Un año después
Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba - Octubre (www.cubanet.org) - El período de un año ofrece tiempo suficiente para analizar medidas económicas de forma ponderada. Ese resulta el caso de la Resolución No. 80 del Banco Central de Cuba (BCC) del 23 de octubre de 2004, tomada con la finalidad, entre otras, de que todas las entidades que aceptaban dólares USA en efectivo hasta esa fecha para cobrar sus transacciones en territorio nacional únicamente aceptaran pesos convertibles cubanos en el futuro.
La Resolución No. 80 estableció, además, un gravamen del 10% para quienes desearan adquirir pesos convertibles cubanos con dólares USA en efectivo. Una compensación señalada como necesaria por los costos y riesgos adicionales supuestamente provocados por nuevas medidas norteamericanas, dirigidas a entorpecer sistemáticamente los flujos financieros externos del gobierno cubano. Como ejemplo de estas amenazas se indicó la creación de un "Grupo de persecución de activos cubanos", integrado por funcionarios de varias agencias oficiales estadounidenses para interferir y detener el flujo de divisas hacia y desde Cuba.
La propaganda gubernamental proclamó la Resolución No. 80 como el fin de la dualidad monetaria que había existido de facto desde hacía años, y el rescate de la soberanía financiera de la nación. También se indicó que terminaban injustas diferencias que dividían a la sociedad entre ciudadanos con dólares y quienes no tenían acceso a él.
Con posterioridad a la implementación de la Resolución se tomó el Acuerdo No. 15 del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Cuba, el 24 de marzo de 2005, por el cual se reevaluó el peso convertible cubano en un 8%. En estas condiciones, tomando en consideración el gravamen del 10% y el margen de compra y venta impuesto por el BCC, hoy por cada dólar cambiado sólo se reciben 80 centavos de peso convertible cubano.
Las consecuencias de todas esas decisiones financieras han hecho que las remesas recibidas por los cubanos de sus familiares en Estados Unidos se hayan reducido en una quinta parte, únicamente compensable por un incremento de los volúmenes enviados por este concepto, lo cual no parece probable.
Asimismo, el precio de las mercancías y servicios vendidos por las tiendas de venta en divisas (TRD) sufrió un incremento en términos de dólares de uno 20%, y en otras monedas convertibles en un porcentaje superior al 8%, sujeto a variaciones arbitrarias.
Desde el punto de vista económico, todas estas manipulaciones financieras han carecido de base real. La situación económica del país en modo alguno presenta cambios positivos que puedan significar un fortalecimiento sustancial de la moneda nacional. Incluso, los principales respaldos del peso cubano convertible, los bienes y servicios ofertados en las TRD han mermado considerablemente en cantidades y surtidos en los últimos tiempos, y parejamente se han incrementado considerablemente los precios. Nada de eso constituye precisamente un aval de garantía y seguridad de un signo monetario que a su vez carece absolutamente de credibilidad internacional.
En cuanto a la aseveración acerca del fin de la dualidad monetaria en Cuba, los resultados que se aprecian resultan bastante dudosos. Unicamente se ha obligado a las personas que reciben divisas a cambiarlas por pesos convertibles cubanos para poder comprar artículos y servicios en las TRD. Los cubanos siguen dependiendo fundamentalmente de las remesas, los trabajos relacionados con extranjeros, actividades particulares (reducidas y muchas veces ilegales) y, en menor escala, menesterosas asignaciones en pesos convertibles recibidas por quienes laboran en sectores considerados estratégicos.
Como puede apreciarse, la cualidad monetaria se mantiene, al no poder los ciudadanos procurar con su trabajo una moneda que les permita comprar los productos y servicios para satisfacer sus necesidades y las de sus familiares. La dualidad sólo se ha disfrazado, pero el acceso al dólar y otras monedas convertibles continúa siendo indispensable para sobrevivir en Cuba.
Por otra parte, los motivos que según se dice promovieron la Resolución No. 80, o sea, los posibles peligros y amenazas contra las disponibilidades financieras cubanas en bancos extranjeros, no parecen haber disminuido con esta medida del BCC, lo que le resta legitimidad.
Ciertamente, en el corto plazo, tanto el gravamen como la devaluación de las monedas extranjeras frente al peso convertible cubano, han debido representar importantes ingresos a la Caja Central del Estado. Sin embargo, a un plazo más largo indudablemente podrían tener repercusiones negativas, al desalentar el turismo y las ventas futuras de las TRD por encarecerse los productos y servicios ofertados.
La aplicación del gravamen y la devaluación de las divisas se inscriben indudablemente en el proceso de recentralización de la economía cubana, apreciable desde hace meses por una serie de pasos dados, como la remonopolización del comercio exterior, el cierre paulatino del trabajo por cuenta propia, la limitación radical de las facultades de los directivos de las empresas estatales, la liquidación de muchas empresas medianas y pequeñas con capital extranjero, y otros dirigidos al fortalecimiento aún mayor del control estatal sobre la sociedad.
Esta reducción sustancial de los ingresos de los cubanos por concepto de remesas podría tener por objetivo también debilitar económicamente a los sectores que las reciben, haciendo más fácil su manipulación política. La concepción que siempre se ha visto desde el poder en Cuba es el temor de que el ciudadano sea independiente económicamente, y que por esa vía pueda querer serlo en el plano político más tarde. Ese esquema de pensamiento está en contradicción con el recibo de las remesas por una parte de la población cubana -sólo permitido como un mal menor por la necesidad de divisas-, que así se encuentra relativamente más independiente de los fuertes cánones estatales.
En resumen, puede afirmarse que los objetivos enunciados en la Resolución No. 80 no fueron cumplidos, a no ser los ingresos obtenidos por el Estado, momentáneamente. La dualidad monetaria se mantiene, el afianzamiento de una moneda nacional única constituye una ficción, las diferencias sociales ajenas al aporte laboral de los ciudadanos se incrementan, y los supuestos peligros a los fondos cubanos en el extranjero, de ser ciertos, en modo alguno se han contrarrestado. Sí se logró de manera significativa afectar el nivel de vida en general de todos los cubanos, al reducirse sustantivamente las remesas y por otra parte incrementarse los precios de la canasta familiar.
Si realmente se deseara una sólida moneda nacional, eliminar la dualidad monetaria, eliminar injustas diferencias sociales y crear mecanismos eficientes de defensa de los fondos financieros cubanos en el exterior, habría que lograr una economía próspera, en la que los ciudadanos pudieran desplegar sus iniciativas y capacidades laborales, objetivo imposible de obtener con un sistema centralizador y burocrático que bloquea las fuerzas productivas nacionales en términos cada vez más rígidos.
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