Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados (I)
Análisis de las reformas económicas que lleva a cabo el Gobierno cubano,
realizado por Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de
Economía de la Universidad de Pittsburgh. Aparecerá en dos partes
Carmelo Mesa-Lago, Pittsburgh | 04/01/2012
Tras un fuerte crecimiento entre los años 2005 y 2007, las fallas del
sistema económico centralizado de Cuba, que se han visto agravadas por
la actual crisis global, han provocado la crisis económica más severa
que ha tenido el país desde 1993-1994, cuando se sufrieron las
consecuencias del colapso de la URSS (Mesa-Lago y Vidal, 2010; Pérez
Villanueva, 2010). El 26 de julio de 2007, cuando la crisis aún no había
surgido pero las fallas internas del sistema lo hacían insostenible,
Raúl Castro anunció que eran necesarias "reformas estructurales".
Después de este anuncio se produjo en la sociedad cubana el debate más
amplio que ha habido bajo la revolución. Posteriormente, desde
principios del año 2008 y hasta marzo de 2010, Raúl aprobó varias
reformas, mayormente modestas, pero entre ellas destacan dos por su
profundo calado: 1) la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas
para la explotación por campesinos y cooperativas; y 2) el despido
masivo de empleados estatales excedentes, que a partir de ese momento
deberían ser ocupados en nuevos trabajos privados.
En noviembre de 2010 se publicaron los Lineamientos para discutir en el
VI Congreso del PCC, que fueron objeto de un amplio debate nacional
antes de ser sometidos en abril de 2011 al citado congreso. En el
transcurso del mismo, se modificaron —mediante cambios y agregaciones—
un 68 % de los 291 lineamientos originales, los cuales aumentaron hasta
313 acuerdos (un 92 % de ellos económicos y solo un 8 % sociales). De
todas formas, la mayor parte de las modificaciones fueron fusiones y
correcciones de estilo, con pocos cambios sustanciales[1]. Un factor
significativo a destacar es que los acuerdos admiten que las reformas
previas han sido insuficientes para resolver los problemas del país, por
lo que se requieren más cambios. En definitiva, las reformas y los
acuerdos del Congreso son positivos pero a la vez son restringidos, con
trabas y desincentivos que limitan su efectividad para resolver los
problemas planteados (Espinosa, 2011).
Modelo económico
Los acuerdos del Congreso no cambian esencialmente el modelo vigente,
sino que proponen "actualizarlo" de forma gradual y programada, para
resolver los graves problemas socioeconómicos existentes. La
planificación central continúa como instrumento primordial de dirección
económica, aunque transformándose y teniendo en cuenta el mercado y la
gestión "no estatal" (el término privado no se menciona en los
acuerdos). Pero ambos mecanismos (el mercado y la gestión privada)
quedan bajo la influencia del plan y sujetados a controles financieros y
administrativos, así como a estricta regulación.
La empresa estatal sigue prevaleciendo y se ratifican formas de gestión
privada antiguas o introducidas por las reformas de Raúl Castro, pero
sin agregar nuevas. La gestión de las empresas estatales será más
descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios
fiscales, y en el caso que dichas empresas o las cooperativas tengan
pérdidas serán cerradas o transferidas a la gestión privada. Además, con
sus utilidades las empresas podrán crear fondos de inversión y programas
de estímulo para sus trabajadores y ejecutivos, a la vez que gozarán de
más "flexibilidad" en la fijación de precios. Asimismo, se aspira a que
la gestión de las cooperativas sea autónoma y que se negocie libremente
y sin intermediarios una vez que se cumplan sus contratos con el Estado.
Finalmente, se contempla desarrollar mercados mayoristas que vendan
insumos y alquilen equipos al sector privado.
