Tania Díaz Castro
LA HABANA, Cuba, diciembre (www.cubanet.org) – Miles de cubanos han
sufrido el odio y la intolerancia del régimen luego de entrar en una
sede diplomática en busca de protección para sus vidas. En las embajadas
permanecían años a la espera de un salvoconducto que nunca les llegó, y
en las cárceles, de las que nunca fueron amnistiados, recurso legal que
tampoco ha concedido el gobierno.
A pesar de que los revolucionarios que se enfrentaron al dictador
Batista pudieron salir del país con pasaportes falsos o verdaderos -como
es el caso de Fidel Castro y muchos otros-, o pedir asilo político en
determinada sede diplomática, cuando los fidelistas tomaron el poder
negaron esos beneficios a sus enemigos políticos.
La historia de los salvo conductos comenzó recién instaurado el actual
régimen. El 27 de enero de 1959 -según documento presentado a la
Organización de los Estados Americanos y publicado en la prensa nacional
al día siguiente-: "El nuevo gobierno revolucionario de Cuba tomó el
acuerdo de instruir a todos los jefes de misiones para que en ningún
caso concedan asilo a tiranos ni a sus colaboradores".
En reuniones celebradas en la más absoluta reserva entre embajadores
extranjeros y funcionarios cubanos, donde estaban presentes el doctor
Roberto Agramante, entonces Ministro de Estado, el Comandante del
Ejército Rebelde Humberto Sorí Marín, fusilado dos años después en la
Fortaleza de La Cabaña, acusado de actividades clandestinas y alta
traición, así como el doctor Ramón Roa y otros, se exigió a la
representación extranjera que se cumpliera a la mayor brevedad posible
lo dispuesto por el presidente de la República, Manuel Urrutia quien,
paradójicamente, poco después se vio forzado a tomar el camino del exilio.
En dicha reunión también se les comunicó a los embajadores que los
salvoconductos otorgados a veinticuatro personas asiladas en la sede
chilena -la mayor parte de las cuales habían ocupado altos cargos
ministeriales en el régimen de Batista-, estaban anulados de manera
definitiva, puesto que serían juzgados.
La medida, cruel e inhumana, ha dado lugar, a lo largo de cincuenta
años, a que el Centro Internacional de Prisiones, con sede en Londres,
estime que en Cuba hay 300 prisioneros por cada cien mil habitantes,
cifra que la coloca entre los primeros lugares de los cien países que
establece dicho Centro, y también que Amnistía Internacional haya
declarado que Cuba es el país con mayor número de prisioneros de
conciencia, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos,
encarcelados en penitenciarías de alta seguridad.
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