En Cuba, desventuras al intentar derrocar un régimen
Por EL COMITÉ EDITORIALNOV. 9, 2014
En 1996, motivados por un apetito de venganza, legisladores
estadounidenses aprobaron un proyecto de ley promulgando una estrategia
para derrocar el Gobierno de La Habana y "asistir al pueblo cubano a
recobrar su libertad". La Ley Helms-Burton, aprobada por el Presidente
Clinton, semanas después de que Cuba derribó dos avionetas civiles
estadounidenses, ha servido como fundamento para que el Gobierno
norteamericano gastara $264 millones de dólares, durante los últimos 18
años, en un intento por instigar reformas democráticas en la isla.
Lejos de haber logrado su objetivo, las iniciativas han resultado
bastante contraproducentes. Los fondos han sido un imán para
charlatanes, ladrones y buenas pero infructuosas intenciones. Los
sigilosos programas han agravado la hostilidad entre las dos naciones,
le han dado a Cuba una bonanza propagandística y han bloqueado
oportunidades de cooperar en áreas de interés mutuo.
Estados Unidos debe hacer un esfuerzo por promover mayores libertades
personales en la isla poblada por 11 millones de habitantes y
flexibilizar la rigidez de uno de los gobiernos más opresivos del mundo.
Pero tiene que hacerlo mediante una estrategia nueva, producto de la
lección de dos décadas de esfuerzos fallidos por desestabilizar el
régimen de los Castro.
Durante los últimos años de la administración Clinton, Estados Unidos
gastó relativamente poco en programas para promover reformas
democráticas en Cuba bajo Helms Burton. Eso cambió cuando George W. Bush
llegó al poder en 2001, con el ambicioso objetivo de liberar pueblos
reprimidos en todo el mundo. La Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, USAID, por su sigla en inglés, mejor conocida
por su labor humanitaria que por misiones furtivas, se convirtió en el
principal vehículo para implementar proyectos de reforma democrática en
Cuba, donde es ilegal.
La inversión en iniciativas para derribar el gobierno aumentó de unos
cuantos millones anualmente, a más de $20 millones de dólares en 2004
durante los primeros años de la administración Bush. La mayoría de
contratos se otorgaron sin mayores controles a grupos de
cubanoamericanos. Uno invirtió el dinero en una estrategia de lobby
internacional, de cuestionable legalidad, para persuadir a gobiernos
extranjeros a que apoyaran el impopular embargo que Estados Unidos
impone sobre la isla. Otro envió montones de revistas de historietas
cómicas a la misión diplomática estadounidense en Cuba, desconcertando a
sus funcionarios. El dinero también se utilizó para comprar ropa y
comida, pero nunca fue posible verificar cuánto llegó a manos de los
familiares de presos políticos, como se tenía previsto.
Según un informe publicado en noviembre de 2006 por la Oficina de
Rendición de Cuentas, GAO, por su sigla en inglés, un contratista usó
los fondos de programas pro democracia para comprar una motosierra de
gas, equipos electrónicos, entre ellos Nintendo Game Boys y Sony Play
Stations, una bicicleta montañera, abrigos de cuero, carne de cangrejo,
y chocolates Godiva. Al momento de hacer una auditoría, los gastos no
fueron justificados.
Adolfo A. Franco, el entonces director de la oficina de América Latina
de la agencia de ayuda internacional, defendió los programas durante un
discurso en la Universidad de Miami, en abril de 2007, afirmando que
estaban contribuyendo al gradual fortalecimiento de la oposición
política en Cuba. Argumentó que la agencia debía seguir asumiendo
"riesgos calculados", aunque en el Congreso, varios legisladores dudaban
de que los esfuerzos estuvieran dando fruto. "Terminar este régimen es
una obligación solemne", declaró Franco, quien es de origen cubanoamericano.
La investigación de la GAO llevó a que la agencia otorgara un mayor
porcentaje de los fondos a organizaciones de desarrollo establecidas,
incluidas algunas que propusieron iniciativas ambiciosas. En 2008, el
Congreso autorizó $45 millones de dólares para los proyectos, una cifra
récord.