Usufructo de tierras
Raúl Castro ha reconocido que se importa el 80 % de los alimentos que
consume la población, a un costo anual de 1.070 millones de euros (570
millones más en 2011), mientras que casi un 30 % de un total de 6,6
millones de hectáreas de tierras estatales están ociosas. Para aumentar
la producción y reducir las importaciones, se dispuso la entrega en
usufructo de dichas tierras a individuos, cooperativas y entidades
estatales, mediante el Decreto-Ley 259 del 10 de julio de 2008. En junio
de 2010, el director del Centro de Control de la Tierra, Pedro Olivera,
dijo que se habían distribuido un millón de hectáreas. Casi un año más
tarde, en marzo de 2011, se informó que hasta el momento se habían
otorgado 128.000 usufructos, que sumaban en total 1,2 millones de
hectáreas, quedando aún bastante tierra disponible.
Los acuerdos del Congreso estipulan dar en usufructo las restantes
tierras ociosas del Estado, realizando las modificaciones legales que
correspondan para "asegurar la sostenibilidad" de las tierras
entregadas. Pero mantienen la venta obligatoria de parte de la cosecha
al Estado (acopio), aunque aspiran a "mecanismos de gestión más ágiles"
y permiten al productor concurrir al mercado por sus propios medios.
Despidos masivos en el ámbito estatal y expansión del trabajo privado
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) divulgó en enero de 2011 los
primeros datos oficiales del desempleo abierto en 2010, que
provisionalmente se cifró en 1,6 % (ONE, 2011b). Posteriormente, los
datos se actualizaron y en la publicación del Anuario Estadístico de
Cuba, que recoge las cifras oficiales consolidadas de cada año vencido,
la tasa de desempleo que aparece es del 2,5 % (ONE, 2011c).
En su discurso sobre el avance de las reformas en este apartado, Raúl
Castro reconoció que la nómina estatal estaba "inflada" (desempleo
oculto) y decidió despedir a 500.000 trabajadores en una primera etapa
de seis meses (entre octubre de 2010 y marzo de 2011), lo que
representaba el 9,8 % de la fuerza laboral y, por lo tanto, se elevaría
la tasa total de desempleo al 12 %. En el mismo anuncio se mencionaba
que a finales del año 2011 se habrían despedido a un millón de
trabajadores, y que a finales del año 2014 la cifra subiría a 1,8
millones, lo que supondría respectivamente el 20 % y el 35 % de la
fuerza laboral (Mesa-Lago, 2010b; ONE, 2011c). Dichos despidos eran
necesarios para reducir gastos, elevar la productividad laboral y
aumentar los salarios, que ahora están un 73 % por debajo del nivel real
de 1989. Para dar empleo a los despedidos se crearían en la primera
etapa 250.000 trabajos por cuenta propia y una suma igual en otras
actividades privadas como el usufructo.
Los acuerdos del Congreso introdujeron algunas innovaciones positivas
respecto al pasado (Vidal y Pérez Villanueva, 2010), de las que destacan
las siguientes: 1) la aprobación de 178 actividades por cuenta propia,
21 más que las permitidas anteriormente; 2) la autorización para emplear
a trabajadores no familiares en la mitad de las ocupaciones autorizadas;
3) la posibilidad de venta de bienes y servicios a entidades estatales y
más flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y
particulares; 4) la regulación por el Banco Central de pequeños
préstamos a trabajadores por cuenta propia (comúnmente llamados
cuentapropistas) para la compra de bienes, insumos y equipo; 5) el
permiso de un año para extraer en minas pequeños volúmenes de materiales
de construcción; 6) la afiliación obligatoria a un régimen especial de
pensiones de seguridad social (antes voluntaria); y 7) el aumento de 12
a 20 del número de sillas en los pequeños restaurantes (paladares)[2].
Política social
Antes del Congreso, Raúl Castro advirtió a la Asamblea Nacional que el
coste de los servicios sociales era muy elevado, ya que representaba el
51 % del presupuesto estatal y el 31 % del PIB. Además, como la
tendencia del coste es expansiva la viabilidad es insostenible y por
tanto la solución pasa por recortarlo, subordinando el aumento del mismo
al incremento de la producción y de los recursos fiscales disponibles
(Castro, 2010). Desde 1995, varios economistas cubanos propusieron
sustituir los subsidios universales a una gama amplia de bienes y
servicios por subsidios específicos para personas necesitadas, un
enfoque ahora validado por Raúl Castro. Aunque no se publican
estadísticas oficiales sobre niveles de pobreza, algunas encuestas
muestran que en el año 2002, bastante antes de la crisis actual, la
cifra promedio de la población urbana en situación de pobreza era del 20
%, porcentaje que probablemente sería superior en la población no urbana
(Mesa-Lago, 2010c; Espina, 2011).
