Friday, February 25, 2011 | Por Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, febrero (www.cubanet.org) – Los funcionarios del
gobierno cubano, a la hora de ejercer sus atribuciones, algunas de ellas
arbitrarias, no reflexionan acerca de si sus decisiones, desacreditan el
prestigio del las instituciones del Estado que supuestamente
representan. La ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza,
pasó por alto este particular, en una resolución que impone
definitivamente la confiscación a una familia cubana
Pedraza, en la resolución 306/11 de su ministerio, dictada el 24 de
enero de 2011, al amparo del Decreto Ley 149 "Sobre confiscación de
bienes e ingresos obtenidos por enriquecimiento indebido", violentó el
principio de seguridad del tráfico jurídico, al declarar que son
inciertas las informaciones y derechos contenidos en títulos de
propiedad expedidos por instituciones estatales.
La ministra, en su providencia, alegó que era totalmente incierto lo
que se declaraba en la Resolución No 1083/06, radicada al expediente No
1045/06 de fecha 4 de abril de 2006, firme desde 4 de mayo de ese mismo
año, por la Licenciada Lina Dinora González, en su carácter de directora
de la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo.
La resolución del órgano municipal, entidad estatal encargada de
dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en
materia de vivienda en ese territorio, acreditaba que el inmueble
confiscado por la titular de Finanzas y Precios, había sido ocupado por
su propietario en 1975, fecha en que hubo de construirlo con recursos y
esfuerzo propio.
La señora Pedraza, también miembro del Comité Central del Partido
Comunista, en su dictamen administrativo, declaró falsa tal afirmación,
pues, según declaraciones de los "factores" (miembros del Comité de
Defensa de la Revolución) y vecinos, la vivienda fue construida y
ocupada con posterioridad a esa fecha, por otra persona.
La ministra dio más credibilidad a las declaraciones de los vecinos, que
pudieran tener en el asunto intereses oculto, que a una resolución
firme, emitida por una de las dependencias de un organismo de la
Administración Central del Estado, en este caso el Instituto de la Vivienda.
Como si fuera poco, dio más crédito a la inspección ocular, hecha se
sabe por quién, pues ella no lo especifica, a los detalles descriptivos
consignados en el título de propiedad. Tal vez la ministra desconozca
que no ella es competente para hacer tales alegaciones. Antes debió
impugnar el documento frente a un tribunal, mediante un proceso
contencioso, según regula la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo
y Laboral.
Otro tanto sucedió con la Escritura Notarial número 382 de Permuta con
Donación, autorizada el 8 de abril de 1993 por la Licenciada Ana Luisa
Álvarez, notaria de esta ciudad con sede en el municipio Playa. La
ministra, en la mencionada Resolución R-306/11, dio a una de las
viviendas objeto de la confiscación, una descripción diferente a la que
ofrecía el documento notarial que legitimaba el acto, basándose
igualmente en declaraciones de "factores" y vecinos
Poco importó a la ministra que sus aseveraciones no se ajustaran a la
verdad ni que la notaria diera fe pública del acto legítimamente válido.
Hecho que se presume cierto, necesitándose un fallo judicial para probar
lo contrario.
Todos estos títulos fueron ignorados y desacreditados por la ministra,
la que insistió en que un ciudadano, según sus argumentos, dueño de tres
viviendas, había utilizado "vicios ocultos y subterfugios legales", sin
explicar cuáles, para procurar la titularidad de las mismas a nombre de
sus familiares.
Lo importante para ella era cumplir la orden de confiscación y aumentar
el patrimonio estatal, sin reparar que violentaba preceptos legales,
colocaba a una persona en estado de indefensión, y en total descrédito a
los funcionarios y trabajadores estatales. Los hechos vienen a
reafirmar la tesis que todos sabemos: la corrupción en el gobierno mina
todo el sistema.
Eso no es lo más triste. Penoso es que las propias instituciones que
desacredita, más específicamente la Dirección Provincial de la Vivienda
de la Habana, sirvan, mediante informes, para respaldar la argumentos
sin fundamentos de la ministra. Por lo menos eso fue lo que hizo saber
en su resolución.
El Código Penal cubano sanciona al funcionario público que con el
propósito de perjudicar a una persona, ejerza las funciones inherentes a
su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda
arbitrariamente de los límites legales de su competencia. Me pregunto
quién exigirá responsabilidad a la ministra por abusar de su autoridad
¿Se cumplirán las palabras de Raúl Castro en su último discurso del año
pasado, cuando expresó: "Quien cometa un delito en Cuba, con
independencia del cargo que ocupe, sea quien sea, tendrá que enfrentar
las consecuencias de sus errores y el peso de la justicia?". O lo
advertido por el periódico Granma, cuando consigno: "La ley se aplicará
con el máximo de rigor y severidad necesaria a los que cometan delitos
e injusticias sociales". Tal vez, habrá que esperar.
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