La Ley de Ajuste Cubano ya no hace falta

EN NUESTRA OPINIÓN: La Ley de Ajuste Cubano ya no hace falta

El Senado hizo mal en no considerar la propuesta del senador Marco Rubio
Los tiempos han cambiado desde que el presidente Lyndon Johnson firmó la
Ley de Ajuste Cubano
Los verdaderos disidentes pueden irse de Cuba y solicitar asilo político
en Estados Unidos
JUNTA EDITORIAL

El Senado hizo mal en no considerar el intento del senador Marco Rubio
de la semana pasada por detener el abusado programa de beneficios para
los inmigrantes cubanos recién llegados. Lo que empezó hace unas décadas
como un esfuerzo bien intencionado por ayudar a los exiliados más
necesitados se ha convertido en un regalo para receptores que no lo merecen.

La Ley de Asistencia y Educación a Refugiados de 1980 da a los
inmigrantes cubanos acceso a ayuda federal —Ingreso de Seguridad
Suplementario y mucho más— sin examinar sus medios. Algunos se inscriben
y después regresan a Cuba a disfrutar los beneficios.

Es difícil culpar al senador por expresar su frustración con hábitos del
Senado que impidieron una votación sobre una medida que disfruta del
apoyo bipartidista de prominentes demócratas de la Florida como el
senador Bill Nelson y la representante Debbie Wasserman Schultz, la
presidenta del partido.

La política se estableció en la época del éxodo del Mariel, cuando
decenas de miles de refugiados huyeron de la persecución del régimen de
Castro. La persecución todavía existe. Vea el informe de derechos
humanos del Departamento de Estado de la semana pasada, citado en el
artículo EEUU denuncia deterioro de derechos humanos en Cuba y
Venezuela, de Nora Gámez Torres y Antonio María Delgado [el Nuevo
Herald, 13 de abril].

Al mismo tiempo, los tiempos han cambiado en el medio siglo transcurrido
desde que el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Ajuste Cubano,
que ofrece a los cubanos residencia legal y una vía a la ciudadanía con
más facilidades que a refugiados de otros regímenes represivos.

Al igual que la ley que da beneficios a algunos refugiados cubanos, la
Ley de Ajuste también tuvo una buena intención. Actualmente, la política
de "normalización" del presidente Obama refleja los cambios de la era
posterior a la Guerra Fría. Es hora de reconocer que las leyes de
inmigración de Estados Unidos también deben reflejar esos cambios.

Los verdaderos disidentes pueden irse de Cuba y solicitar asilo político
en Estados Unidos, sin depender de la Ley de Ajuste Cubano. Mientras el
régimen castrista siga en el poder, las leyes de inmigración
norteamericanas deben seguir siendo generosas con los disidentes y
exiliados políticos cubanos genuinos.

Pero en muchos otros casos, las ideas políticas no forman parte de la
ecuación. Lo que impulsa a ese tipo de inmigrante es la posibilidad de
obtener la residencia legal en Estados Unidos. Una vez con la residencia
legal en la mano, regresan a Cuba llevando dólares. ¿Son perseguidos
políticos? En estos casos, las leyes norteamericanas sirven al régimen
cubano como una válvula para aliviar el descontento interno, y, al mismo
tiempo, los dólares que el régimen recibe le permiten seguir reprimiendo
a la población. La ley no contemplaba esa situación.

Mientras se mantenga la ley, seguirá siendo un imán para todos los
cubanos, un estímulo para lanzarse al mar a bordo de embarcaciones
pequeñas, en viajes peligrosos que muchas veces han terminado en el
desastre.

También es injusto para los países atrapados en el medio –como Panamá y
Costa Rica–, que tienen que lidiar con la llegada de miles de
inmigrantes cubanos que tratan de entrar en Estados Unidos por tierra.
Actualmente, miles de cubanos en Ecuador piden un puente aéreo que los
lleve a la frontera de México con Estados Unidos, para entrar en este país.

La Ley de Ajuste Cubano es una reliquia de la Guerra Fría. Y seguirá
alentando a muchos cubanos a venir a este país mientras las condiciones
económicas de la isla sean menos favorables que las de aquí. Estados
Unidos debe mantener sus puertas abiertas para los que emigran por
motivos políticos. Pero para eso no hace falta la Ley de Ajuste. El
Congreso la puede anular.

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El Nuevo Herald -
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