Los acuerdos del Congreso ratificaron los anuncios de Raúl sobre la
eliminación de "gratuidades indebidas" y del racionamiento "de manera
ordenada y gradual". De hecho, en el año 2010 varios alimentos y
manufacturas fueron sacados de la libreta de racionamiento (patatas,
chícharos, jabón, pasta de dientes, detergente, cigarrillos) y se
incrementó el precio de algunos bienes y servicios (electricidad, gas,
agua, gasolina). El sistema de racionamiento vende alimentos a precios
subsidiados inferiores a su coste, pero solo cubre entre 7 y 10 días del
consumo promedio mensual, mientras que el resto se debe comprar a
precios muy altos en mercados agropecuarios y tiendas en divisas. Como
el subsidio a precios de racionamiento es universal para toda la
población, sería razonable suprimirlo para los estratos de ingresos más
altos, pero el racionamiento es fundamental para los segmentos más
pobres y que además no reciben remesas del exterior, por lo que no puede
ser eliminado sin antes reforzar los instrumentos de asistencia social.
Este fue el tema más debatido en el Congreso, donde las opiniones
oscilaron desde la necesidad de suprimirlo de inmediato, hasta las que
se oponían enérgicamente a su erradicación. Finalmente Raúl Castro
prometió que el subsidio no se eliminaría "sin crear las condiciones
previas para ello" (Castro, 2011), y un acuerdo del Congreso prometía
garantizar la asistencia social "a las personas que la necesiten".
Respecto a las pensiones de la seguridad social, estas son una carga
pesada, y su monto es creciente hasta el punto de que en el año 2010
supuso el 7,6 % del PIB. El Estado tiene que cubrir el déficit, que
alcanza al 40 % del gasto, porque los ingresos por cotizaciones son
inferiores a los pagos efectuados a los beneficiarios. Además, este
problema se agrava por el acelerado envejecimiento de la población, un
escenario que en el conjunto de América Latina tan solo está en peores
condiciones Uruguay. En el año 2010, el 17,8 % de la población cubana
era mayor de 60 años, y esa cifra aumentará hasta el 30,8 % en el año
2030. Para enfrentar la situación, el Gobierno cubano llevó a cabo una
reforma en el año 2008, que aumentó en cinco años las edades de retiro e
introdujo otros cambios, pero el déficit y la tendencia al desequilibrio
persisten (Mesa-Lago, 2010a; Peláez, 2011). Uno de los acuerdos del
Congreso estipuló la disminución del aporte fiscal del Estado para
cubrir ese déficit entre contribuciones y pagos de las pensiones,
expandiendo las cotizaciones de los trabajadores estatales y privados.
Por otro lado, la obligatoriedad para los trabajadores por cuenta propia
de afiliarse y cotizar sería otra fuente de ingresos.
En el caso de la educación superior, se produjo una explosión de la
matrícula como resultado de la "Batalla de ideas", lanzada por Fidel
Castro en 2003. En ese contexto se crearon 3.150 universidades
municipales en dos años, pero las prioridades en las carreras y la
distribución de los alumnos entre ellas generaron diferencias notables.
Por ejemplo, se produjo un salto enorme en las carreras de humanidades,
trabajo social, pedagogía y medicina, pero en cambio se contrajo la
matrícula de estudiantes en ciencias naturales y matemáticas, mientras
que aumentó ligeramente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas.
