Expertos y activistas: Cuba es peor que Arizona

Expertos y activistas: Cuba es peor que Arizona
Viernes 21 de Mayo de 2010 21:07 Michel Suárez

Varios expertos y activistas de derechos humanos reaccionaron a la
"demagogia" del régimen cubano en materia de inmigración, tras una
declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular que califica de
"racista" y "xenófoba" la ley aprobada recientemente en Arizona (EE UU).
El comunicado de La Habana estuvo antecedido por una tromba de artículos
en la prensa oficial.

"¿Cómo calificar los ómnibus y trenes que salen todos los viernes de La
Habana con orientales deportados a sus provincias?", pregunta Elizardo
Sánchez Santacruz, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN).

El activista denuncia que "decenas de miles de cubanos" han sido
expulsados de La Habana en los últimos años, como si la gente de otras
provincias fuera "una etnia aparte". También dijo que "incluso hay
personas en las cárceles" por reincidir en su intento de radicarse en la
capital del país.

El Decreto 217, del 22 de abril de 1997, sobre las regulaciones
migratorias internas para la Ciudad de La Habana, faculta a la Policía
Nacional Revolucionaria a actuar contra los provincianos y devolverlos a
sus lugares de origen.

"Ah, eres oriental. ¿Y qué haces en La Habana?", preguntó una mujer
policía a Daniel Martínez, un guantanamero a quien detuvieron en dos
ocasiones por pasear por La Rampa y la Habana Vieja, respectivamente.

"Mientras averiguan qué haces en la capital, te montan en una guagua y
te llevan a la estación de policía, como si fueras un delincuente. Allí
estuve seis horas", asegura Martínez.

La ley de Arizona (SB 1070 y HB 2162) permite a las autoridades requerir
a una persona sobre su estado migratorio cuando haya "contacto legal".
Además penaliza, entre otras cuestiones, a quienes transporten o den
protección a los "sin papeles". El decreto cubano 217/1997 multa a los
propietarios de viviendas que acojan a cualquier persona "proveniente de
otro territorio del país que no haya realizado los trámites legales".

Los "ilegales" que va repartiendo el "tren lechero" terminan, muchas
veces, en centros de internamientos (las denominadas "granjas") o en
prisiones preventivas, asegura el periodista independiente Juan Carlos
Hernández, director de la agencia Aplopress. Los más "afortunados" sólo
pagan una multa de 500 pesos.

"Por un lado, el gobierno cubano critica las violaciones de derechos
humanos en Arizona, pero internamente viola el artículo 13 de la
Declaración Universal. ¿Y nosotros qué? Eso es doble moral", repara
Hernández.

Las redadas antiinmigrantes capitalinas afectan lo mismo a ciudadanos en
gestiones médicas o familiares, que a los que disfrutan de unas simples
vacaciones. Daniel Martínez dice que un salvoconducto otorgado por los
CDR evitaría la detención en La Habana, según le informó la última vez
uno de los uniformados.

Jorge Graupera Expósito, abogado del bufete hispano-cubano Legal City,
con sede en Barcelona, considera que el decreto 217/1997 es "inhumano" y
tiene sus antecedentes en la URSS, donde uno similar estuvo en vigor
para "proteger" a Moscú.

"También tiene su origen en la situación de las macrocapitales del
tercer mundo. Hay razones sociológicas que lo sustentan, porque si no
tendríamos una capital de seis millones de habitantes; pero es sin dudas
una violación de los derechos humanos", apunta.

Vivir en Cuba, un problema

Analistas consultados concuerdan en que la terrible situación económica
y las severas leyes existentes impiden que Cuba sea un país receptor de
inmigrantes, como lo fue hasta los años 50.

En la Isla, la inmigración ilegal es delito, según el Código Penal
vigente, que en su artículo 215 prevé cárcel de hasta tres años para los
que entren a territorio nacional sin cumplir las "formalidades legales o
las disposiciones inmigratorias". Los extranjeros con visas vencidas
también son expulsados inmediatamente.

En su momento, La Habana cuestionó la "normativa de retorno" de la Unión
Europea, que contempla detenciones limitadas y expulsiones, pero con
mayores garantías legales para los afectados que en Cuba.

Jorge Graupera Expósito cree, sin embargo, que el delito de "entrada
ilegal" estuvo justificado, porque hubo que "frenar los ataques
costeros" y temas vinculados con la droga.

"Es incluso una figura prerrevolucionaria. No tiene connotación
política", considera.

El abogado disidente René Gómez Manzano, presidente de la Corriente
Agramontista y portavoz electo de la Agenda para la Transición, opina
distinto.

"El delito de 'entrada ilegal' lo aplican con severidad. Es inaudito que
se critiquen leyes extranjeras cuando aquí eso existe", apunta.

Recientemente, la edición española de la revista Foreign Policy publicó
una lista con las peores leyes de inmigración del mundo, pero no incluyó
el caso de Cuba. Sí menciona la italiana de 2009, que penaliza a los
inmigrantes ilegales con severas multas y permite a su detención hasta
seis meses, y la australiana de 1992, que prevé la detención de los
ciudadanos sin visado válido.

La ley cubana de extranjería (1313/1976) impide a los extranjeros
indocumentados acudir a los tribunales o dependencias del Estado para
realizar trámites oficiales. "El funcionario judicial o de la
dependencia estatal estará en la obligación de dar cuenta al Ministerio
del Interior", exige.

"Los criterios para autorizar a un extranjero a vivir en Cuba son
políticos y no jurídicos", afirma Elizardo Sánchez Santacruz, y añade
que las leyes migratorias del país "son excluyentes y violatorias de los
derechos humanos".

Graupera Expósito recuerda que en 1959, el consulado de Cuba en Roma
había recibido 20.000 solicitudes de italianos que deseaban emigrar a la
Isla.

"Cuba era la vanguardia mundial en asuntos de extranjería. Antonio
Sánchez de Bustamante ideó el 'Código Bustamante' del Derecho
Internacional Privado, pero éste dejó de tener efecto en 1961. Ahora es
sólo una pieza de museo", dice.

Nativos sin derechos

La arbitrariedad de la legislación local tiene su grado mayor en el
tratamiento a los emigrados y a sus hijos nacidos en el extranjero.
Según una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el
gobierno sólo reconocerá la nacionalidad cubana a menores de padres con
"permiso de residencia en el exterior" (PRE, autorización oficial del
régimen).

"Las solicitudes de los hijos menores de edad de emigrados cubanos no
proceden", dice la nota distribuida a los consulados, que contradice
abiertamente una ley de ciudadanía que data de 1944.

Uno de los casos discriminatorios más recientes terminó en tragedia. El
ciudadano Adrián Leiva Pérez falleció aparentemente ahogado en las
costas de la Isla cuando intentaba visitar a su madre enferma. En los
cinco años anteriores, el régimen le había prohibido reinstalarse en su
propio país.

http://www.diariodecuba.net/cuba/81-cuba/1713-expertos-y-activistas-cuba-es-peor-que-arizona.html