Jueves, Noviembre 3, 2011 | Por Leonardo Calvo Cardenas
LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) – La alimentación de la
familia se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para el cubano
de a pie. Baja productividad, escasez permanente, precios inaccesibles,
absurdas restricciones a la producción y el comercio, racionamiento que
se acerca al medio siglo, así como la ineficacia de la alternativa de
arrendar en calidad de usufructo las tierras que el gobierno ha mal
utilizado, constituyen los lamentables resultados de la estatización
forzada de un sector fundamental de la economía nacional
Con las leyes de reforma agraria (mayo 1959 y octubre 1963) la
revolución barrió de un plumazo, o mejor dicho de dos plumazos, el
patrimonio económico de grandes y medianos productores agropecuarios.
Para realizar el desmontaje de las estructuras socio-económicas
tradicionales del campo cubano el alto liderazgo no tomo en cuenta, ni
siquiera, el aporte y respaldo que muchos propietarios agrícolas
hicieron al proyecto revolucionario.
Las leyes de reforma agraria crearon la categoría económica de pequeño
agricultor, por muchos años única propiedad privada jurídicamente
reconocida, ente que nació sujeto a las imposiciones burocráticas que
han limitado hasta la saciedad el desenvolvimiento de lo que a pesar de
todo ha sido el único sector productivo y eficiente de la agricultura
cubana. Así el gobierno revolucionario se convirtió en el latifundista
supremo, acaparando el 85% de la superficie cultivable del país, y con
ello la economía socialista dio su primer paso hacia un abismo
insoluble y el pueblo cubano comenzó su largo vía crucis de penurias y
carencias.
De experimentos voluntaristas, descabellados, fallidos y de subsidios
tan abultados como mal gastados enfermó la economía nacional. El caso es
que setenta años después de que la Constitución de 1940 legisló contra
nuestro principal flagelo económico y refrendó el regreso de la tierra a
manos de los que la trabajan, nos encontramos ante el mismo dilema: el
latifundio, ahora estatal e improductivo, que retrasa la economía
nacional y deja a los laboriosos hombres del campo impedidos de hacer un
aporte capital a la evolución económica del país a causa de la
indolencia de la elite.
El actual gobierno parece estar consciente de su propia ineficacia
productiva, así como de lo grave que es para el presente y el futuro del
país seguir importando más del 80% de los alimentos que podrían
producirse en la Isla. Sin embargo, el alto liderazgo no parece estar
dispuesto a demostrar la audacia y responsabilidad necesarias para
renunciar a un monopolio que en medio siglo sólo ha servido para
controlar la sociedad y destruir nuestro cuerpo económico.
Los cubanos, víctimas de penurias y desesperanzas, ven como las
autoridades cubanas se muestran incapaces de renunciar al latifundio a
través de reconocer, por fin, los legítimos derechos de los que
trabajan la tierra, lo cual puede ser el histórico primer paso de un
gobierno comprometido con el bienestar de sus ciudadanos y la seguridad
nacional de su país, para salir del abismo económico y social que nos
agobia.
http://www.cubanet.org/articulos/el-poder-de-la-irresponsabilidad/
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