Esta situación provocó un déficit de científicos e ingenieros agrónomos,
que comprometió el desarrollo económico futuro. También, a pesar del
incremento de los graduados en carreras vinculadas a la educación, los
bajos salarios de los maestros motivaron el éxodo a ocupaciones más
lucrativas que dio como resultado un déficit de docentes que se intentó
cubrir con "maestros emergentes" (jóvenes traídos del interior y
entrenados con rapidez en cursos breves). En consecuencia, se deterioró
la calidad de la enseñanza y se crearon graves deficiencias ortográficas
en los exámenes de admisión universitaria. Posteriormente, Raúl Castro
corrigió algunos de estos problemas: redujo drásticamente las
universidades municipales; cerró la ineficaz carrera de los trabajadores
sociales (que eran utilizados para otras tareas), así como las costosas
escuelas en el campo; ofreció incentivos a los maestros retirados para
que regresaran a las aulas; endureció los exámenes de ingreso;
restringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales, y procuró
aumentar la matrícula en las importantes. En este punto, los acuerdos
del Congreso estipularon que las matrículas en las carreras
universitarias debían corresponderse con las demandas de desarrollo
económico y social.
Aunque no estaba presente en los Lineamientos para discutir en el
Congreso, un acuerdo importante del mismo fue la autorización de la
compraventa de viviendas y de automóviles. La prohibición de la
compraventa desde 1960 había forzado a la población a efectuar
"permutas" o intercambio de viviendas de "similar" valor, pero las
permutas estaban cuajadas de trabas burocráticas y corrupción. También
en los acuerdos se legitimaron las formas privadas de construcción de
viviendas (existentes de facto por decenios) y se prometió satisfacer la
demanda de la población para comprar materiales de construcción a fin de
conservar y rehabilitar sus viviendas.
En cuanto a la salud pública, la exportación de médicos, oftalmólogos,
enfermeras y otro personal sanitario, especialmente a Venezuela, ha
generado ingresos en divisas cercanos a los 3.700 millones de euros
anuales por ventas de servicios profesionales. Pero también ha creado un
déficit interno de estos profesionales, pues aproximadamente un tercio
de los médicos está en el exterior. Un acuerdo del Congreso estipuló que
se garantizaría que la graduación de especialistas médicos cubriese "las
necesidades del país y las que se generen por los compromisos
internacionales".
Finalmente, respecto a los ingresos de la población, Raúl Castro
reconoció que los salarios eran insuficientes para satisfacer las
necesidades mínimas, ya que, como se ha dicho anteriormente, su valor
real cayó el 73 % entre los años 1989 y 2010. En el Congreso se alcanzó
un acuerdo que estipulaba el aumento de los salarios de manera gradual,
pero para ello sería preciso aumentar considerablemente la producción y
la productividad.
Limitaciones y dificultades en la aplicación de las reformas y los acuerdos
Los acuerdos del Congreso deben ser implementados mediante leyes
aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que solo se reúne
unos días en junio y diciembre, por lo que para una ejecución expedita
habría que expandir las sesiones o habilitar otras reuniones. Sin
embargo, algunos acuerdos podrían ser implantados por decretos del
Ejecutivo.
Modelo económico
No se concretó un modelo porque los acuerdos ni siquiera bosquejan el
nivel de participación e interrelaciones entre el plan y el mercado, a
la vez que hay contradicciones entre algunos acuerdos, los cuales dejan
algunos aspectos importantes por cubrir[3]. Varias veces durante la
revolución se intentó sin éxito aplicar políticas para lograr la
descentralización, el autofinanciamiento y el cierre de empresas con
pérdidas. Tampoco se logró que con los beneficios de las empresas se
crearan fondos de inversión y programas de estímulo para la productividad.
El sistema de "perfeccionamiento empresarial" —creado por Raúl Castro en
el marco de las entidades gestionadas por las Fuerzas Armadas, sin que
se consiguiese extender con éxito del sector militar al civil— se
incorporó al modelo, pero sin indicar la forma de integrarse con el
mercado y el sector privado, ya que no se permite la concentración de la
propiedad privada, ni que la propiedad cooperativa sea vendida o
arrendada a cooperativas o al sector privado; tampoco que dicha
propiedad sea usada como garantía colateral para préstamos destinados a
la inversión. Respecto a la inversión extranjera, se mantuvo la misma
pauta seguida hasta el momento; por lo tanto, se circunscribe a las
"actividades de interés para el país", lo que ya había provocado la
caída del número de empresas "mixtas" en el período de 2002 a 2009, a
pesar de la desesperada necesidad de capital exterior y de transferencia
de tecnología que demandaban todos los sectores de la economía.
