Sábado 05 de Junio de 2010 09:42 DDC
Ocho líderes de partidos y grupos opositores de diversas tendencias
pidieron la renuncia de Raúl Castro por su "falta de liderazgo",
"ausencia de sentido estratégico" e "incompetencia manifiesta", lo que
constituye "un clarísimo peligro de seguridad nacional".
"Habría que caminar profundamente en la historia cubana para
encontrarnos una combinación de circunstancias que reflejen, como ahora,
una matriz destructiva casi sin precedentes. La seguridad ciudadana, la
seguridad alimentaria y la seguridad societal están en quiebra", dijeron
los disidentes en un documento.
La petición está firmada por Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido
Arco Progresista; Fernando Sánchez López, presidente del Partido
Solidaridad Democrática; Fernando Edgardo Palacios, del Partido Liberal
Nacional Cubano y Raúl Borges Álvarez, del Partido por la Unidad
Democrática Cristiana.
También aparecen los nombres de Juan A. Madrazo Luna, coordinador del
Comité Ciudadanos por la Integración Racial; Eleanor Calvo Martínez, del
Observatorio Ciudadano contra la Discriminación; Leonardo Calvo
Cárdenas, de Arco Progresista; y Yusnaimy Jorge Soca, del Centro de
Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas.
"Qué le queda por hacer a las actuales autoridades? Solo una cosa:
renunciar", agrega el documento enviado a DIARIO DE CUBA.
"La elite que ha gobernado ininterrumpidamente por más de medio siglo
debe mirarse solo así misma, y asumir todas las consecuencias con
madurez. Retirarse del gobierno abre la mejor oportunidad para esa
autorreflexión serena", apunta.
Reparan en que "si existe una situación mundial realmente inédita es la
de Cuba", pues "el país se pierde. Su gente está frustrada y molesta. Se
ha perdido el rumbo. Hay muchos capitanes de ejército, pero ningún
capitán para el barco de la nación".
"Un país sin sal, sin arroz, sin azúcar, sin dinero, sin valores,
atrapado por la corrupción de Estado, y en el que se legitima el
ejercicio de la violencia extralegal, está simplemente roto", dice el
documento.
Los firmantes opinan que el gobierno "no tiene legitimidad en su propio
agotamiento histórico" y que "los ciudadanos le temen, pero ya no le
quieren", por lo que consideran que la Iglesia Católica "puede ser
garante fiable de ese proceso (de cambio político) con honorabilidad y
en reconciliación; desplegando su capacidad mediadora entre el cuerpo
legislativo del Estado, los ciudadanos y la sociedad civil".
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