Persiste acoso a periodistas cubanos, declara funcionario de derechos humanos

Persiste acoso a periodistas cubanos, declara funcionario de derechos
humanos

Preocupa a Álvarez, de la OEA, deterioro de libertad de prensa en las
Américas

Por Eric Green. Redactor del Servicio Noticioso del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, 17 octubre 2006.

Washington - A pesar de la transferencia temporal de poder ocurrida el
31 de julio en Cuba la dictadura de ese país continúa sometiendo al
"acoso constante" a los periodistas independientes de esa nación
caribeña, dice un funcionario de derechos humanos de la Organización de
Estados Americanos (OEA).

En un informe trimestral difundido el 12 de octubre, sobre el estado de
la libertad de expresión en las Américas, el funcionario de la OEA,
Ignacio Álvarez, reiteró su preocupación por la situación de los
periodistas de Cuba que están encarcelados o que enfrentan otras formas
de represión por parte de la dictadura cubana.

Mientras se recupera de la cirugía intestinal, el dictador Fidel Castro
ha cedido temporalmente el poder a su hermano Raúl Castro.

Álvarez, "Relator Especial" para la libertad de expresión en las
Américas, dijo que desde el período más reciente conocido (del 1 de
julio al 30 de septiembre) los periodistas independientes en Cuba han
sido "apresados arbitraria y repetidamente y también atacados y
amenazados por agentes" del gobierno cubano.

El funcionario de la OEA añadió que desde el cambio en el poder no ha
"percibido ningún cambio en la situación de total falta de respeto a las
libertades de expresión y pensamiento en Cuba". Álvarez exhortó de nuevo
al gobierno cubano a liberar a los periodistas encarcelados y "respetar
el derecho de todos los cubanos a la libertad de pensamiento y de
expresión".

En un informe del 15 de abril el Departamento de Estado de Estados
Unidos dijo que los funcionarios cubanos y sus "delegados" atormentan
cada vez más a los activistas partidarios de la democracia y a los
periodistas independientes recurriendo a acciones pandilleras conocidas
como "actos de repudio". (ver artículo relacionado).

El informe del departamento, llamado Apoyo a los Derechos Humanos y la
Democracia: el Historial Estadounidense 2005-2006, dice que los
disidentes acusados, algunos acusados de delitos comunes "recibieron
juicios que fueron una farsa y que los enviados a prisión a menudo eran
mantenidos en condiciones muy duras".

Venezuela

Álvarez también tuvo críticas para Venezuela, y explicó que estaba
preocupado por las "agresiones físicas y las amenazas a los periodistas
ocurridas durante el trimestre". En particular, condenó el
restablecimiento de las acusaciones criminales contra el periodista
Napoleón Bravo por "el delito de desacato" en relación a "declaraciones
que ofendieron" al Tribunal Supremo de Justicia del país.

Deploró también la amenaza en Venezuela de demoler la sede del periódico
Correo del Caroní, y la muerte del periodista y líder político Jesús
Flores Rojas.

Flores Rojas murió de un disparo que recibió en la ciudad de El Tigre el
23 de agosto. Koïchiro Matsuura, director general de la UNESCO condenó
el asesinato, declarando el 1 de septiembre que "la muerte de
periodistas es un ataque inaceptable a la democracia y al estado de
derecho, que depende de la capacidad de los profesionales de los medios
de comunicación para ejercer el derecho humano básico de la libertad de
expresión, que, a su vez, da forma al debate público". Grupos mundiales
defensores de la prensa, como el basado en París Periodistas sin
Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistascon sede en Nueva
York también deploraron el asesinato.

El Departamento de Estado se ha unido a la comunidad internacional al
criticar la ley "de responsabilidad social" aprobada en Venezuela el año
2004 así como otras leyes que restringen las libertades de prensa en ese
país. En el Informe por País de 2005 sobre Prácticas de Derechos
Humanos, publicado el 8 de marzo, el Departamento de Estado expresó que
el presidente venezolano Hugo Chávez "ha perseguido repetidamente a
dueños y directores de los medios de prensa" acusándoles de traición y
de provocar "conmoción política".

En su informe de 12 de octubre Álvarez expresó su preocupación por el
"deterioro general de la libertad de expresión" en las Américas. El
funcionario citó un incremento en la violencia contra los periodistas en
el último trimestre reportado, diciendo que "se ha manifestado con más
brutalidad al menos con siete asesinatos y una desaparición
aparentemente relacionada con el ejercicio del periodismo".

Álvarez añadió que "el retraso en las investigaciones policiales y los
procesos judiciales en relación con los asesinatos de los periodistas,
perpetrados en la región en los últimos años, conducen a la impunidad
por esos crímenes y animan a su posible repetición". También declaró que
se han cometido "docenas de episodios de agresión física" contra
periodistas, incluyendo secuestros y "docenas de amenazas en casi toda
América Latina, además de varios actos de censura previa".

Álvarez también dijo que muchos periodistas en las Américas se enfrentan
a procesos por el delito de desacato o difamación y que en esos casos
algunos tribunales de justicia han condenado a periodistas a penas de
cárcel "restringiendo la libertad de expresión e ignorando la doctrina y
la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto".

Álvarez expresó que la "libertad de expresión no sólo implica la
posibilidad de difundir información comprometedora o crítica a las
autoridades, sino también estar libre de enfrentar consecuencias
ilegítimas impuestas por el Estado como resultado".

También informó sobre avances positivos de la libertad de prensa en la
región, incluyendo la condena de dos individuos en Perú por asesinar a
un periodista. La "paralización" del procedimiento por difamación contra
un periodista en Costa Rica, el veto del presidente de Brasil de una ley
que pretendía limitar el ejercicio del periodismo solamente a personas
con diploma universitario y la aprobación en el estado mexicano de
Querétaro de una "norma" que protege la confidencialidad de las fuentes
de información de los periodistas.

Para más información, véase el comunicado de prensa de 11 de octubre
(CIDH/RAPP) en el sitio web de la OEA.

Para más información sobre las políticas de Estados Unidos, ver Libertad
de Prensa, Cuba y Venezuela.

El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de
Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de
Estados Unidos. Sitio en la Web: http//usinfo.state.gov/esp)

http://www.cubanet.org/CNews/y06/oct06/31o4.htm