En cuanto a los precios de los bienes y servicios, se mantuvo la
fijación centralizada en las áreas que "interese regular",
"descentralizando las restantes" (sin especificar unas y otras). En los
Lineamientos se dejaba para más adelante el hecho de conseguir una mayor
"flexibilidad" de las empresas para fijar precios, cuando se
establecieran regulaciones "que aseguren los intereses del país", pero
esta cláusula se eliminó de los acuerdos. Por último, se estipuló
"revisar integralmente el sistema de precios", pero sin guías de cómo
hacerlo.
En los acuerdos también aparecen grandes metas idealistas, pero no se
llegó siquiera a esbozar estrategias para alcanzarlas. Entre ellas cabe
destacar la recuperación de la capacidad exportadora en azúcar, níquel,
tabaco y pesca; la reducción de la dependencia en las importaciones; la
supresión de los subsidios a las exportaciones; así como la eliminación
de la dualidad monetaria (peso convertible y peso nacional). Existe un
consenso en que la reducción de la dependencia en las importaciones de
alimentos requiere un aumento de la producción interna, y que la
unificación monetaria ha de ser precedida por un incremento en la
producción y la productividad. Sin embargo, el análisis de la situación
indica que las reformas y los acuerdos son insuficientes para lograr
esos objetivos, y además las estadísticas del año 2010 muestran una
caída en la producción. Finalmente, la supresión de los subsidios a las
exportaciones requiere una reforma integral de los precios que está
apuntada en los acuerdos, pero con serias contradicciones y aspectos
problemáticos no resueltos.
Usufructo de tierras
La regulación de las tierras en usufructo confronta fuertes limitaciones
y también desincentivos no enmendados por los acuerdos. La extensión de
las parcelas cedidas no puede ser mayor de 13,4 hectáreas. Es usual que
estén cubiertas de marabú (un arbusto espinoso muy difícil de extraer),
o que su rendimiento sea bajo. También con frecuencia no hay acceso a
agua ni a recursos para cavar un pozo, todo lo cual demanda gran
esfuerzo para limpiar, cultivar y regar la tierra. Además, se prohíbe al
usufructuario construir una casa en la parcela, por lo que puede que
tenga que recorrer una distancia considerable para hacer su trabajo. La
propiedad de la tierra se mantiene en poder del Estado, y es este el que
concede el contrato de usufructo por solo diez años a personas físicas
(el doble si se trata de cooperativas y entes estatales), renovables
otros diez si el usufructuario cumple sus obligaciones. En el caso de
las cooperativas y de las entidades estatales el término del contrato
son veinte años.
El contrato es rescindido si la tierra no se cultiva "de forma racional
y sostenible", según el juicio del Gobierno, o no se vende al Estado la
producción contratada, o si éste decide cancelarlo por razones de
utilidad pública o de interés social.
El Gobierno asigna al usufructuario una cuota de la cosecha (hasta el 70
%) para su venta obligatoria al Estado (acopio) a un precio inferior al
de mercado. En los Lineamientos se proponía como innovación que la
mayoría de los precios fuese fijada por la oferta y la demanda, pero los
acuerdos suprimieron esa cláusula y ratificaron que el Estado
determinaría el precio de acopio. En caso de rescisión del contrato, la
ley no es clara respecto a si el Estado se queda o reembolsa al
usufructuario el valor de la limpieza de marabú y otras mejoras
efectuadas para el buen desempeño de las parcelas de tierra. La mayoría
de los usufructuarios carece de experiencia para cultivar la tierra,
pero ya en dos años deben comenzar a producir y vender al Estado. En
cambio, desde el inicio del usufructo hay que pagar tres impuestos
gravosos: 1) sobre la posesión y el uso de la tierra; 2) sobre la fuerza
de trabajo y la seguridad social; y 3) sobre los ingresos personales.
