El castigo de los tiranos
Mientras que en Miami se prepara una gran fiesta para cuando muera Fidel
Castro, cabe preguntarse si es la muerte un verdadero castigo para éste
u otros tiranos. Castro, pese a que públicamente se denuncian los
atropellos de su régimen a los derechos humanos en Cuba, no ha
enfrentado a ningún tribunal internacional de justicia, tal como sí lo
hicieron --al margen de los desenlaces-- los ya fallecidos Augusto
Pinochet y el presidente serbio Slobodan Milosevic, quien murió en el
2006 en su celda de La Haya, donde esperaba ser juzgado.
La muerte es el único destino común que tenemos todos los seres humanos,
por ello indigna que Castro fallezca en la isla sin haber enfrentado a
la justicia terrenal. Esto último realmente encierra pocos motivos para
celebrar.
Sin embargo, el caso de Castro nos trae a la reflexión la necesidad
imperativa de que los organismos defensores de los derechos humanos, el
Tribunal Internacional de La Haya y el Tribunal Penal Internacional, en
coordinación con las instituciones judiciales nacionales, establezcan un
sistema de normas alternativas y complementarias a las ya existentes
para enjuiciar a los dictadores con justa celeridad.
Además, los gobiernos en ejercicio deberán contar con la voluntad
política necesaria para impedir el borrón y cuenta nueva cuando estos
casos se presenten, aunque es bien sabido que los intereses que rodean
los entuertos políticos siempre dificultan el camino de la justicia.
Tal es el caso del polémico juicio y ejecución de Saddam Hussein, quien
bien pudo ser llevado a juicio en el Tribunal Internacional de La Haya
por genocidio y otros crímenes que se le imputaban, pero su
encausamiento lo siguió un tribunal iraquí, que según la organización
Human Rights Watch no estaba calificado para una tarea tan compleja.
Hay que reconocer que el camino es largo y tortuoso para llevar a juicio
a los dictadores y tiranos, pues los diversos casos difieren a veces
diametralmente en sus resultados. Como el del sanguinario dictador
haitiano Jean Claude Duvalier, quien tras estar asilado en Francia se
salvó de rendir cuentas a la justicia, ya que los tribunales franceses
se negaron a juzgarlo, pues sus delitos fueron cometidos antes de 1994,
o como el etíope Mengistu Haile Mariam, quien fue declarado culpable en
ausencia y podría aplicársele la pena capital.
La justicia internacional debe impedir de una vez por todas que los
dictadores se lleven la impunidad con el último suspiro. Más bien
merecen pagar con el encierro sus delitos, que perjudican a pueblos
enteros, afectan a familias, secuestran la democracia y la libertad,
daños que no desaparecen con la condena a muerte del tirano.
José M. Andreu
Aventura
http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/editorial/letters/16677835.htm
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