Cambio de forma y nueva dinámica

RELACIONES CUBA-UE

Cambio de forma y nueva dinámica
DIMAS CASTELLANOS | La Habana | 14 Feb 2014 - 10:34 am.

Si La Habana acepta la invitación a dialogar de la Union Europea, tendrá
que ratificar los pactos de derechos humanos y suspender las represión
por motivos políticos.

En una declaración publicada el martes 11 de febrero, Rogelio Sierra
Díaz, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, informó que el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE)
autorizó a la Comisión Europea y a la Alta Representante para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, a iniciar
negociaciones sobre la disposición de un Acuerdo de Diálogo Político y
de Cooperación con la República de Cuba y agregó que "Cuba considerará
la invitación formulada por la parte europea, de manera respetuosa,
constructiva y apegada a su soberanía e intereses nacionales".

Se trata del posible inicio de negociaciones para un diálogo político
bilateral y un Acuerdo de Cooperación en dependencia de que las
autoridades cubanas acepten la invitación. Al respecto, Catherine Ashton
expresó: "Espero que Cuba apruebe esta propuesta y podamos pronto
trabajar en pos de una relación más firme", pero dijo que "la decisión
no constituye un cambio político respecto al pasado"; lo que puede
interpretarse como un cambio de forma, no de contenido. Por su parte, el
embajador de la UE en Cuba dijo que "la política es la misma pero hay
una nueva dinámica", y calificó la decisión como un "gran paso
adelante", pues el posible acuerdo "formalizaría la cooperación a todos
los niveles sobre una base jurídica y política más firme".

Las transiciones hacia la democracia dependen tanto de los factores
internos como de los externos. En dependencia de la mayor o menor fuerza
de los primeros, los segundos asumen un mayor o menor protagonismo, que
es precisamente el caso de Cuba, como se puede apreciar si miramos por
el retrovisor.

La revolución que tomó el poder en 1959, convertida en fuente de
derecho, se enrumbó hacia el totalitarismo. La Constitución de 1940 fue
sustituida de facto por La Ley Fundamental del Estado Cubano, con la
cual el Primer Ministro designado asumió las facultades de Jefe de
Gobierno y el recién creado Consejo de Ministros se adjudicó las
funciones del Congreso. A partir de entonces se procedió a concentrar el
poder en manos del líder, la propiedad en manos del Estado, a desmontar
la sociedad civil y a restringir las libertades ciudadanas y los
derechos humanos, por lo que los cubanos, desarmados de instrumentos y
espacios cívicos, perdieron la condición de ciudadanos.

En ese contexto, los países de la entonces Comunidad Europea, que
mantenían relaciones bilaterales con Cuba, establecieron en 1996 la
Posición Común con el objetivo de "alentar un proceso de transición a
una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, así como una recuperación sostenible y la
mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano". Esa decisión, que
de hecho constituyó un apoyo moral a la oposición dentro de la Isla,
agudizó las contradicciones entre la UE y La Habana. Posteriormente, en
el año 2002, cuando se instaló la delegación de la Comisión Europea en
La Habana y se recibió con beneplácito la solicitud de Cuba para
incorporarse al Acuerdo de Cotonú[1], se abrió una nueva etapa en las
relaciones bilaterales. Sin embargo, en el año 2003, el encarcelamiento
de 75 opositores pacíficos y el fusilamiento de tres jóvenes que
intentaron capturar una lancha para escapar del país, llevó al Consejo
de la UE[2] a reafirmar la vigencia y validez de la Posición Común.

En el año 2008, cuando los huracanes que azotaron el país profundizaron
la crisis interna, el Gobierno firmó el restablecimiento de las
relaciones con la UE y se acordó reiniciar el diálogo político. El
Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, y el Ministro de
Relaciones Exteriores de Cuba, firmaron una declaración dando a conocer
la decisión, mientras el gobierno de España se empleaba a fondo para que
la Posición Común fuera derogada. Sin embargo, en 2010, precisamente
cuando España ocupaba la presidencia de la UE, dos sucesos echaron por
tierra ese propósito: Cuba prohibió la entrada al eurodiputado español
Luis Yáñez y al mes siguiente murió en una prolongada huelga de hambre
el prisionero político Orlando Zapata Tamayo.

Si ahora el gobierno cubano aceptara la invitación de la UE, tendría que
aceptar el diálogo sobre el tema de los derechos humanos y proceder al
restablecimiento de lo que nunca debió ser barrido. Lo interesante es
que no estamos en las mismas condiciones de aquel año, cuando el
entonces ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, al
referirse a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, declaró: "Si la
UE se apartara de la votación estéril que genera enfrentamiento, Cuba
estaría dispuesta a sentarse con la UE a acordar un programa". Y Que
Cuba "se sentiría en la deuda moral de acompañar la decisión europea.
Firmaría el pacto de derechos económicos, sociales y culturales al día
siguiente, diciendo que hemos empezado una nueva etapa en nuestras
relaciones".

De producirse la negociación, a juzgar por las palabras de Catherine
Ashton, los países de la UE tendrían que poner sobre la mesa la
siguiente exigencia:

Acoplar las leyes cubanas con la Carta de las Naciones Unidas y con
todos los instrumentos de derecho internacional, como la Carta Universal
de Derechos Humanos, que en su artículo 30 reza: "Nada en esta
Declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración". Un enunciado que para Cuba tiene un significado especial,
pues fue una de las naciones promotoras y firmantes de tan importante
documento. Y también ratificar los pactos de derechos humanos, firmados
desde el año 2008, que constituyen la base de la dignidad de la persona
y garantía de que los cambios proyectados tengan un efecto positivo para
la sociedad cubana.

Sobre esa primera exigencia, el Gobierno de Cuba tendría que suspender
las represiones y el encarcelamiento por motivos políticos; los países
de la UE podrían fomentar los intercambios con la sociedad civil para
que los cubanos emerjan gradualmente de la marginalidad política y
recuperen la condición de ciudadanos, todo lo cual coadyuvaría al
fomento de la soberanía popular para que los cubanos puedan ser
protagonistas de su historia y su destino.

A lo anterior se uniría el reclamo para que el Código de Trabajo —que
será promulgado próximamente— recoja el derecho a la libre
sindicalización y a la contratación libre de la mano de obra, dos
aspectos contenidos en la Legislación Laboral de 1938 y en la
Constitución de 1940; así como para que la nueva Ley de Inversiones
incluya a los nacionales, pues los proyectos para los que se está
invitando a los inversionistas extranjeros serán de utilidad sólo en la
medida en que los cubanos se conviertan en sujetos de los cambios con
derechos reconocidos. El caso particular del proyecto Zona Especial de
Desarrollo Mariel podría ser de enorme utilidad para la economía cubana
a condición de la democratización del país. Lo demás sería, de facto,
fortalecer el actual modelo y condenar a los cubanos a permanecer en la
marginalidad cívica, política y económica.

[1] Relaciones de cooperación entre la UE y los países de África, Caribe
y Pacífico, de carácter vinculante. El inciso 2 del artículo 9 reza: Las
partes se comprometen a promover y proteger todas las libertades
fundamentales y todos los derechos humanos, ya se trate de derechos
civiles y políticos o económicos.

[2] Nombre que recibe la cumbre de jefes de Estado o de gobierno de los
países miembros de la Comunidad Europea, la cual se reúne regularmente
por lo menos cada seis meses.

Source: Cambio de forma y nueva dinámica | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1392370455_7143.html