Fidel y Ríos Montt

Fidel y Ríos Montt
Bertrand de la Grange | Madrid | 19 Mayo 2013 - 10:30 am.

Si se trata de apoyar la reconciliación y poner fin a la impunidad que
ha reinado en Centroamérica, habrá que interesarse también por los
responsables del otro bando: los exguerrilleros.

El general Ríos Montt y el comandante Fidel Castro tienen la misma edad,
86 años. El guatemalteco nació el 16 de junio de 1926, el cubano el 13
de agosto del mismo año. Ambos ejercieron el poder con mano de hierro y
se les responsabiliza de la muerte de miles de seres humanos. Aquí
terminan las similitudes.

El primero es un villano vilipendiado dentro y fuera de su país, donde
acaba de ser condenado a ochenta años de cárcel por genocidio y crímenes
de lesa humanidad, supuestamente cometidos durante el conflicto armado
que ensangrentó Guatemala (1960-1996). El otro es venerado por media
humanidad y morirá tranquilamente en su cama, sin tener que rendir
cuentas por las barbaridades que perpetró dentro y fuera de Cuba: fusiló
a mansalva, hizo de "su" isla una inmensa cárcel y patrocinó la
subversión en todo el continente.

Sin entrar en el detalle de la sentencia pronunciada el 10 de mayo
contra Efraín Ríos Montt, celebrada como un "hito histórico" en la
prensa internacional, tanto de izquierda como de derecha, me limitaré a
señalar las incongruencias de la acusación y la manipulación de los
testigos de cargo, originarios del Triángulo Ixil, una zona del
altiplano donde la guerrilla tuvo mucha presencia hasta la
contraofensiva demoledora del Ejército en 1982. La campaña militar fue a
iniciativa de Ríos Montt, un general retirado convertido en pastor
evangélico que había llegado a la presidencia ese mismo año a través de
un golpe.

Es por esos hechos que el viejo militar ha tenido que responder ante la
justicia. Los familiares y vecinos de las víctimas fueron convocados por
el tribunal para relatar las circunstancias de la muerte de 1.771 ixiles
en el transcurso de quince matanzas perpetradas hace treinta años y
atribuidas a Ríos Montt. La excesiva precisión de algunas descripciones
—la mayoría de los testigos no estuvo en el lugar de los acontecimientos
y varios sobrevivientes eran entonces niños muy pequeños—, además de
ciertos detalles inverosímiles, hacen sospechar que todos fueron
previamente aleccionados para apuntalar un expediente judicial muy endeble.

A instancias de un influyente grupo de activistas estadounidenses y
españoles, el ministerio público se empeñó en presentar un cargo de
genocidio en lugar de limitarse a una acusación de crímenes de guerra,
mucho más fácil de probar, pero menos rentable en términos políticos.
¡Vaya genocidio!, donde la mayoría de los autores materiales eran
indígenas como sus víctimas, ya que el Ejército reclutaba sus tropas en
las mismas comunidades. ¿Un autogenocidio, pues?

En cuanto al presunto responsable intelectual de esos crímenes, no le ha
ido mal cuando se presentó, una década después, a las elecciones: Ríos
Montt fue el diputado más votado por los vecinos de sus supuestas
víctimas (otra diferencia con Fidel Castro, que tomó el poder por las
armas y lo monopolizó durante medio siglo, sin someterse nunca al
sufragio universal y democrático).

El tribunal no ha podido demostrar de manera fehaciente que hubo de
parte del expresidente "intención de destruir, total o parcialmente, a
un grupo nacional, étnico, racial o religioso", según la definición de
genocidio acordada por la ONU. Pese a todo, Ríos Montt ha sido condenado
bajo ese cargo, lo que abre la puerta a una anulación de la sentencia en
apelación. Con esto ha quedado claro que se trató de un juicio político,
plagado de irregularidades, bajo la batuta de una juez, Yassmín Barrios,
que había dado sobradas pruebas de su parcialidad en casos anteriores.

Esa pantomima ha contado con la connivencia de EEUU —también de varios
gobiernos europeos, siempre animados por "buenas intenciones"—, que en
otra época apoyó solapadamente la estrategia contrainsurgente de
Guatemala y de sus vecinos para compensar la ayuda de la URSS y de Cuba
a las guerrillas centroamericanas. Mucho antes, en 1954, la CIA había
alentado el golpe militar contra el gobierno izquierdista de Jacobo Arbenz.

Hoy, Washington quiere borrar ese pasado vergonzoso, y se equivoca de
nuevo. No es culpa de Obama. Todo empezó en tiempo de George W. Bush, a
partir de 2001, cuando la embajada de EEUU en Guatemala se posicionó
ostensiblemente a favor de la condena de tres militares en el caso del
asesinato del obispo Juan Gerardi. No había una sola prueba sólida, pero
allí estaba la misma Yassmín Barrios y cumplió con los deseos de la
comunidad internacional.

Si se trata realmente de apoyar la reconciliación y poner fin a la
impunidad que ha reinado en Centroamérica durante los conflictos del
siglo pasado, habrá que interesarse también por los responsables del
otro bando. Hasta ahora, la justicia no ha alcanzado a los
exguerrilleros, que no han rendido cuentas por su participación en
varias masacres y en numerosos secuestros.

http://www.diariodecuba.com/internacional/1368890889_3314.html