El terrorismo de Estado en Cuba

El terrorismo de Estado en Cuba
La cadena de mando desde la Fiscalía General de la República hasta la
policía, conduce el terrorismo de Estado en Cuba
Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 06/04/2017 9:03 am

La delegación cubana ante el Comité de la ONU contra las desapariciones
forzadas, declaró en su sesión del 6 de marzo de este año: "nunca ha
sido necesario declarar el Estado de emergencia en el país". Dijo la
delegación, que el estado de emergencia se aplica sólo relacionado con
desastres naturales y no, porque haya peligro de desestabilización
política interna. Pero en caso de declarase, alguna vez, nunca
restringiría los Derechos constitucionales.
El periodista independiente Maykel González Vivero, y nueve integrantes
del grupo de periodistas, "Periodismo de Barrio", fueron detenidos entre
el 10 y 12 de octubre de 2016, cuando intentaban reportar los daños del
Huracán Matthew en la zona oriental del país. González Rivero estuvo
detenido de manera arbitraria 72 horas, y los restantes periodistas
varias horas en la ciudad de Baracoa. La seguridad del Estado cubana
dijo a los detenidos, que la causa del arresto era "el Estado de
excepción" en toda la zona oriental afectada.

La definición de terrorismo de Estado
Los Estados poseen el monopolio de la fuerza para poder cumplir sus
fines, pero deben usar ese derecho racionalmente y de acuerdo a las
leyes. Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la
población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder
llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de
resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de
terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los
civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o
sin las garantías del debido proceso.
El terrorismo de Estado cubano se apoya en tres tipos de negación para
practicar su terrorismo cotidiano:
- La negación de la responsabilidad: los hechos nunca existieron.
- La negación de la interpretación: Si algún hecho ocurrió, no es
entendido por el estado como violación de derechos sino como defensa de
la "seguridad nacional" la misma consigna que utilizaron las dictaduras
del Cono Sur en la década de los 70 y 80 del siglo pasado.
- La negación de las implicaciones: Las consecuencias sociales, civiles,
económicas políticas y culturales del terrorismo de Estado para las
víctimas, se ocultan, tergiversan y no existe indemnización para las
víctimas y sus familiares.

El Gobierno cubano en "estado de negación" frente a la ONU
La delegación cubana, en las sesiones del 6 y 7 de marzo en la ONU negó
la posibilidad de comunicaciones personales de sus ciudadanos o
interestatales sobre la violación de los Derechos consagrados en la
Convención contra las desapariciones forzadas, en sus artículos 31 y 32,
y alega soberanía nacional para prohibirlo. Por otra parte, señala que
no es necesario porque el sistema cubano garantiza la integridad física
y moral y la seguridad de todos los ciudadanos.
Negación de la responsabilidad del gobierno cubano: los hechos nunca
ocurrieron.
Es así que el Estado cubano niega la existencia de los 9.940 arrestos
arbitrarios entre enero y diciembre de 2016. En enero y febrero de 2017
ocurrieron 862 arrestos arbitrarios según la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional considerada ilegal por el Gobierno cubano.
Las golpizas reportadas contra Antonio Rodiles, El Sexto, Eduardo
Cardet, José Daniel Ferrer, Carlos Amel, las Damas de Blanco, Guillermo
Fariñas, Jorge Luis Pérez (Antúnez), Iván Hernández Carrillo y la enorme
lista de presos políticos que desde hace décadas han sufrido y sufren
abusos, maltratos, tortura de diversos grados y celdas de castigo en los
centros penitenciarios del país. Estas golpizas nunca existieron. Ningún
relator especial de Derechos Humanos de la ONU ni la Cruz Roja
internacional, han podido visitar los 200 centros penitenciarios del
país. El Gobierno lo impide.
El caso del preso político fallecido en la cárcel el 24 de febrero de
2017, Hamell Santiago Más Hernández, llevaba más de ocho meses preso sin
presentarle a juicio y careció de asistencia médica adecuada, según su
esposa que lo visitó en prisión. En el momento de su muerte no contaba
aún con un abogado defensor.
En relación con las violaciones a domicilios, el Coordinador de la
UNPACU, José Daniel Ferrer, ha denunciado más de siete decenas de
allanamientos arbitrarios a las casas de opositores —en el año 2016 y
primeros del nuevo año— donde familiares y niños están presentes ante la
violencia policial. El "hurto" que hacen las autoridades de instrumentos
de trabajo y expedientes de trabajo, comida, bienes y dinero aparecen en
la ley como "confiscación." El Centro Cubalex fue violentado sin orden
de arresto plausible —la "receptación ilícita" no implica la violación
forzada del domicilio— y sus miembros obligados a desnudarse ante las
autoridades como humillación y muestra de tratos degradantes por parte
de las autoridades de la policía, la seguridad del Estado y la Fiscal,
presente en la violación con fuerza del domicilio. Con igual impunidad
sus instrumentos de trabajo y expedientes fueron robados bajo la figura
de "confiscación". Estos hechos para el gobierno cubano y su delegación
el 6 y 7 de marzo de 2017, no existieron.

