No hay reformas sin derechos

Legislación

No hay reformas sin derechos
Miriam Celaya
La Habana 04-02-2011 - 2:07 am.

Para que las reformas económicas sean efectivas es necesario un nuevo
sistema jurídico.

Resulta innegable que abordar el tema de la realidad actual cubana pasa
irrefutablemente por las reformas que se vienen produciendo en la esfera
económica, destinadas —en primera instancia— a incentivar la economía
interna con vistas a liberar al Estado del exceso de los mal llamados
"subsidios", compensar la eliminación de más de un millón de puestos de
trabajo estatales y elevar la productividad y la eficiencia laboral,
entre otros objetivos.

El asunto se ha convertido en un atractivo foco para economistas y otros
interesados, a la vez que ocupa la atención de la opinión pública hasta
el punto que es prácticamente imposible conversar con algún colega
foráneo sin que lance la obligada pregunta acerca de la marcha y el
impacto de las nuevas medidas económicas, que parecen constituir el
precario as gubernamental para intentar remontar gradualmente la
profunda crisis nacional.

Obviamente, en las condiciones de inmovilismo de Cuba cualquier conjunto
de propuestas que sugieran o propicien el más leve movimiento podría ser
considerado todo un progreso. Sin embargo, a juzgar por los criterios de
algunos observadores (fundamentalmente extranjeros), existe una
tendencia a magnificar el proceso y a sobredimensionar el efecto
económico de esta "apertura" como vía para una eventual respuesta
positiva, tanto a nivel de la economía como de la sociedad. Tales
criterios se basan en cifras, sin dudas significativas, pero que
reflejan apenas un elemento del fenómeno en su conjunto. En particular,
las más 80.000 nuevas licencias entregadas desde finales de octubre de
2010, según fuentes oficiales, parece constituir el signo principal del
crecimiento de lo que algunos medios han dado en llamar —quizás
demasiado aparatosamente— sector empresarial privado. Sin embargo, hay
que entender que la adquisición de una licencia, por sí sola, no
convierte a nadie en empresario.

Necesidad de un nuevo sistema jurídico

Tras esta primera avalancha de aspirantes a empresarios existen factores
que no se pueden reflejar en cifras y que explican otras aristas del
fenómeno. Uno de ellos es el anhelo, largamente acumulado en la
población, de superar el estado de permanente supervivencia y alcanzar
cierta prosperidad.

Otro factor podría ser la ambición de los individuos de independizarse
del Estado y explotar las propias capacidades. En tanto un tercer
elemento —no necesariamente el último— es la esperanza de colocarse a
tiempo en un mercado potencialmente próspero, para tener ventaja de cara
a eventuales cambios.

Simultáneamente se conoce que —a pesar de que el experimento
"empresarial privado" se encuentra todavía en una fase inicial, diríase
embrionaria— un número indeterminado de nuevos cuentapropistas ha
devuelto sus licencias, debido fundamentalmente al peso financiero de
los abusivos impuestos y a las desventajosas condiciones contractuales,
en general. De estos fracasos no he encontrado reporte oficial alguno.

Es así que la simple afluencia de interesados en obtener licencias para
las actividades por cuenta propia a las oficinas de registro, es apenas
un elemento a tener en cuenta, pero no permite formar un criterio
completo del nuevo experimento "mercantil" del régimen. Por otra parte,
resulta prematuro crearse demasiadas expectativas con las reformas que
—a juzgar por las contradicciones que resaltan desde su implementación—
están permeadas del carácter provisional, incompleto e improvisador del
modelo que las generó.

De las licencias entregadas hasta el momento, un porcentaje nada
despreciable corresponde a legalizaciones de actividades que ya se
venían realizando de manera "subterránea" y no a "nuevos negocios", y
conciernen mayoritariamente a dos renglones específicos de los
servicios: la venta de alimentos y el arriendo de habitaciones a
turistas extranjeros. En un país donde no se produce casi nada, se
importa el 80% de los alimentos, no se ha creado un sistema de créditos
bancarios para efectuar préstamos, no existe amparo jurídico para los
inversores nacionales, no se ha creado un mercado mayorista para
garantizar la materia prima e insumos necesarios a tales actividades, el
mercado minorista ofrece precios extremadamente elevados y se
caracteriza por la inestabilidad y pobreza de la oferta (así como por
los altos impuestos), podría afirmarse que el gobierno ofrece más
dificultades que facilidades al desarrollo del sector privado.

El carácter, profundidad, ritmo y alcance de las reformas necesarias
para transformar una economía centralizada y férreamente controlada por
el Estado-Gobierno-Partido, en otra que combine la propiedad estatal con
formas de propiedad individual-familiar y cooperativa, traen consigo
inevitablemente un proceso de experimentación y reajustes que
consolidaría las grandes diferencias sociales que se venían produciendo
desde años precedentes. No se ha dado a conocer hasta ahora ningún
programa oficial destinado a enfrentar la contingencia de una ola de
despidos que pondrá en paro a más del 20% de la fuerza laboral del país
y los consiguientes conflictos sociales que se generen de ella.

Con seguridad, el pequeño sector privado no podrá absorber tamaña
cantidad de mano de obra liberada, ni esa masa estaría en condiciones de
convertirse en empresariado. De manera que sería inexplicable la
reticencia gubernamental a flexibilizar el proceso y favorecer la
consolidación de dicho sector, si no tuviéramos en cuenta que ello
supondría un debilitamiento del poder al desaparecer la subordinación de
la economía a la ideología.

Está claro que la tendencia del gobierno a estandarizar pensamientos y
acciones de los individuos para convertirlos en "masa" uniforme, ha
acabado afectando también su perspectiva respecto de la sociedad en su
conjunto. Los cambios económicos en una sociedad totalitaria, por
mínimos que sean, podrían condicionar a la larga una cadena de
transformaciones sociales que darían lugar a una Cuba muy diferente de
la que conocemos hoy… Con independencia de lo que se proponen las
reformas del General Raúl.

Algunos indicadores sociales tampoco han sido analizados hasta ahora por
los más apologéticos pro-reformistas, como pudiera ser, entre otros, la
naturaleza discriminatoria de la aplicación de las medidas, que impone a
los nuevos inversores una tributación mayor que la de los particulares
que ya habían obtenido licencias en virtud de la anterior reforma.

El hecho de que no exista al alcance de la población un documento legal
que exprese claramente cómo se establecen las medidas en cada actividad,
los requisitos particulares en cada caso, así como las obligaciones y
los derechos de los inversores, crea una nebulosa de indefiniciones que
favorece la especulación y la corrupción de los funcionarios encargados
del proceso, así como la indefensión de los que se arriesgan a invertir
en el sector privado. Para resumirlo en una sencilla frase: en un Estado
donde no existen derechos ciudadanos no hay garantías legales para los
esclavos que aspiran a libertos.

Es preciso, entonces, establecer un sistema jurídico que respalde las
libertades individuales y colectivas. Es impostergable, hoy más que
nunca, que el gobierno cubano ratifique la firma de los Pactos de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que —junto al de Derechos
Políticos— firmara en febrero de 2008. Lejos de considerar las actuales
reformas como una oportunidad para los cubanos, esta es la ocasión más
propicia para que el gobierno de la Isla demuestre alguna voluntad de
respetar a su pueblo, reconociendo ante la comunidad internacional y
ante la nación los Derechos que le corresponden. Sólo entonces podremos
hablar legítimamente de verdaderas reformas, de prosperidad o de avances.

http://www.diariodecuba.com/cuba/2967-no-hay-reformas-sin-derechos