Al menos 67 disidentes fueron encarcelados o enjuiciados durante 2008,
asegura una organización opositora
Redacción CE | 15/01/2009
Al menos 67 disidentes fueron encarcelados o enjuiciados por motivos
políticos durante 2008 y 51 de ellos recibieron condenas de entre 2
meses y 5 años de cárcel, dijo el opositor Consejo de Relatores de
Derechos Humanos de Cuba en un informe.
De los condenados, 15 fueron procesados bajo cargos de peligrosidad
social predelictiva, "es decir, sin cometer delito ante las leyes del
propio gobierno cubano", afirmó la organización.
El Consejo, encabezado por el opositor excarcelado Margarito Broche
Espinosa, miembro del Grupo de los 75, dijo haber verificado más de
1.400 arrestos temporales por motivos políticos, que fueron acompañados
de interrogatorios y amenazas. Además, "centenares de arrestos
domiciliarios que se prolongaron hasta dos días y numerosas viviendas
visitadas por oficiales de la Seguridad del Estado".
Según la organización, 71 reos comunes murieron en 21 prisiones.
"Desconocemos lo que ocurre en más de 200 centros carcelarios, pues el
gobierno no sólo oculta la información, sino que persigue y encarcela a
quienes la difunden o revelan", indicó en el informe.
El Consejo recordó que cuatro prisioneros de conciencia enfermos,
integrantes del Grupo de los 75, fueron obligados en febrero a elegir
entre permanecer en la cárcel o exiliarse en España.
Los cuatro viajaron al país europeo, pero otros "9 están en estado
crítico y el gobierno les niega la licencia extrapenal", denunció.
Añadió que 25 periodistas independientes permanecen encarcelados, 4 de
ellos en crítico estado de salud.
En cuanto a la prensa independiente, la organización dijo que verificó
"centenares de actos represivos", "como bloqueo de la internet a los
escasos cubanos que a ella acceden, corte y escucha de llamadas
telefónicas, arrestos, amenazas de cárcel y muerte, limitación de
movimientos, asedio por turbas paramilitares y prohibición de salida del
país, como los casos de Luís Esteban Espinosa Echemendía y Carmelo Díaz
Fernández".
Por otra parte, el grupo criticó la "despiadada represión policial y
judicial", que ha condenado "a centenares de personas humildes por
gestionar su supervivencia, llegando al extremo de sanciones de entre
uno y tres años de cárcel por transportar viandas y alimentos de su
propiedad y producción y en cantidades pequeñas, suficientes sólo para
una familia, como por ejemplo, menos de 60 huevos, un quintal de yuca o
poco más de 20 libras de queso".
Los disidentes se refirieron con esto a la campaña lanzada por el
gobierno contra la venta ilegal de alimentos y otros productos, tras el
paso en septiembre de los huracanes Ike y Gustav, que dejaron pérdidas
de más de 10.000 millones de dólares, según datos oficiales.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos denunció asimismo que el
gobierno ha intentado desmantelar su centro de información. "Fuimos
expulsados el 1 de noviembre de la vivienda que hacía de oficina desde
hacía 16 meses, como resultado de las presiones de la Seguridad del
Estado sobre la dueña. Ahora nos cortan totalmente hasta por semanas la
línea telefónica de la nueva vivienda, correspondiente al número 7 649
96 63, y acosan sin cesar a su propietario, el ciego Sergio Díaz
Larrastegui, a quien la Seguridad del Estado expulsó de su centro de
trabajo" el 9 de enero, afirmó la organización.
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