Los usufructuarios necesitan crédito a bajo interés para comprar
semillas, fertilizantes, aperos de labranza y equipo.
Algunas de las restricciones apuntadas ya habían sido mitigadas: en el
discurso pronunciado el 18 de diciembre de 2010 ante la Asamblea
Nacional, Raúl Castro había prometido que el Estado compensaría a los
usufructuarios por la inversión y por las mejoras efectuadas (Castro,
2010); en marzo de 2011, el Gobierno aprobó que los bancos estatales
otorgasen pequeños créditos a un interés anual creciente del 3 % al 7 %,
según el período de tiempo del préstamo, pero el número de prestatarios
fue reducido y el crédito no ha podido usarse para erradicar el marabú,
sino para iniciar la producción (Granma [18.12.2010 y 30.03.2011] y
Reuters [22.03.2011]). También se informó que el Gobierno podría aceptar
pequeños créditos extranjeros en divisas para incrementar la producción
agrícola, pero estos irían al Banco de Crédito y Comercio, de propiedad
estatal, en vez de a los usufructuarios (El Financiero [11.10.2010]). En
octubre se anunció que se extendería el tamaño de las parcelas
entregadas en usufructo hasta 67 hectáreas (cinco veces más que antes) a
aquellos usufructuarios que demostrasen que habían aumentado la
producción (Frank, 2011).
Después del VI Congreso, el presidente de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), Orlando Lugo, realizó unas declaraciones
donde hace un balance de los defectos en la regulación del usufructo de
tierras y sugiere algunas posibles mejoras[4]. En primer lugar señala
que el plazo de diez años para el usufructo a los campesinos privados y
las condiciones que el Estado determina para poder rescindir los
contratos desincentivan la producción. En su opinión, el usufructo debe
ser permanente y los hijos del usufructuario deberían tener derecho a
heredarlo. En segundo lugar, indica que habría que permitir que los
campesinos construyesen una casa en la parcela cedida y darles
facilidades para que adquiriesen los materiales necesarios para su
trabajo. Otra cuestión es que aunque se hayan dado créditos para comprar
insumos a 10.000 campesinos (no solo usufructuarios), este número
representa tan solo el 2,5 % del total de los 400.000 miembros de la
ANAP. Además, en el año 2010 no se dieron créditos ni insumos a los
usufructuarios, hecho que motivó la caída de la producción agrícola, y
ha habido quejas sobre los altos precios y la baja calidad de los
productos vendidos. Finalmente, Lugo plantea que no debe producirse una
comercialización monopolizada por el Estado (acopio), y en su lugar hay
que permitir la comercialización directa de los campesinos a la red
minorista. Por su parte, Armando Nova (2010), un investigador cubano
sobre temas agrícolas, recomienda que el usufructuario tome sus propias
decisiones sobre qué sembrar, a quién vender y cómo fijar los precios;
que las cooperativas sean autónomas; y que se reduzca el acopio a lo
indispensable y la mayoría de la producción se venda a precios de mercado.
Trabajo por cuenta propia y despidos masivos
La regulación del trabajo por cuenta propia ha sufrido vaivenes durante
la historia de la revolución, que han generado incertidumbre sobre su
futuro. En un principio este estaba prohibido, luego se autorizó al
inicio de los años ochenta, y después se criticó. Más tarde se amplió
durante la crisis económica de los noventa, pero ante los primeros
síntomas de recuperación, este se volvió a restringir. En cuanto a la
evolución del número de trabajadores por cuenta propia, el cénit se
alcanzó con 169.000 en el año 2005, justo veinticinco años después de la
apertura inicial, pero a finales del 2010 el número se redujo a 147.000
(ONE, 2011c). Varios economistas cubanos y extranjeros habían sugerido
que el Estado se reservase las áreas estratégicas y permitiese el
trabajo por cuenta propia del resto, pero los acuerdos autorizaron solo
178 ocupaciones muy concretas. Entre esas ocupaciones algunas son de
cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes
determinados, transportista de carga y pasajeros, reparador, traductor e
intérprete), pero la inmensa mayoría de empleos son artesanales y sin
cualificación (aguador, limpiabotas, payaso, carretillero, pelador de
frutas). Además, continúa la prohibición de trabajar por cuenta propia a
los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos y solo podrán
ocuparse de trabajos no calificados. Igualmente, a pesar de la
advertencia de Raúl Castro contra la discriminación por género en los
despidos, hay evidencia de que ello está ocurriendo (Diario de Cuba
[13.06.2011]).
