Niña cubana en eje de pugna internacional por su custodia
By JUAN CARLOS CHAVEZ
El Nuevo Herald
Un boliviano que acusa a su ex esposa cubana de haberse llevado a la
hija de ambos a La Habana sin su consentimiento anunció que demandará en
los tribunales de su país a la aerolínea Cubana de Aviación por
transportar ilegalmente a la pequeña, contraviniendo así las leyes de
protección al menor y a la familia.
El incidente --que ocurrió hace dos años-- también involucra a los
miembros de la embajada cubana en Bolivia y al titular de esa
representación diplomática en La Paz, según el testimonio de Manuel
Rodríguez Cornejo, padre de Manuela, la niña de 6 años que se ha
convertido en el epicentro de una disputa legal que plantea más de una
interrogante.
"El vuelo salió de Santa Cruz el 27 de septiembre del 2006 y desde
entonces no sé nada de mi hija. Todos los intentos para comunicarme con
ella o hacerle saber que la extraño han sido inútiles. La madre impide
cualquier contacto, a pesar de que la justicia de mi país me otorgó la
tutela y la patria potestad'', declaró Rodríguez desde Washington
durante una entrevista telefónica con El Nuevo Herald.
El hombre, un empresario de 59 años que está dedicado al rubro turístico
y viaja constantemente entre Bolivia y Estados Unidos, identificó a su
ex cónyuge como Ivette Velaz Saba y a su madre como Guadalupe Saba.
Según él, ambas idearon un plan bajo el amparo de las autoridades
diplomáticas cubanas en Bolivia con el objeto de abandonar el país sin
levantar sospechas y sortear la ley boliviana sobre menores de edad, que
exige la autorización de un juzgado de familia para el viaje de un niño,
incluso si éste va acompañado por uno de sus padres.
Para ello habrían utilizado un vuelo de ayuda y asistencia humanitaria,
operado por Cubana de Aviación, de acuerdo con las averiguaciones de
Rodríguez.
Los representantes de la aerolínea no estuvieron disponibles para
comentar sobre el caso. Sin embargo, una copia de la lista de pasajeros
del vuelo 9333, del 27 de septiembre, indica que entre los pasajeros del
avión se encontraban --además de Manuelita, la madre y la abuela-- los
diplomáticos cubanos Mercedes de Armas García, encargada de Cultura y
Prensa, y el consejero de la embajada, Antonio Alonso.
Según Rodríguez, los funcionarios habrían facilitado la salida de
Manuelita, evitando que pasara por los controles migratorios en el
aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz. "Tengo una serie de evidencias que
señalan que la misión diplomática cubana encubrió el secuestro, porque
para abordar ese avión debieron conseguir un permiso especial. El apoyo
logístico también quedó evidenciado con los registros de las llama das
telefónicas entre mi ex esposa y varios números que corresponden a la
embajada cubana, así como de la residencia y el celular del embajador
Rafael Dausá'', puntualizó Rodríguez.
El Nuevo Herald no pudo localizar a Dausá para discutir el tema. Pero en
una carta del 11 de octubre, el funcionario rechazó tajantemente los
cargos y anotó que Rodríguez "pretende, a través de múltiples mentiras y
calumnias, politizar un caso que es estrictamente de índole personal y
familiar, así como involucrar de manera irresponsable a la embajada de
Cuba en sucesos en los cuales no tuvo participación''.
La misiva añade que la salida de Bolivia de la niña fue totalmente legal
y que la embajada "se limitó a atender la solicitud de visado realizada
por la madre de la menor, trámite necesario para la entrada de Manuela a
Cuba en aquel momento, a partir de que aún no se había concluido el
proceso de otorgamiento de la ciudadanía cubana a Manuela''.
La pareja se divorció tras siete años de matrimonio. Un juez de familia
le otorgó la tutela de la niña al padre debido a la inestabilidad
emocional de la mujer. Mientras, en la sede de Bolivia en La Habana la
ex esposa denunció a Rodríguez por violencia doméstica y maltrato.
El litigio coincide con recientes alegaciones de profesionales cubanos
de la salud que desertaron de sus misiones en el extranjero y que acusan
al gobierno de la isla de negarles el permiso de salida a sus hijos,
pese a con tar con los visados estadounidenses correspondientes.
Al respecto un documento analítico de Human Rights Watch del 2005
concluyó que la autoridades de la isla regularmente rechazan las
autorizaciones de salida de los hijos de médicos desertores y sus
familiares más cercanos como una forma de castigo y una herramienta de
presión para forzar el retorno de los cubanos que viven en otros países
con autorizaciones temporales del gobierno, puntualizó el informe.
La situación motivó a la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) a
implementar esfuerzos el pasado noviembre para conseguir el permiso de
salida de los menores retenidos en Cuba, mediante una campaña que hace
un llamado a quienes sufren en carne propia la separación familiar.
El grupo también planea demandar al gobierno de la isla ante organismos
internacionales --como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos-- con la idea de favorecer una solución a este problema.
http://www.miamiherald.com/1321/v-fullstory/story/826535.html
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