pruebas de empleo, y a las compañías no se les requiere
legalmente que verifiquen la autencidad del documento que presenta el
empleado, subrayó la Casa Blanca.
Tammy Fox-Isicoff, abogada de inmigración que trabajó con anterioridad
como fiscal para los servicios federales de inmigración, opinó que tanto
el proyecto de ley de 1986 como la actual proposición del Senado no han
solucionado los factores que impulsan la inmigración ilegal.
Fox-Isicoff dijo que la ley de 1986 ``fue un verdadero desastre, porque
nunca llegó a enfrentar las causas de la ilegalidad''.
''Necesitamos un sistema de inmigración que recompense a los que cumplen
con las reglas'', dijo la experta. ``En la legislación propuesta por el
Senado, un trabajador temporal puede venir a trabajar al país por seis
años. Al cabo de los seis años, ¿acaso el trabajador va a regresar a su
país donde gana $10 a la semana o tratará de quedarse en EEUU donde gana
$600?''.
''No me importa qué tipo de proyecto de ley sea el que se apruebe,
nuestras fronteras siempre podrán ser penetradas'', dijo Fox-Isicoff.
``Si se construye una cerca, vendrán por agua. Lo único que podemos
hacer para tratar de solucionar el problema de la inmigración ilegal es
quitar la necesidad de que penetren nuestras fronteras''.
Entre 1987 y 1988, más de 37,800 floridanos solicitaron amnistía. Los
cubanos no entran en ese grupo ya que al cabo de un año de permanecer en
el país solicitan la residencia amparándose en la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, para los inmigrantes que recibieron amnistía, surgió un
nuevo mundo: podrían continuar buscando sus sueños, y con el tiempo
traer a sus familiares desde sus países.
A continuación, ofrecemos algunas historias con final feliz que
ocurrieron en el sur de la Florida.
En 1986, Marise Flovil comenzó recogiendo frijoles y limones en
Homestead, y en la actualidad es propietaria de una guardería infantil.
Flovil llegó a Miami procedente de Haití en enero de 1986, en lo que se
suponía era un viaje para visitar a amigos y familiares, pero, a medida
que las cosas empeoraban en el país caribeño, Flovil dijo que su familia
le advirtió que era mejor que se quedara en Estados Unidos.
En Haití, dejó a tres hijos, enviándoles parte de su salario semanal
para que pudieran pagar sus estudios.
En un principio, Flovil no pensó que la ley de amnistía tendría nada que
ver con ella, ya que fue confeccionada pensando en los inmigrantes que
llegaron al país antes de 1982, pero la ley también incluía una cláusula
para los que habían trabajado en granjas agrícolas. ''¡Tengo una
oportunidad!'', pensó la mujer.
Cuando Flovil recibió sus papeles bajo la amnistía, de inmediato se
matriculó en clases de inglés. Poco a poco trabajó duro hasta recibir su
diploma equivalente a graduada de secundaria. Aunque en su empleo en
McDonald's ganaba más que los $40 semanales que le pagaban por recoger
limones, Flovil aún no estaba satisfecha con sus logros y en 1992 obtuvo
un título en educación en el Miami-Dade Community College.
En 1997, abrió la guardería infantil Marise's Day Care en una casa que
hace esquina en Homestead.''Se siente uno muy bien de ser
estadounidense, de estar viviendo el sueño americano'', dijo Flovil
mientras vigilaba al grupo de niños haitianoamericanos bajo su cuidado.
El empleo de Ramiro Bernal con la versión colombiana del Servicio de
Rentas Internas (IRS) simplemente no le pagaba lo suficiente para
mantenerse a sí mismo y a su esposa Luzstella.
En 1985 huyó de su nativa Bogotá a EEUU vía México. Pasó de llenar
formularios de impuestos en su antiguo trabajo a recoger fresas en
California, generalmente trabajando 13 horas al días.
''Fue un cambio grande, pero lo hice'', dice Bernal, que ahora tiene 48
años. ``En este país aprendí que si uno quiere llegar a alguna parte
tiene que luchar''.
En 1986 su esposa y él se habían trasladado a Miami y se habían enterado
del plan de amnistía para trabajadores de la agricultura.
''Sentimos que nos habíamos ganado la lotería'', dice Bernal. ``Una paz
mental muy grande''.
Bernal ahora es un próspero empresario que vive en Pembroke Pines.
Trabajó en una compañía de equipos electrónicos durante 10 años, y
compró propiedades para invertir.
Bernal es inspector de casas y tiene una escuela de bienes raíces en
Doral, llamada Florida Training School.
Hoy, Bernal empieza con un segmento radial de 15 minutos dos veces al
mes en Radio Caracol, una estación colombiana, 1260 AM. Respalda la
amnistía para los indocumentados de hoy, del mismo modo que él la tuvo.
Al llegar a EEUU, Berta Olivares, entonces de 18 años, se vio embarazada
y sin documentos. Encontró empleo repartiendo periódicos de casa en casa
antes del amanecer.
En un apartamento de dos dormitorios de Fontainebleau que compartían con
otros seis familiares, ella y su esposo criaron a su hija, nacida aquí.
''Yo siempre estaba llorando'', dice Olivares. ``No veía futuro para
ella ni para ningún nicaragüense. Ya habíamos estado aquí siete u ocho
años sin recibir asilo político''.
Cuando se concedió la amnistía finalmente, Olivares y tres hermanos
suyos empezaron a valerse de su status legal. En 1990 la familia había
abierto TransNica International, una compañía de exportación.
Lo que empezó como un pequeño negocio donde los nicaragüenses de Miami
podían hacer envíos a su país ya se trasladó a un local más amplio,
desde donde se envían productos costosos, desde implementos sanitarios
hasta muebles.
La hija por la cual Olivares lloraba ahora está estudiando para una
maestría en sicología en la Universidad de Miami.
Sentada en el almacén de la compañía, entre los carritos de carga y la
mercancía, Olivares asegura que se siente orgullosa del progreso de su
familia: ``Fuimos afortunados . . Tuvimos nuestra oportunidad''.
Tere Figueras Negrete y Jerry Berrios contribuyeron a este reportaje.
lfigueroa@MiamiHerald.com
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