amenazados
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunciaron hoy el intenso
acoso que en 2011 sufrieron muchos de los defensores de los derechos
humanos, incluidos en algunos países de Latinoamérica.
En su informe anual, dado a conocer hoy, indicaron que 'las revoluciones
durante 2011 en el mundo árabe recuerdan a la comunidad internacional la
urgencia de colocar los derechos humanos en su agenda política', al
tiempo que reclamaron mayor atención 'a los gritos de alerta lanzados
por los defensores de los derechos humanos en el mundo, sin admitir
compromisos ante el acoso que sufren'.
En el documento de más de 600 páginas se detallan las situaciones de
esos activistas en favor de los derechos humanos en 70 países,
independientemente de que militen en organizaciones de la sociedad
civil, sean periodistas, sindicalistas, abogados 'o simples ciudadanos
'indignados' por la injusticia, la arbitrariedad o el horror'.
La presidenta de la FIDH, la tunecina Souhayr Belhassen, dijo que esos
activistas 'están más amenazados que nunca' y apuntó a que 'la violencia
sigue en Siria, Libia o Yemen. En África, en Oriente Medio, en Europa,
en América o en Asia, son hostigados, encarcelados y a veces torturados'.
El documento, prologado por el filósofo francés Stéphane Hessel y la
líder opositora birmana y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi,
señala que en América Latina, África y muchos países de Asia, los
defensores de derechos humanos 'han sido víctimas de ataques y
hostigamiento, y han sufrido otro tipo de amenazas, que con frecuencia
han quedado impunes'.
Esas situaciones, agregan, afectan en especial a los defensores de
comunidades vulnerables o marginadas, como pueblos indígenas que
defienden sus derechos sobre la tierra o sus recursos naturales.
'En América Latina, por ejemplo, los líderes de movimientos de
campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes son constantemente
víctimas de ataques, especialmente tras protestar pacíficamente contra
varios proyectos de explotación de recursos naturales en sus
territorios', dice el documento.
Citan casos de ese tipo en Guatemala, Ecuador o Perú, en esa región,
similares a otros registrados en países asiáticos, tales como Camboya,
India o Malasia.
El documento apunta a que en materia de lucha contra la impunidad, en
Latinoamérica 'varios países tuvieron posiciones ambiguas', persistiendo
los obstáculos para modificar las leyes de amnistías generales que
impiden investigar las graves violaciones a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad cometidos por los distintos Gobiernos
dictatoriales o durante los conflictos internos.
Entre ellos se menciona a Brasil, 'cuyo Tribunal Superior de Justicia se
negó en 2010 a modificar la Ley de Amnistía vigente desde 1979' y a
Uruguay, donde también fracasó un nuevo proyecto que buscaba anular la
llamada 'Ley de Caducidad' de 1986, que impide investigar a los
responsables de los abusos cometidos durante el último gobierno militar
(1973-1985).
Igualmente denunciaron que en 2010 y 2011 'hubo nuevos intentos de
amnistiar violaciones de derechos humanos' en Chile y Perú, al tiempo
que resalta avances significativos en Argentina, Chile, Guatemala,
Ecuador, El Salvador, Honduras o Bolivia.
Otra de las denuncias que afecta a la región es la referida a la
'criminalización de la protesta social pacífica y la detención
arbitraria de manifestantes (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
Paraguay, Venezuela)'.
También dice el documento que se discrimina abiertamente en la región a
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 'y
muchas veces son violentamente atacados (Bolivia, Colombia, El Salvador,
Honduras, México, Perú), pese a algunos avances legislativos en
Argentina, Brasil, El Salvador y México'.
La situación de las mujeres también es tenida en cuenta por estas
organizaciones que apuntan a que siguen siendo víctimas de ataques
constantes, al tiempo que los feminicidios siguieron 'ocurriendo
impunemente'.
Continuaron así, denuncian, los casos de feminicidio en México y
Guatemala, al tiempo que se 'han ido expandiendo por la región' y citan
el caso de Panamá en 2010, donde hubo '72 asesinatos contra mujeres, 51
de ellos considerados feminicidios y hasta abril de 2011 hubo otros 19
asesinatos contra mujeres, 13 de ellos' de esa categoría.
Respecto a Cuba, el informe indica que en 2010 el Gobierno de ese país
aceptó liberar a algunos presos políticos entre los cuales se cuenta a
defensores de derechos humanos en prisión desde 2003.
'Sin embargo, en 2010 y 2011 continuó el hostigamiento de bajo perfil
contra las organizaciones de derechos humanos, así como los obstáculos a
la libertad de reunión y la represión policial de las manifestaciones
pacíficas en las cuales participan defensores de derechos humanos',
agrega el documento.
También denunciaron las situaciones de activistas encarcelados 'por
vagas acusaciones' en China, Irán o Siria, mientras que en Turquía,
algunos fueron juzgados en el marco de operaciones antiterroristas y
permanecieron detenidos durante largos periodos a la espera de la
celebración de los juicios correspondientes.
Además, en 2010 y 2011, hubo 'asesinatos de defensores de derechos
humanos en Burundi, Colombia, Filipinas, Honduras, México, la República
Democrática del Congo (RDC) y Uganda, por mencionar algunos casos', dice
el documento.
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