Otro problema que se observa en la regulación del trabajo por cuenta
propia es el exceso de impuestos. En primer lugar está la licencia para
trabajar, que se paga a suma alzada. Le sigue un impuesto sobre el
ingreso, que varía entre el 10 % y el 40 % según las ocupaciones.
Después está el 25 % por la utilización de la fuerza de trabajo, que
puede ser mayor a medida que aumenta el número de trabajadores, así como
los aportes a la seguridad social. Finalmente está el 10 % por las
ventas y otro 10 % por el uso de los servicios públicos. La ministra de
Finanzas y Precios, Lina Pedraza (2010), asegura que el promedio de la
carga tributaria para los trabajadores por cuenta propia oscila entre el
30 % y el 35 %, y que el promedio de las utilidades finales ronda entre
el 20 % y el 25 %. Sin embargo, el economista canadiense Archibald
Ritter (2011) estima que la tasa efectiva puede exceder el 100 % del
ingreso neto de los cuentapropistas, y que es superior a la carga
tributaria que se aplica a las empresas con capital extranjero. Por su
parte, la ministra Pedraza declaró ante la Asamblea Nacional del Poder
Popular, en diciembre de 2010, que el impuesto por la utilización de la
fuerza laboral crecería según se utilizase mayor cantidad de
trabajadores, a fin de desestimular la contratación, que el negocio
rinda menos utilidades, y así evitar la concentración de la riqueza.
Posteriormente, uno de los acuerdos del Congreso prohibió la acumulación
de la propiedad para impedir desigualdades en el ingreso. En definitiva,
vemos como con los impuestos a los trabajadores por cuenta propia se
planeaba incrementar el ingreso fiscal en un 300 % en el año 2011, pero
debido a las restricciones antes citadas se mató al ganso antes de que
pusiera los huevos de oro.
Por último, los trabajadores por cuenta propia afrontan dificultades
para obtener todos aquellos elementos necesarios para desempeñar su
labor, incluyendo el acceso al crédito. Los cuentapropistas necesitan
pequeños créditos para adquirir insumos, materiales y equipo en un
mercado mayorista, como reconoció a finales del año 2010 el ministro de
Economía, Marino Murillo (2010), hecho por el que prometió que este
problema se resolvería "en los próximos años". En este sentido, la Unión
Europea, España y Brasil, así como un grupo de empresarios
cubano-americanos en la Florida, han ofrecido alrededor de 14 millones
de euros para asistencia financiera y asesoría en negocios de los
cuentapropistas (El Financiero [11.10.2010]), pero hasta el momento el
Gobierno no ha hecho pública su decisión de si los ha aceptado o no.
[1] Los documentos oficiales de referencia sobre el tema son los
siguientes: Proyecto de lineamientos de la política económica y social,
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. (La Habana, 9 noviembre de
2010); Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de
la política económica y social del partido y la revolución. (La Habana,
VI Congreso del PCC, 1 mayo de 2011).
[2] Véanse las informaciones de prensa de AP (27.06.2010) y Reuters
(22.03.2011).
[3] El economista cubano Pavel Vidal (2011) se pregunta "el plan está
por encima del mercado, pero ¿hasta dónde?".
[4] Véase la entrevista efectuada a Orlando Lugo en Juventud Rebelde
(14.05.2011).
Este trabajo apareció publicado originalmente por el CIDOB, Barcelona
Centre for International Affairs. Se reproduce con la autorización del
autor.
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