Un gran proyecto que comenzó durante la administración Bush para
expandir el acceso a Internet en Cuba tuvo repercusiones nefastas para
el Gobierno de Obama. Una funcionaria de relativo alto rango del
Departamento de Estado visitó La Habana en septiembre de 2009,
procurando restablecer el servicio postal y cooperar en asuntos
migratorios. La visita representó el contacto a más alto nivel con el
Gobierno cubano en varios años.
En diciembre, las autoridades en Cuba detuvieron a un subcontratista
estadounidense que viajó a la isla cinco veces como parte de una
iniciativa de USAID, fingiendo ser turista, para contrabandear equipo de
comunicación que no es permitido en la isla.
En ese entonces, varios funcionarios de USAID y el Departamento de
Estado no estaban al tanto de la envergadura y naturaleza de algunos de
los proyectos encubiertos. Sin embargo, los cubanos, furiosos tras
percibir que Washington tenía una política engañosa de dos fases,
asumieron una posición rígida frente al prisionero estadounidense, Alan
Gross, quien ha sido condenado a 15 años de prisión.
Funcionarios de USAID y el Departamento de Estado quedaron asombrados al
caer en cuenta del tipo de riesgos que se estaban tomando, y algunos
argumentaron que era hora de suspender los programas encubiertos,
llamándolos contraproducentes. Sin embargo, legisladores
cubanoamericanos se resistieron enérgicamente para asegurarse de que
siguieran en marcha.
Después del arresto de Gross, la agencia de asistencia no volvió a
enviar contratistas estadounidenses a Cuba, pero permitió que las
misiones las desempeñaran latinoamericanos, que algunas veces fueron
detectados por el servicio de inteligencia cubano.
Una investigación de Associated Press reveló un controvertido programa
que se llevó a cabo durante el mandato de Obama. De 2009 a 2012,
Creative Associates International, una firma con sede en Washington,
desarrolló un sistema de mensajes de texto rudimentario, similar a
Twitter, conocido como ZunZuneo. El objetivo del proyecto era proveer
una plataforma para que los cubanos pudieran difundir mensajes a una
audiencia masiva, un mecanismo que finalmente pudiera haber sido usado
para organizar multitudes.
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El programa fue abolido en 2012. El contratista estaba pagando miles de
dólares a la empresa estatal de telecomunicación, y no hubo manera de
convertirlo en un proyecto autosuficiente. AP reveló en agosto que USAID
estaba enviando a jóvenes latinoamericanos a identificar personas que
pudieran ser "agentes de cambio social", bajo el pretexto de organizar
eventos, entre ellos un seminario sobre el virus VIH. Los contratistas,
bajo el mando de Creative Associates International, recibieron un poco
de entrenamiento para evadir a agentes de inteligencia, y recibieron
$5.41 dólares por hora, por una labor que, fácilmente, hubiera podido
llevar a que terminaran en la cárcel.
El dinero estadounidense ha proveído comida y alivio a familiares de
presos políticos, y ha generado una red limitada de Internet satelital.
Pero ha estigmatizado, más que fortalecido, a la comunidad de disidentes.
En lugar de proyectos encubiertos para derrocar el gobierno, los líderes
estadounidenses deben encontrar mecanismos para empoderar al cubano
común y corriente, expandiendo oportunidades de estudios en el exterior,
organizando más enlaces profesionales, e invirtiendo en las nuevas
microempresas en la isla. Es positivo que sigan promoviendo mayor
conectividad a Internet, pero deben entender que lograr ese objetivo de
manera sustancial exige coordinación con el Gobierno cubano. Más
importante aún, Washington tiene que reconocer que a lo único que puede
aspirar, es a influir de manera positiva en la evolución de Cuba hacia
una sociedad más abierta. Para eso, es más productivo lograr un
acercamiento diplomático, que insistir en métodos artificiosos.
Source: En Cuba, desventuras al intentar derrocar un régimen -
NYTimes.com -
http://www.nytimes.com/2014/11/10/opinion/en-cuba-desventuras-al-intentar-derrocar-un-rgimen.html
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