Para ser de un club hay que cumplir las reglas

TRIBUNA: JORGE CASTAÑEDA
Para ser de un club hay que cumplir las reglas
JORGE CASTAÑEDA 01/06/2009

San Pedro Sula no es una comunidad que evoque fácilmente recuerdos de
batallas campales o debates decisivos. Pero la ciudad industrial
hondureña será, mañana y pasado mañana, la sede de una Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA) que muchos quisieran
transformar en una reunión histórica, al preparar el terreno para el
regreso de la Cuba de los Castro al concierto latinoamericano. El
cónclave se antoja épico.

La cumbre de la OEA puede plantear el regreso de Cuba, expulsada en 1962

Cuba no cumple ninguna de las condiciones para volver a la OEA

Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 en Punta del Este, por su adopción
del "marxismo-leninismo" y su alianza con la Unión Soviética. En una
aplicación absurda y anacrónica de la Doctrina Monroe, ambos hechos
fueron considerados "incompatibles" con la pertenencia al organismo
hemisférico, y razones suficientes para desterrar a Fidel Castro de la
OEA, del BID y de otros entes regionales. Hoy, el secretario general de
la OEA, José Miguel Insulza, los países del llamado ALBA -Venezuela,
Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que no dan paso sin huarache, es
decir, sin línea de la isla- y sus aliados cercanos en el Caribe y
América del Sur se han propuesto derogar la resolución de 1962.

Sin invitar de vuelta a Cuba, por lo menos buscan permitir la supresión
del principal obstáculo ante su posible regreso. Sostienen, con algo de
razón, que la decisión de entonces no descansó en convicción democrática
alguna, sino simplemente en el propósito de condenar al ostracismo a
Cuba por su cercanía con Moscú, por su enfrentamiento con Washington y
por su apoyo a movimientos de izquierda en la región.

Aunque algunos pueden considerar que una "suspensión de una suspensión"
equivale a una reinstalación, y también piensan que los rechazos de La
Habana a cualquier retorno al "Ministerio de las Colonias" no se aplican
a su deseo desesperado de obtener acceso a los recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo, es probable que prospere el esfuerzo. La
resolución de Punta del Este constituye, en efecto, un vestigio de la
Guerra Fría, no posee el menor sentido hoy, y no debe entorpecer el
debate de fondo: ¿se debe ser una democracia representativa para
pertenecer a la OEA y al BID? Y ¿qué se entiende por democracia?

No cabría el reingreso de Cuba a la OEA debido a la vigencia de los
diversos instrumentos regionales suscritos por los países miembros desde
1962, y, en particular, al contenido de dos de ellos. El primero es el
llamado Pacto de San José, o Convención Americana de Derechos Humanos,
aprobado en 1968 y ratificado por la mayoría de las naciones en los años
ochenta, y la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el día 11 de

septiembre de 2001 por todos los Gobiernos de la zona. Esta última
estipula claramente que la democracia representativa es una condición
sine qua non para pertenecer al concierto latinoamericano. Y proporciona
una definición explícita de la democracia representativa: "Son elementos
esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder
y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal
y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural
de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia
de los poderes públicos". Huelga decir que Cuba no cumple con ninguna de
estas condiciones, y, por tanto, que no podrá volver a la OEA aunque
quisiera.

No pareciera, entonces, existir motivo para oponerse al intento de
aprobar una resolución en apariencia meramente simbólica, y que además
puede distender las relaciones entre la región y Estados Unidos. Tan se
contempla, que incluso circulan versiones según las cuales la propia
Hillary Clinton, que acudirá al cónclave de San Pedro, se apresta a
votar a favor de la derogación del texto de 1962, o en todo caso a
abstenerse. ¿Caso cerrado, o hay gato encerrado?

De hecho, surgen varias interrogantes y dudas. En primer término, una
cosa es que en esta ocasión el Gobierno de Obama prefiera evitar el
aislamiento, solo con Canadá, contra 33 votos a favor de la posible
resolución, y otra es que esto se convierta en costumbre. Hay quienes
temen que Obama y Clinton nunca van a correr el riesgo de quedarse solos
en América Latina, habiéndole apostado tanto a reparar los daños
causados por Bush. Nunca podrán convencer a sus aliados en el área para
que los acompañen en temas escabrosos como Cuba, Venezuela, Nicaragua,
etcétera. Y otros sospechan que Insulza (no es mi caso) y los países del
ALBA (sí lo es) no van a conformarse con derogar el documento de 1962;
se proponen, desde ahora, forzar una definición mayor, a saber: iniciar
discusiones con el Gobierno de Cuba para su reincorporación a la OEA. Lo
harían a partir de dos tesis de dudosa pulcritud conceptual, pero no
carentes de eficacia.

En primer lugar, que a pesar del pasaje citado de la Carta, cada quien
es libre de interpretar textos de esa índole como mejor le parezca. Y en
segundo término, ¿quién tira la primera piedra? En el pasado, muchos no
cumplían ni con la Convención ni con la Carta de Lima, y eran miembros
de la OEA, y hoy mismo, su vigencia en varios países es discutible:
mejor que vuelva Cuba y sobre la marcha se verá si cumple con los
requisitos. Estados Unidos se opondría, quizás en compañía de Costa
Rica, Canadá, Colombia y Perú, pero dicha reticencia también revestiría
sus ventajas. O queda aislado Obama en la OEA, o el Congreso
norteamericano le corta los fondos para pagar las cuotas, y Washington
se retira, como lo hizo con la Unesco en los años setenta.

¿Qué tendría de malo que Cuba retornara sin cumplir con las condiciones
democráticas y de respeto a los derechos humanos que todos los
latinoamericanos han aceptado en buena medida respetado desde el 2001?
Mucho, pero en síntesis, lo siguiente. América Latina nunca ha podido
resolver con claridad la disyuntiva entre valores universales y
soberanía. Durante décadas, sus regímenes autoritarios (muchos más de
derecha que de izquierda) invocaron la soberanía nacional para rechazar
cualquier injerencia externa en defensa de la democracia y los derechos
humanos. Y los demócratas latinoamericanos, dentro o fuera del Gobierno,
siempre temieron construir un andamiaje jurídico regional injerencista y
defensor de estos valores por miedo a ser tildados de "lacayos del
imperialismo". Pero en el transcurso del último cuarto de siglo,
Iberoamérica ha avanzado a pasos agigantados. Se ha edificado un régimen
legal imperfecto, pero en plena mejoría, y se ha aceptado que,
efectivamente, existen valores universales por encima de la soberanía.

Hacer caso omiso de dicho régimen, crear una nueva excepción cubana,
anteponer el pasado al presente y los intereses inmediatos (migratorios,
de Estados Unidos, por ejemplo) al objetivo más ambicioso de proteger la
democracia en América Latina mostraría una miopía digna de... Punta del
Este. Que Estados Unidos levante el embargo, que España insista en su
acercamiento, pero ojalá que las democracias latinoamericanas
consolidadas sepan ser categóricas: para ser miembros del club hay que
cumplir con las reglas, o cambiarlas. Hasta ahora, los Castro no se han
propuesto, ni logrado, ni lo uno ni lo otro.

Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, es
profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.

Para ser de un club hay que cumplir las reglas · ELPAÍS.com (1 June 2009)

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