1. La Posición Común adoptada por la Unión Europea en 1996 es objeto de
viva discusión en diversos círculos. Al interior de Nuevo País, tal y
como sucede en otros ámbitos, el contraste de argumentos a favor o en
contra de su mantenimiento es también evidente.
2. El asunto clave acerca de la Posición Común parece ser el de su
eficacia para lograr la democratización de Cuba.
3. Para un grupo de ciudadanos esta Posición Común debe ser eliminada
porque 14 años después no ha logrado influir en los cambios internos.
Coinciden en esto con la posición del gobierno español que trata de
sustituirla defendiendo el mismo argumento, lo que choca con la
reticencia de algunos gobiernos en el seno de la Unión Europea, que no
encuentran motivos significativos para un cambio de posición.
4. Para este grupo de ciudadanos se debe sustituir esta Posición Común
por una Política Común de la Unión Europea. La diferencia entre una y
otra es que la Posición Común solo se posiciona en relación con el
asunto de los derechos humanos y la democracia en Cuba, pero no es
proactiva tal y como se podría desprender de una Política Común.
5. Para estos ciudadanos la base de esta Política Común debería ser un
diálogo concreto con todos los sectores de la sociedad cubana, una
cooperación integrada con toda la sociedad (tanto con el gobierno como
con la sociedad civil) y un reconocimiento de nivel a todos los actores
políticos cubanos.
6. Dentro de este grupo hay un apoyo estratégico a la posición española
actual, pero una visión crítica respecto de su puesta en escena. De
acuerdos con el diálogo, son críticos con lo que perciben como una falta
de fineza de la política de "diálogo constructivo" implementada desde el
2005, y también como una pérdida de coherencia en los propósitos
declarados de esta política. Su desmedida apuesta por el gobierno,
independientemente de su clara y creciente pérdida de legitimidad y
credibilidad; su desconocimiento de los actores democráticos, quienes
solo son vistos como objetos del derecho humanitario internacional y no
como sujetos de derechos humanos; y su explotación mediática de gestos
humanitarios simbólicos, que no guardan relación con un plan estratégico
de cambios, parecen colocar a España como la valedora internacional de
un aggiornamento suficiente para una dictadura agotada, más que como una
nación que juega coherentemente desde la diplomacia de compromisos con
determinados valores, que es propia de las democracias maduras. No se
entiende, para este grupo, qué se quiere decir con sustituir la Posición
Común por acuerdos bilaterales de cada gobierno de la Unión Europea con
el gobierno cubano. ¿Está proponiendo España una excepción regresiva a
la Política Exterior Común de la Unión Europea, justamente cuando esta
adquiere una nueva cualidad y da un nuevo paso hacia una política cada
vez más común?
7. Para otro grupo de ciudadanos que participan dentro de Nuevo País, la
Posición Común debe ser mantenida.
8. Para este grupo, mayoritario, el valor de la Posición Común no debe
ser solo de eficacia, sino también de tipo simbólico. Entiende que un
mensaje claro de compromiso, solidaridad y apoyo simbólicos es también
eficaz. Este mensaje le dice claramente al gobierno cubano que sus actos
violatorios de los derechos humanos y su negativa a implementar reformas
democráticas son asuntos intolerables y mal vistos por la comunidad
internacional.
9. Este segundo grupo es fuertemente crítico de la posición española. Y
si bien cree que el diálogo es correcto ― este grupo no ve
contradicción entre diálogo y Posición Común―, no cree que el diálogo
actual pueda producir cambios fundamentales dentro de Cuba. El diálogo
con la Iglesia Católica indica exactamente que este no tendrá
consecuencias políticas. Considera por tanto que la apuesta por el
diálogo corporativo entre intereses creados se puede convertir en ese
margen de maniobrabilidad con las expectativas ajenas que todas las
dictaduras necesitan para perdurar.
10. Una pregunta clave de este segundo grupo tiene que ver con los
actores estratégicos y estructurales que se están fortaleciendo y
avalando internacionalmente para el futuro de Cuba. El gobierno español
puede estar dialogando con actores agotados, pero con poder, y no con
actores emergentes que carecen de poder pero gozan de creciente
legitimidad; en lo que podría estar constituyendo una
latinoamericanización de su política exterior hacia Cuba, alejada de la
diplomacia de compromisos con valores que caracteriza a las democracias
consolidadas.
11. Este grupo coincide con el otro grupo de ciudadanos en el
reconocimiento a España por su fuerte implicación en la excarcelación de
los prisioneros políticos y de conciencia. Considera, sin embargo, que
el destierro al que han sido prácticamente inducidos es resultado de la
precipitación española por mostrar resultados suficientes dentro de una
política que, no obstante, no capta el nuevo contexto estratégico para
fortalecer la democratización de la isla. Más comprensible con la
tradición de la Iglesia Católica cubana, que no sabe manejarse bien con
la pluralidad política, cultural y civil, este segundo grupo de
ciudadanos no comprende bien cómo España desaprovecha la oportunidad
para reconocer y elevar la interlocución de los actores democráticos que
dentro de Cuba propiciaron primordialmente la movida del gobierno con
los presos. El momento menos favorable para que el gobierno se negara a
este tipo de reconocimiento estratégico. El costo ha sido el
encarcelamiento de 8 activistas pro democracia.
12. Este grupo cree, asimismo, que la eficacia simbólica de la Posición
Común debe ser sacrificada ante su ineficacia concreta, si y solo si es
sustituida por una política eficaz de desbordamiento que exija al
gobierno cubano el respeto a sus compromisos internacionales en materia
de derechos humanos; que sustituya la presión por un diálogo y
cooperación abiertos con todos los actores de la sociedad cubana; que
considere la legitimidad del gobierno y de la sociedad civil tomando
como criterio, no solo la ley internacional, sino básicamente la
legislación vigente en Cuba; y que otorgue reconocimiento simbólico de
nivel tanto al gobierno como a la sociedad civil.
13. Ambos grupos de ciudadanos tienen consenso sin embargo en dos
puntos: la necesidad de que las autoridades ratifiquen los Pactos de
Derechos Civiles y Políticos; Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas firmados en febrero de 2008; y la necesidad de que el
gobierno sea valorado por su respeto íntegro de la legislación vigente,
y por su disposición práctica para descriminalizar, como paso previo a
su despenalización, el ejercicio de los derechos ciudadanos.
14. Ambos grupos piden, finalmente, el apoyo de la Unión Europea, en su
próxima reunión de septiembre en torno a Cuba, a las iniciativas
ciudadanas que ha emprendido el proyecto Nuevo País en las dos
direcciones esbozadas en el punto anterior.
Coordinación Nacional
Nuevo País
http://www.miscelaneasdecuba.net/media/Word1/EstadodelaNacionI.doc
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