Juan Carlos Linares Balmaseda
26 de abril de 2007
La Habana – bitacoracubana – Los lineamentos político-económicos de
nuestro gobierno son de tipo mafioso. Lo pude comprobar una vez más con
la reciente experiencia personal después que el Ministerio del Interior
me aplicara una medida restrictiva por intermedio del Banco Central de
Cuba, en específico, por medio de la Financiera Fincimex S.A.
A principio de este año me entero que el nombre mío, y el de otros
colegas reporteros independientes, aparecía en una lista entregada a
agencias financieras en el exterior del país. Se impedía con ello el
envío de remesa hacia nosotros. Me di a la tarea de indagar, en
Transcard (la agencia cubano-canadiense que me entregaba las remesas),
en Fincimex (la Financiera Sociedad Anónima a la cuál pertenece
Transcard) y en el Banco Central de Cuba (la supuesta autoridad bancaria
a la cual pertenece Fincimex). Así fue que penetré en un oscuro y turbio
laberinto bancario, pertenencia del Estado Cubano.
En la última contesta oficial de las dos que he recibido –una del Banco
Central de Cuba y otra contesta de Fincimex–, la Financiera Fincimex me
respondió que la suspensión temporal está motivada por la duda de los
fondos que se me remesaban.
La funcionaria que firma la misiva, licenciada Cecilia Pérez Delgado,
alega en el papel que la medida se sustenta de acuerdo a la práctica
internacional; las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (FATF por sus siglas en inglés); las Resoluciones y
Convenciones de la ONU contra el Financiamiento al Terrorismo, el Lavado
de Dinero y la Corrupción; y sobre lo dispuesto en las leyes cubanas y
las normas del sistema bancario nacional.
Me cuesta comprender que exista un acápite emitido por un organismo
financiero internacional para limitar una exigua ayuda económica enviada
a un reportero que escribe sobre la realidad de su país. ¿Es el
Periodismo terrorismo, lavado de dinero o corrupción?
Pero mirémoslo desde el enfoque de las leyes y normas nacionales, y con
un tratamiento de igualdad ante la Ley. Si yo no puedo recibir remesas
porque el supuesto fin de mi labor periodística es ilegal, entonces
ningún cubano podría recibirla tampoco, pues pregunto: ¿Cual cubano es
ese que con el dinero remesado que recibe de un familiar o un amigo, no
lo emplea ilegítimamente en comprar en el mercado negro algún producto
de primera necesidad, de aseo o de lujo? Por otra parte, si el gobierno
de Cuba recibe donaciones de innumerables gobiernos y organizaciones no
gubernamentales, ¿por qué yo no puedo aceptar donaciones en igualdad de
condición?
Un simple juicio denota el menoscabo de derechos económicos en Cuba: Los
nacionales cubanos pueden recibir remesas de toda parte del mundo
mediante las instituciones financieras estatales y no pueden hacer
transferencia en sentido contrario, hacia el exterior.
Con anterioridad yo había hecho una reclamación al licenciado Humberto
Guerra Pérez-Cuba, jurídico del Banco Central de Cuba, y la respuesta me
llega de Nelson Martínez Díaz, director de la Vicepresidencia de
Análisis y Objetivos Estratégicos del Banco Central de Cuba. En dicha
contesta responsabiliza a Financiera Fincimex de la suspensión mía, y
días antes Fincimex había responsabilizado verbalmente al Banco Central
de Cuba.
Ahora acudo a Fincimex. Allí me entrevisto con el asesor legal, el
licenciado Jorge Oliver Landa. Este señor licenciado, fundamentó la
inexistencia de representantes de la agencia Transcard, y de otras
agencias de capital mixto, en territorio cubano. Según entendí las
agencias Caribbean Transfers y Delivery Card, de cuales soy cliente, son
fantasmas financieras aquí.
Agrega este asesor legal, que Fincimex es autónoma del Banco Central de
Cuba. Que Fincimex no tienen contacto con los extranjeros con quienes
hace sociedades anónimas. Que la Cámara del Comercio de Cuba es quien
avala las solicitudes de las sociedades anónimas, previo autorizo de una
licencia concedida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
de América en caso que el asociado radique en ese territorio. Que el
derecho a reclamación solo lo tienen los depositarios en el exterior.
Que mi reclamación es absurda. Y que desconoce de donde pueda venir esa
medida en mi contra.
En fin, que piso una zona prohibida para un ciudadano cubano y una meca
para el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción internacional.
Hubo un instante de tanta confusión en mi razonamiento, mientras lo
escuchaba, que juro no dar crédito alguno a favor o en contra de los
comentarios callejeros de que el archiconocido Posada Carriles sea
nómina de un Órgano de la Inteligencia Cubana o de que Fidel Castro está
en contubernios con el gobierno del "enemigo" vecino norteño.
Los funcionarios mencionados –relacionados con esta medida represiva
ordenada por la Seguridad del Estado contra mi persona y demás colegas–
no son los máximos culpables, aunque sí tienen una cuota de
responsabilidad, que de hecho asumen ya sea por miedo o por
comprometimiento laboral. Eso deben admitirlo.
Sobre la licenciada que dirige el departamento de Remesas en Fincimex
noté una fuerte presión de instancias superiores. Siento compasión por
ellos, sin embargo, los que tomamos la decisión de enfrentar al régimen
cubano, aquí dentro, recibimos muchas más presiones. La Seguridad del
Estado, además de imposibilitar que nos llegue el dinero por las vías
legales, intercepta los envíos que vienen por las llamadas mulas,
incautando la ayuda económica dirigida a nosotros.
Continuaré mi bregar en defensa de mis derechos. Interpondré una
acusación contra Fincimex. Exigiré una compensación por daños y
perjuicios causados en el plano personal y el familiar, a consecuencia
de la medida restrictiva denominada Instrucción 40 del Banco Nacional de
Cuba. Comenzaré a contar del mes de noviembre de 2006 cual fecha de
inicio de la aplicación. Y exhorto a mis colegas, víctimas de esta
instrucción, a clamar por el mismo derecho.
Artículos relacionados:
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