Eventos de 2009
El cambio en la titularidad del gobierno producido en 2006 -cuando Fidel
Castro transfirió el control a su hermano Raúl- ha tenido un impacto muy
limitado en la deficiente situación de los derechos humanos en Cuba.
Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi
todas las formas de disenso político. El gobierno continúa imponiendo el
consenso político a través de procesos penales, detenciones breves y a
largo plazo, hostigamiento, denegación de empleo y restricciones de viaje.
Raúl Castro ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e
institucionales represivas de Cuba. Si bien la ley cubana incluye
declaraciones amplias que reconocen los derechos fundamentales, también
concede a los funcionarios una extraordinaria discreción para penalizar
a las personas que intentan ejercerlos. El artículo 62 de la
Constitución prohíbe expresamente a los cubanos ejercer sus derechos
básicos cuando son contrarios a los "fines del Estado socialista".
Presos políticos, detenciones arbitrarias y "peligrosidad"
Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de
acusaciones penales extremadamente severas o imputaciones
"predelictivas". Son sujetos a procedimientos sin garantías de debido
proceso, como el derecho de defensa, y se les niega protección judicial
debido a que los tribunales están "subordinados" al poder ejecutivo y
legislativo.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN), un respetado grupo local de derechos humanos, divulgó en
agosto de 2009 una lista de 208 presos que, según informó, fueron
encarcelados por razones políticas. La lista incluía a 12 disidentes
pacíficos que fueron encarcelados en la primera mitad de 2009, y 25
presos políticos condenados en 2008. De 75 periodistas, defensores de
derechos humanos y activistas políticos que fueron sometidos a juicios
sumarios y condenados como resultado de la ola represiva de 2003, 53 aún
permanecían presos en noviembre de 2009.
El gobierno continuó aplicando detenciones arbitrarias para hostigar e
intimidar a las personas que ejercen sus derechos fundamentales. Durante
todo 2007, la CCDHRN documentó 325 detenciones arbitrarias por las
fuerzas de seguridad; durante aproximadamente la primera mitad de 2009,
denunció 532 detenciones arbitrarias. Las detenciones se emplean con
frecuencia para impedir que las personas participen en encuentros o
eventos que se consideran críticos del gobierno. Los agentes de
seguridad a menudo no invocan cargo alguno que justifique las
detenciones -lo cual supone una clara violación de los derechos de
debido proceso- pero advierten a los detenidos sobre la posibilidad de
aplicar arrestos más prolongados si continúan participando en
actividades que se consideran críticas del gobierno. En marzo de 2009,
la defensora de derechos humanos Marta Díaz Rondón fue detenida en forma
arbitraria cuando intentó visitar a Jorge Luís García Pérez, quien había
iniciado una huelga de hambre para pedir el cese de los abusos contra
presos políticos.
El gobierno de Raúl Castro se ha amparado progresivamente en una
disposición sobre "estado peligroso" del Código Penal de Cuba que
permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido
un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el
futuro. Decenas de personas están encarceladas actualmente por
actividades "peligrosas", como entregar copias de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas,
escribir artículos informativos de contenido crítico e intentar
organizar sindicatos independientes.
Cuba también ha acusado de "peligrosidad" a los cubanos que están
desempleados o que trabajan en forma independiente sin autorización. La
redacción de la norma considera al desempleo como una forma de "conducta
antisocial" y, como tal, pasible de detención predelictiva. En enero de
2009, como parte de una campaña denominada "Operación Victoria", varias
decenas de personas -en su mayoría jóvenes- de Cuba Oriental fueron
acusadas de "peligrosidad" por no tener empleo.
Libertad de expresión
El gobierno mantiene el monopolio de los medios de comunicación en la
isla, y se asegura de este modo que la libertad de expresión sea
prácticamente inexistente. A pesar de que un pequeño número de
periodistas independientes logran escribir artículos para páginas Web
del extranjero o mantienen blogs independientes, se ven obligados a
publicar su trabajo por medios clandestinos -escriben desde computadoras
en su hogar, guardan la información en dispositivos de memoria
extraíbles y actualizan los artículos a través de conexiones ilegales de
internet-. Los riesgos asociados con estas actividades son importantes.
El acceso a la información también se encuentra sumamente restringido y,
dado que el costo de una hora de internet equivale a un tercio del
salario mensual en Cuba y se encuentra disponible exclusivamente en unos
pocos centros administrados por el gobierno, sólo una pequeña fracción
de cubanos tiene la posibilidad de leer artículos y blogs independientes.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en junio de 2009
eran 22 los periodistas que cumplían penas de prisión en Cuba, entre
ellos Albert Santiago Du Bouchet Hernández, quien habría sido condenado
a tres años de prisión en un juicio sumario celebrado a puertas cerradas
en mayo. Cuba ocupa el segundo lugar después de China en cuanto a la
cantidad de periodistas encarcelados.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una
actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a los grupos locales
de derechos humanos. El gobierno también emplea el hostigamiento, las
golpizas y el encarcelamiento para castigar a los defensores de derechos
humanos que intentan documentar los abusos. En mayo de 2009, luego de
que las autoridades le advirtieran varias veces que sería encarcelado si
no abandonaba su trabajo, el activista de derechos humanos Juan Luís
Rodríguez Desdín fue condenado en un juicio sumario celebrado a puertas
cerradas a dos años de prisión por "desorden público".
