Monday, May 23, 2011 | Por Héctor Maseda
LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) – Las autoridades cubanas me
informaron el viernes 14 del corriente, haberme retenido y confiscado
los haberes privados que poseía, desde hace varios años, bajo un
riguroso contrato con una filial cubana de la agencia canadiense
Transcard, dedicada a realizar operaciones bancarias en el país.
De acuerdo con los términos del contrato acordado entre la referida
entidad financiera y yo, esa sucursal se comprometía a garantizar el
monto de mi cuenta, incorporar a la misma los intereses anuales
acumulados y observar absoluta discreción, tanto en lo referente a los
movimientos bancarios realizados por sus clientes como en sus relaciones
con estos ante terceros, gubernamentales o no.
Con el transcurso de los años, Transcard dejó encargada de sus
operaciones, debido a decisiones entre ella y el Estado cubano, a otra
entidad similar cubana, conocida por Fincimex, una empresa gubernamental
nacional que, según informes no oficiales, es una sucursal de la mega
corporación CIMEX, creada por el gobierno de los hermanos Castro.
Esta última seguramente debió asumir los compromisos financieros que
tenía su antecesora.
No fue hasta el viernes mencionado que pude presentarme ante los
funcionarios de la entidad heredera de Transcard, para reclamar que me
actualizaran sobre el estado de mi cuenta y me la liquidaran, con los
intereses acumulados durante los ocho años transcurridos, cuyo monto
total ascendía a 130 dólares 60 centavos ($130.60).
Fui atendido cortésmente por una empleada, quien me sugirió mantuviera
el contrato. Con la misma cortesía decliné su oferta e insistí en que
me fuera liquidada la cuenta en esos momentos. Entonces comenzaron las
consultas bidireccionales, sin ningún resultado y un rebote casi
deportivo entre los funcionarios de Fincimex. Transcurrió una hora y
media sin que se aclarar el asunto y, como yo tenía esa misma mañana
otro compromiso ineludible que debía cumplimentar, les informé que debía
retirarme, aclarándoles que más tarde regresaría para concluir lo
iniciado. Así lo hice.
Me recibió en esta ocasión un alto funcionario y me planteó que tenía
instrucciones precisas de la fiscalía -provincial o de la República-
de retener el saldo de mi cuenta. Ignoraba las razones de tales medidas
y me sugirió que, si abrigaba alguna duda al respecto, me dirigiera a
ese organismo encargado del cumplimiento de la legalidad en la
nación. Reprimiendo mi enojo, lo escuché con toda la parsimonia que me
exigía la situación. Al concluir su intervención, le respondí:
-Yo no tengo nada que ver con la fiscalía provincial o de la República.
Tampoco con la empresa que Ud. representa, pero como son Uds. los que en
Cuba están a cargo de los intereses, compromisos y obligaciones
adquiridos con anterioridad por Transcard, estoy precisado a tratar
estos temas con ustedes. Quiero dejar constancia que no tengo que, ni
quiero, ventilar esta situación financiera con la fiscalía, pues es un
asunto que debe ser tratado entre la entidad canadiense y ustedes, y
resolverse favorablemente para el cliente. Desconozco quien es el
culpable de este enredo. Por mi parte le informo que me comunicaré a la
mayor brevedad con la casa matriz de Transcard en Canadá, para exigirle
solucione el asunto con ustedes y, en caso contrario, demandaré a
Transcard por violar las cláusulas del contrato, así como por daños y
perjuicios durante varios años en que no pude disponer de mi dinero, a
pesar de que mi esposa vino en dos ocasiones a verlos a ustedes, a
petición mía, para operar mi cuenta, con un poder hecho por mí,
legalizado en un bufete estatal. Ustedes se negaron a ello,
argumentándole que aunque yo estuviera veinte años en prisión mi dinero
se respetaría, pero tenía que ser yo en persona quien lo reclamara.
Seguí las indicaciones que le transmitieron a mi esposa en el año 2005 y
por esa razón estoy hoy aquí, ante usted.
También le exigí al alto funcionario le transmitiera a la persona de la
fiscalía que le ofreció las "nuevas orientaciones" cuáles serían mis
próximos pasos y le garanticé que, de no resolverse la situación a mi
favor, como lo reclaman los términos del contrato y mis derechos, el
escándalo será mayúsculo.
Debo señalar que no es esta la primera vez en que se cometen
arbitrariedades con algunos de los doce prisioneros de la Primavera
Negra que decidimos quedarnos en Cuba, desde que se produjo nuestra
excarcelación en febrero de este año. La primera tuvo lugar cuando
varios de nosotros fuimos a solicitar se nos extendiera un duplicado del
carné de identidad pues el anterior nos fue ocupado por la policía
política cuando fuimos detenidos en marzo de 2003. En mi caso surgieron
dificultades debido a datos alterados en mi dirección particular, a
pesar de que la policía política me arrestó en la misma dirección en la
que resido hace más de 14 años; información que ellos dominan
perfectamente. Ese error fue cometido por las autoridades carcelarias, y
para solucionarlo tuvo que intervenir la alta oficialidad del
Departamento de Seguridad del Estado (DSE), que controlaba mi caso y el
de mis hermanos de causa.
La segunda ocurrió -y aún está pendiente de solución- cuando fui a la
Sección de Tránsito a renovar mi licencia de conducción. Se había
vencido desde el año 2005. Me exigieron realizara sendos exámenes
teórico y práctico y, si los aprobaba, entonces se me entregaría el
nuevo permiso de conducción. Estuve en prisión entre los años 2003-2011.
Es decir, mi permiso de conducción estaba vigente cuando fui privado de
mi libertad. Jamás, durante ese período, estuve fuera de una institución
penitenciaria, razón por la cual me resultó imposible renovar el
documento antes de su vencimiento. No fue mi culpa la no actualización
del mismo en tiempo y forma. El derecho y las leyes me asisten.
Me negué a realizar las pruebas, pues el incumplimiento no era imputable
a mí sino a las autoridades penitenciarias. Cuando el ex Presidente de
Estados Unidos, James Carter, visitó Cuba, nos recibió a los doce
prisioneros de la Primavera Negra que nos quedamos en el país en un
encuentro privado que tuvo lugar la mañana del 30 de marzo. En el mismo
se trataron varios temas de interés.
Aprovechamos la oportunidad para plantearle los problemas que se nos
presentaban en la obtención de documentos oficiales y los obstáculos
que nos imponían las autoridades cubanas para su obtención. Quedó el Sr.
Carter en planteárselo al general Raúl Castro en un contacto que
tendrían ambos ese mismo día. Así lo hizo y en la conferencia de prensa
que posteriormente ofreció aclaró que se lo comunicó al militar cubano,
y éste se comprometió a informarse y solucionarlo.
Al menos yo, todavía espero sentado la solución del caso.
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