POR EL GOBIERNO
2007-10-20.
Álvara Yero Felipe, Agencia Libre Asociada (ALAS)
La medida pre-delictiva o Ley de Peligrosidad Social, como se le conoce
en Cuba, fue creada por el Gobierno de la Isla para llevar a prisión a
toda persona que decida no emplearse en una empresa estatal.
El nacimiento de esta ley obsoleta se debe a varios factores. En primer
lugar, el Gobierno es el único empleador al no generar recursos
laborales que estimulen económicamente por su exsaservado control sobre
los medios de producción.
Truncan toda puesta en marcha de nuevas ideas de origen independiente en
sentido económico o polítco. Lo que sin duda alguna, abrirían una puerta
a las reformas políticas que traerían el definitivo derrumbe de la
economía centralizada existente, y esto traería consigo que se produzca
una liberación económica y el surgimiento de empesas privadas como
tendencia al libre mercado.
Al no permitir estas ideas el Gobierno cubano, sufre la economía un
deficit presupuestario, mientras que las empresas, algunas quiebran y
otras operan con grandes pérdidas económicas. Incompatibles con el
factor que se busca con una empresa, que no es más que el crecimiento y
búsqueda del capital.
Por tanto, estas empresas a su vez, gastan recursos energéticos,
humanos, económicos y sociales que las sumen en un caos que se agudiza
en pocos años. Sus trabajadores al no persivir un estímulo económico
desisten del interés en sus labores; abandonan el trabajo y se genera
con esto el otro problema social del desempleo.
Ahora bien, el Gobierno, conociendo la situación pero empecinado en su
incosteable y obsoleta política, omite esta ley o medida que le confiere
facultad a las autoridades policiales para declarar que un individuo es
peligroso dentro del medio de convivencia, mediante, aceptable, debido a
que no genera una utilidad social por esfuerzo propio, acatando la única
regla gubernamental del empleo estatal, ya que el gobierno no observa
con buenos ojos, la escasa permisivilidad de la prestación de servicio u
empleo por cuenta propia.
Esta medida coacciona y limita al individuo en su derecho a la vida y a
la libertad ya que es usada por la policía y los tribunales del estado
cubano con su ingnominia y con desventajas para los ciudadanos a los
cuales detienen con sorpresa, con previa redacción de documentos sin el
debido conocimiento de los civiles ni sus abogados, donde en cuyos
sumarisimos procesos judiciales, cualquier cosas puede bastarles a las
autoridades judiciales para incriminar con una tentativa, y dictar una
sentencia de 4 u 8 años de prisión, ya sea a un hombre o a una mujer.
Esta medida totalmente inaceptable para la sociedad en todo su conjunto,
no solo atemoriza a los ciudadanos (incluidos los policías) pues genera
grandes flagelos. El primero, la desconfianza y seguridad de los civiles
hacia sus autoridades, así como otras más peligrosas para la seguridad
nacional. La divición y odios fraticidas, la improductividad dilectiva,
y a la larga daña de igual forma al gobierno pues fortalece el
descontento social, aumenta la disidencia (con justa razón), y sienta
con muchas fuerzas el peligro en cierne para el gobierno y el pueblo, de
que al producirse un desmoronamiento del poder del gobierno, se generen
fracciones populares y militares que compitan por el poder con métodos
violentos.
El Gobierno, sin duda, y los que hoy tienen responsabilidades en él,
debieran ponerse a pensar en esto; renovar y cambiar paulatinamente su
política, flexibilizándola a un sistema totalmente democrático, y de más
oportunidades para todos, desechando de una vez y por todas, las leyes y
preceptos jurídicos nocivos a la economía, la moral y la justicia.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=12264
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