2007-08-10.
Carlos Serpa Maceira, Corresponsal en la isla de Misceláneas de Cuba
La Habana, 10 de agosto, de 2007. El 13 de marzo, de 1968, los cubanos
fueron testigos de la "Ofensiva Revolucionaria" como se le denominó a la
intervención por el gobierno de Fidel Castro, de 5 ,560 pequeños negocios.
Mi abuelo paterno, accionista de la Perla del Norte, un negocio de rastras y
camiones que existía en Cárdenas, una ciudad situada en la costa norte de la
provincia de Matanzas, fue afectado por la medida gubernamental.
El 8 de septiembre, de 1993, el Consejo de Estado puso en vigor el Decreto
Ley 141 que autorizaba el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Este
hecho sucedió en momentos que la isla atravesaba por el llamado Periodo
Especial. En ese tiempo se cerraron fábricas, cayó el Producto Interno
Bruto, Cuba fue azotada por la peor crisis económica de su historia.
Cuando se aprueba el Decreto Ley 141, ya habían 43, 632 trabajadores por
cuenta propia en cerca de 75 especialidades, quienes aportaban al
presupuesto de la nación, con 23 millones de pesos. En mayo, de 1994, se
habían otorgado en el archipiélago cubano más de 162 mil licencias, además
de aprobarse nuevas especialidades que alcanzaron la cifra de 150. En
diciembre, de 1995, la cifra de licencias otorgadas alcanzó el récord de
208, 500.
Si bien es cierto que el Decreto Ley 141, despejó el pesimismo y el
descontento, siendo acogido con entusiasmo por los cubanos, en las altas
esferas del Partido Comunista y del gobierno, no vieron con buenos ojos el
Decreto Liberalizador, que en un fragmento del texto rubricado por Fidel
Castro, indicaba que su objetivo era: "ayudar a la reactivación económica
del país.''
Los cuenta-propistas fueron vistos como los nuevos ricos de Cuba. Fue puesto
en vigor un conjunto de medidas que restringían y limitaban la labor
privada. Por ejemplo, los elaboradores de alimentos ligeros, fueron
conminados a comprar la materia prima en las tiendas dolarizadas, y a
mostrar comprobantes y facturas a los inspectores. Fueron elevadas las
cuantías de las mutas, las inspecciones y el decomiso, así como el impuesto,
la prohibición de comercializar productos derivados de la carne, mariscos y
lácteos; realizar la comercialización en la dirección registrada en la
Oficina del carnet de identidad y registro de población del Ministerio del
Interior.
Estadísticas difundidas por el Banco Central de Cuba en el 2001, dan cuenta
que en esa fecha estaban registradas 158, 807 personas como trabajadores por
cuenta propia. En el municipio especial Isla de la Juventud (conocida
antiguamente por Isla de Pinos), al suroeste de La Habana, las autoridades
prohibieron a los particulares la venta de pizzas. Los argumentos esgrimidos
fueron que la materia prima que se utilizaba en la elaboración, era
sustraída de los centros estatales. Actualmente en Nueva Gerona, la capital
municipal de Isla de la Juventud, se confirmó la existencia de cuatro
elaboradores de alimentos ligeros autorizados a vender exclusivamente
refrescos, batidos. Jugos, croquetas.
El gobierno nunca ha entendido que el trabajo privado se convierta en una
alternativa, frente a las relaciones de producción socialista y recurrió a
su desarticulación. Esta política de exterminio implementada a través de la
Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT) y de la Oficina Nacional
de Administración Tributaria (ONAT) ha puesto sobre el tapete la intención
oficial de aplastar el cuentra-propismo.
El trabado privado es una necesidad imperativa en la nación, frente a un
sistema que estimula la intolerancia y la falta de derechos civiles.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=11129
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