El referéndum que nunca ha sido
Mijail Bonito
Santiago de Chile 26-04-2011 - 2:15 am.
En su afán por legitimar los resultados del VI Congreso del PCC, el
castrismo se salta sus propias leyes.
Clausurado el VI Congreso del Partido Comunista con la coronación
oficial de Raúl Castro al mando de "la fuerza dirigente superior de la
sociedad y del Estado", ha pasado casi lo mismo que cuando se anunció
hace unos años que los cubanos tenían derecho a usar celulares. El mundo
desea tanto que Cuba cambie, que cualquier matiz es considerado un
avance descomunal. También puede suceder que un país estatua, incluso
cuando pestañea, simule movimiento. Mucho se ha hablado de la
gerontocracia, de la mediocridad de los cambios, del asilo en el poder
por otros diez años, pero poco se ha señalado de la omisión de las vías
legales realizada por el gobierno y el propio PCC en su toma de decisiones.
Este Congreso del PCC, efectuado con más de una década de tardanza,
debatió los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución. Estos Lineamientos fueron "discutidos" por casi nueve
millones de ciudadanos que según Raúl Castro emitieron más de tres
millones de opiniones. Luego, el propio Castro señaló que: "…en el
conjunto de participantes se incluyen, sin haberse definido con
exactitud, decenas de miles de militantes…, que asistieron tanto a las
reuniones de sus núcleos o comités de base como a las celebradas en los
centros de trabajo o estudio y además en las comunidades donde residen.
Es también el caso de quienes no militan y participaron en sus
colectivos de trabajo y posteriormente en los respectivos barrios". Los
nueve millones se reducen, pues, a una cantidad desconocida, pero
bastante menor a la cifra inicial.
En el afán de legitimar los Lineamientos, Castro afirma que los
resultados del debate constituyen "…una suerte de referéndum popular
respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los cambios que debemos
introducir…".
Pero sucede que una suerte de referéndum no tiene significado, ni
jurídica ni políticamente, por dos razones básicas. Para dar validez
jurídica al documento en términos de ejercicio democrático, es
indispensable someter el documento final, una vez concluido el Congreso
del PCC, a un referéndum real, según la Ley electoral cubana, donde los
ciudadanos en capacidad de votar decidan si aceptan o no los citados
Lineamientos. Esto es indispensable porque los Lineamientos suponen
cambios legislativos que abarcan desde la esfera impositiva hasta la
previsión social, pasando por cambios de primera magnitud en el ámbito
de las relaciones jurídicas laborales. Es la Asamblea Nacional del Poder
Popular la llamada a convocar este proceso.
Desde el punto de vista político, suponer como "una suerte de
referéndum" reuniones de opinión es solo una afirmación demagógica que
invalida la legitimidad de los cambios. A muchos opositores y disidentes
se les atacó verbalmente con frases como "esta discusión es para mejorar
la revolución" y otras del mismo tenor cuando trataban de participar en
las asambleas de sus barrios, y las opiniones que clamaron por cambios
sistémicos como el acceso al poder, el respeto a los DD HH, la
eliminación de las permisos de entrada y salida, la economía de libre
mercado, las elecciones libres y el recambio en la dirección del país,
fueron eliminadas de las actas de las reuniones donde ocurrieron.
Discutir en centros de trabajo, donde se lleva a cabo un proceso de
eliminación de cargos y despido masivo del personal, implica que muy
pocas personas señalen puntos álgidos, so pena de engrosar el listado de
cesantes.
El "centralismo democrático" es el principio de la estructura partidista
que se ha traspolado a la sociedad como forma del ejercicio de la sui
generis democracia cubana. Se traduce en discusiones de base social, que
van informando a esferas superiores hasta que son validadas y se tornan
vinculantes. Esto no es más que un ejercicio basado en la doble moral,
el miedo social imperante y las restricciones propias de un debate
dirigido por el PCC a todo nivel en la sociedad, pasando por alto los
mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes de la república.
Algo así ya se vio con anterioridad en la respuesta gubernamental al
Proyecto Varela, cuando se declaró constitucionalmente el carácter
irrevocable del socialismo, y se trató de legitimar dicho acto con una
discusión popular similar, sin hacer uso del llamado a referéndum.
Cuando se debate en una "suerte de referéndum", se vive en esa "suerte
de democracia".
http://www.diariodecuba.com/opinion/4317-el-referendum-que-nunca-ha-sido
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