No basta un empujoncito
[12-01-2012]
Martha Beatriz Roque Cabello
Coordinadora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
(www.miscelaneasdecuba.net).- En el Código Penal está establecida la
Parte Especial Delitos, y en su Título 1, quedan configurados los
Delitos contra la Seguridad del Estado, que tienen incluidas figuras
delictivas como: Revelación de Secretos Concernientes a la Seguridad del
Estado, Espionaje, Rebelión, Sedición, Propaganda Enemiga, Sabotaje,
Terrorismo; de igual forma existe un Capítulo para recoger Otros Actos
contra la Seguridad del Estado.
Cuatro Tribunales Populares Provinciales en el país tienen Salas de los
Delitos contra la Seguridad del Estado: La Habana, Villa Clara, Camagüey
y Santiago de Cuba, donde se supone que las transgresiones anteriormente
mencionadas sean procesadas.
Sin embargo, existen otros crímenes que acostumbran a ser llevados a
estas Salas, como por ejemplo: los cometidos por extranjeros, aunque
estén vinculados con la droga; los relacionados con la entrada y salida
ilegal del territorio nacional, entre otros. Igualmente, en ocasiones,
se les asignan delitos comunes para su encausamiento. Es por eso que se
hace sumamente difícil poder determinar los presos con carácter político
Se ha dicho que las llamadas "listas" de presos políticos no ayudan en
la proyección internacional que de este fenómeno se hace, ya que en la
mayoría de las ocasiones están incompletas, debido a diferentes
circunstancias, entre ellas, la falta de información por parte de los
presos y sus familiares, los que prefieren -en algunos casos- no figurar
en ningún conglomerado que los distinga como tal, y no contactan con la
oposición interna; pero una vez que se emite un número, a pesar de
aclarar que la lista es parcial, este es el que se maneja por todo el
mundo como algo oficial, ya que la dictadura no se pronuncia al respecto.
Por su parte el gobierno hace caso omiso de estas listas. Después de la
"exportación" de los presos del Grupo de los 75, continuaron saliendo
algunos que no aparecían en ninguna relación, y que el régimen decidió
salir de ellos, incluso hasta de un traficante de drogas. Se sabe
perfectamente como les gusta a los que mal dirigen el país,
desprestigiar a los que disienten y de forma general también a otras
personas, la experiencia lo ha dado a conocer.
Hay algunos miembros de la oposición interna que contrario a lo
anteriormente expuesto, son juzgados en Salas de Delitos Comunes, para
de esta forma evitar la vinculación política, pero sin embargo todo el
proceso es controlado por la Seguridad del Estado. Algunos de ellos son
llevados a las listas de presos políticos. Pero esto tiene el peligro de
que otros que no han incurrido en problemas vinculados a su actividad
como disidentes, sean consignados también en estos registros.
Igual pasa con la condición de "Preso de Conciencia" que otorga Amnistía
Internacional. Un ejemplo elocuente es el hecho de que dos disidentes:
José Díaz Silva y Darsi Ferrer fueron detenidos por más o menos iguales
fechas. El primero pateado por un oficial de la Seguridad del Estado,
con fotos de constancia por haber ocurrido durante una actividad
política, con el agravante de haber tenido que ser ingresarlo en el
hospital y sancionado como responsable; el segundo por haber adquirido
en el mercado subterráneo material de construcción. No obstante, José
Díaz Silva no fue declarado "Preso de Conciencia"; sin desdorar a Darsi
que si lo es.
Esto es un ejemplo de que no existe un mecanismo ni un control a nivel
de toda la oposición, que permita determinar estas calificaciones, por
lo que se hace muy peligroso el ofrecer listas y cifras al respecto.
Exactamente lo mismo ocurre con las detenciones, si no hay observadores
en todos los municipios del país, es muy difícil determinar el número de
arrestos arbitrarios, incluso porque en numerosas ocasiones, cuando se
está en medio de una actividad programada por una organización o varias,
una misma persona es puesta en libertad y continúa realizando la acción
proyectada y vuelve a ser detenida. Y qué decir de los ciudadanos que
sin ser miembros de la oposición interna son llevados a los calabozos
por cualquier situación e incluso registrados sus bolsos y paquetes en
medio de la calle y ocupadas sus pertenencias, sin ni siquiera un
documento. Lo que se ha hecho una constante en el país, debido a la
corrupción y a la falta de exigencia de los órganos competentes.
Recientemente, el Consejo de Estado emitió el Decreto No.1 de 23 de
diciembre de 2011, indultando total y definitivamente a un total de 2989
sancionados, de ellos el 10,3 % juzgado en las Salas de los Delitos
contra la Seguridad del Estado, con los siguientes resultados:
Provincia Cantidad de Indultados
Ciudad de La Habana 78
Villa Clara 48
Camagüey 62
Santiago de Cuba 120
Total 308
De la cifra de beneficiados, 7 se encontraban en listas de presos
políticos y solo 3 de ellos habían sido juzgados en Salas de los Delitos
contra la Seguridad del Estado. De los cuatro restantes, dos
recientemente juzgados por actividades políticas, pero presentados ante
el Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución.
Aunque hay que descartar una parte de estos 308 indultados, por las
condiciones que se expusieron anteriormente, cabría preguntarse
¿cuántos de ellos son presos políticos? y ¿cuántos quedan en las
prisiones que no están en alguna lista? Todo esto sin contar con los que
cumplen sanción por Peligrosidad Pre Delictiva, que son objeto del odio
del régimen, por no adaptarse y agachar la cabeza.
Es mejor referirse a las injusticias, a los presos sancionados
indebidamente, a las violaciones de los derechos humanos, a las personas
acosadas sin ningún resquemor por la policía, que dar cifras inexactas
que hagan pensar que con un empujoncito se solucionarán los problemas de
la sociedad civil cubana.
Nota: La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios tiene las estadísticas
de los indultados a disposición de quien quiera conocerlas.
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