La negación en la interpretación de los hechos
El Gobierno cubano niega la existencia de los hechos, pero si de manera
general asume algún caso, la interpretación es opuesta al hecho. El caso
de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012, es
un caso notorio. La autopsia de las causas de muerte de ambos activistas
efectuadas por las autoridades cubanas no han sido presentadas a sus
familiares, cinco años después.
La delegación cubana a las sesiones del 6 y 7 de marzo en la ONU,
declaró que a todo fallecido en manos de las autoridades se le practica
la autopsia con la presencia y acuerdo de los familiares de los
fallecidos. No parece ser el caso de los 202 fallecidos en los centros
penitenciarios entre 2010 y 2011 declarados por la delegación cubana en
el año 2012, porque los procedimientos no incluyen la revisión por parte
de la familia del estado de los fallecidos antes de practicárseles la
autopsia por Medicina Legal. Este órgano está regido por el Tribunal
Supremo, la Fiscalía general y el MININT. Por lo tanto, no existe
protección independiente contra la comisión "de abusos de poder" por las
autoridades frente a las muertes en prisión y frente a la atención
médica en prisión.
Por otra parte, la represión a periodistas independientes y activistas
opositores no se reconoce individualmente, pero los órganos de prensa
oficial los declaran masivamente "mercenarios", y por ello dejan de ser
considerados ciudadanos cubanos y no tienen ninguna garantía sobre su
integridad física y moral, de Habeas corpus, ni garantía procesal: son
considerados por el régimen no personas.
La negación de las implicaciones civiles económicas sociales y morales
para las víctimas del terrorismo de Estado
La delegación cubana a las sesiones del 6 y 7 de marzo de este año no
pudo explicar al Comité de la ONU las indemnizaciones en caso de abuso
de poder de las autoridades. En la legislación penal cubana y en la
práctica de la PNR, el MININT, los Fiscales, los tribunales no existe la
indemnización para las víctimas de los abusos de poder del Estado.
En estado de negación, la delegación cubana declaró que no existían
"abusos de poder" de los funcionarios públicos por la "esencia
humanista" de su sistema político, pero si ocurrieran, se inculparían a
los infractores de la ley. La delegación cubana negó en la ONU la
necesidad del reconocimiento de un organismo nacional de Derechos
Humanos independiente que monitoree las violaciones a los Derechos
Humanos en Cuba. Dijo que en Cuba no se violan los derechos de los
ciudadanos.

La base del terrorismo de estado en Cuba
Siendo una política del Estado la represión a los distintos tipos de
discrepancia económica, social, civil, política y cultural, la violación
cotidiana de los Derechos fundamentales se ejerce por las autoridades en
los arrestos y en todo el resto de los procedimientos judiciales,
laborales y penales.
El procedimiento es el siguiente: la policía y los Instructores del
MININT tienen un catálogo de delitos en el código penal del cual imponen
cualquiera de ellos por delitos no cometidos. El Fiscal siempre confirma
dichos delitos fraudulentos, no hay revisión de la pertinencia de las
acciones de los detenidos y el delito que se le imputa, y el proceso
sigue su curso con otras tantas violaciones al propio código penal y a
su reglamento. Los tribunales reciben las informaciones de los Fiscales
y no existen mecanismos de defensa para impugnar los resultados de la
investigación del Fiscal. Los abogados defensores tampoco pueden
impugnar los resultados de la investigación fiscal y pedir una
investigación independiente.
No está contemplado en las leyes cubanas como delito, la discrepancia
política, es más, la crítica de los ciudadanos aparece como derecho en
la Constitución de la República. No está contemplado en las leyes
cubanas el delito de manifestación pacífica. Sin embargo, para paliar
esta ausencia, la PNR, los Instructores del Ministerio del Interior, los
Fiscales y el sistema de tribunales, imponen delitos no cometidos por
los supuestos infractores con total impunidad. "Atentado contra la
autoridad" cuando es el detenido quien sufre detención violenta,
"receptación ilícita" aun cuando se muestran los documentos que
demuestran la propiedad de los bienes incautados, "usurpación de la
capacidad legal" para los periodistas independientes, "disturbios del
orden público" cuando manifiestan pacíficamente. Por eso, muchos
activistas de Derechos Humanos, periodistas independientes y activistas
políticos no firman las actas de detención porque aparecen en esas actas
oficiales, delitos que no se han cometido. Esta arbitrariedad orientada
por el Estado cubano a todos sus órganos represivos, judiciales y
laborales constituye la base del terrorismo de Estado cotidiano en Cuba.

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