Restricciones para viajar y separaciones familiares
El gobierno de Cuba prohíbe a sus ciudadanos tanto salir de Cuba como
regresar al país sin obtener antes un permiso oficial, el cual suele ser
denegado. Por ejemplo, a Juan Juan Almeida García se le ha denegado el
derecho a salir de Cuba para recibir tratamiento médico por una
enfermedad degenerativa poco común (para la cual no existe tratamiento
en la isla) desde 2003. Almeida ha solicitado varias veces cada año
-incluso en 2009- que se le permita salir de Cuba, pero todas sus
solicitudes han sido denegadas sin explicación. Como resultado de no
haber recibido tratamiento, su salud se ha deteriorado
considerablemente. Viajar sin autorización puede dar lugar a un proceso
penal.
El gobierno niega frecuentemente a los ciudadanos con autorización para
viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al extranjero, y de este
modo mantiene a los niños como rehenes para garantizar el retorno de los
padres. Dado el temor general a la separación forzosa de familiares,
estas restricciones para viajar le proporcionan al gobierno cubano una
poderosa herramienta para castigar a los desertores y silenciar a los
críticos.
El gobierno también está adoptando fuertes medidas contra el
desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba, mediante la aplicación más
enérgica de la ley de 1997 conocida como Decreto 217. Este decreto, cuyo
propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos
obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país.
Condiciones carcelarias
Los presos están expuestos a condiciones de hacinamiento, falta de
higiene e insalubridad, que propician la desnutrición y las
enfermedades. Los presos políticos que critican al gobierno, se rehúsan
a participar en la "reeducación" ideológica, emprenden huelgas de hambre
o recurren a otras formas de protesta sufren sistemáticamente la
imposición de un régimen de aislamiento, golpizas, restricción de
visitas y denegación de atención médica. Los presos carecen de un
mecanismo de denuncia efectivo para obtener reparación, lo cual permite
que las autoridades penitenciarias gocen de absoluta impunidad. Cuba
sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que no permite el
acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a sus cárceles.
Pena de muerte
En 2008, el gobierno conmutó la pena de muerte a todos los prisioneros,
excepto a tres personas acusadas de terrorismo. No obstante, las leyes
cubanas continúan previendo la pena de muerte para un amplio espectro de
delitos.
Actores internacionales clave
Hasta noviembre de 2009, el gobierno cubano aún no había ratificado los
principales tratados internacionales de derechos humanos -el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)-,
que suscribió en febrero de 2008. En mayo de 2009, Cuba fue reelegida
para formar parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
por tres años.
En junio, la Unión Europea revisó su "posición común" sobre Cuba,
adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica con Cuba a
la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de
los derechos humanos. En su evaluación de 2009, la UE señaló su "grave
preocupación por la falta de avances en la situación de los derechos
humanos en Cuba" y optó por mantener la posición.
También en junio de 2009, la Organización de los Estados Americanos dejó
sin efecto una resolución de 1962 que suspendía la participación de Cuba
en el grupo. La OEA supeditó el reingreso de Cuba como miembro pleno a
la participación del país en un diálogo con el grupo y a su conformidad
con los compromisos, los principios y las prácticas de la OEA. Luego de
que se cancelara la suspensión, el gobierno cubano manifestó
públicamente que no tenía interés en reincorporarse a la OEA. En
noviembre de 2008, Cuba se convirtió en miembro pleno del Grupo de Río
de países latinoamericanos y caribeños.
El embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, en vigor desde
hace más de cuatro décadas, continúa imponiendo privaciones
indiscriminadas al pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a
mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En abril de 2009,
el gobierno estadounidense eliminó todas las restricciones de viajes y
envío de remesas por parte de cubano-estadounidenses hacia Cuba.
Anteriormente, como resultado de una ley aprobada en 2004, el gobierno
estadounidense sólo permitía a los cubano-estadounidenses visitar la
isla una vez cada tres años, y había limitado la ayuda que podían enviar
los cubanos a sus familiares a US$ 75 por mes. Propuestas presentadas
ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en
febrero de 2009 restablecería el derecho a viajar a Cuba para todos los
estadounidenses sin restricciones, pero los proyectos de ley aún no han
sido votados.
Cuba | Human Rights Watch (20 January 2010)
http://www.hrw.org/es/world-report-2010/cuba-0
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