Juan Mario Rodríguez.
LA HABANA, Cuba, enero, (www.cubanet.org) -El gobierno cubano,
vilipendiando la Declaración Universal de Derechos Humanos, mantiene
secuestrados a cientos de personas que desean emigrar y tienen
autorizaciones de varios países para residir en ellos. Para salir de
Cuba es imprescindible que el Departamento de Inmigración del Ministerio
del Interior conceda a los pretendientes un "permiso de salida",
aquiescencia a la que los nacionales han nominado con un sugestivo e
irónico título: Carta Blanca.
La Carta Blanca no es precisamente un funcionamiento solitario, sino un
vermicular "as bajo la manga" que el siniestro Departamento de Seguridad
del Estado (DSE) juega, según los intereses gubernamentales, contra
opositores políticos y disidentes, familiares de desertores y, también,
contra los especialistas de la salud y la educación que tienen la
intención de emigrar de manera legal y segura; un perverso mecanismo que
obstaculiza, de facto, el flujo migratorio, impidiendo que familias
cubanas se reunifiquen a salvo del gulag comunista institucionalizado y
perfeccionado en la isla por los liberticidas.
El destino final de gran parte de los perjudicados por la negación de
las "cartas blancas" es Estados Unidos de América. Allí radica la más
numerosa y multigeneracional comunidad de todos los exiliados cubanos
que se encuentran diseminados por el planeta.
Según información ofrecida por la Sección de Intereses de los Estados
Unidos en La Habana, el cierre del año fiscal 2008 arrojó que 238
personas autorizadas para residir en el norteño vecindario reportaron
que no han recibido los permisos de salida, que el gobierno no otorga
por diversas causas, con argumentos que, en tanto harto conocidos, no
son asumidos por las autoridades -específicamente las de inmigración-,
que se limitan a informar a los afectados, ambiguamente, de la
imposibilidad de viajar porque los "trámites no están terminados" o,
simplemente, que "no viajarán por el momento", como sentenciaron a éste
comunicador el pasado año en la Dirección de Inmigración del municipio
capitalino 10 de Octubre.
Esta arbitraria política de estado ha sido rechazada abiertamente por el
pueblo cubano, de tal manera que desde hace algún tiempo se rumora que
será abolida. La más reciente demostración en su contra la
protagonizaron, también el pasado año, once firmantes de una carta
dirigida el 28 de julio a Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones
Exteriores, en la que acusaron al gobierno de violar sus derechos
contemplados en los Artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ambos instrumentos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) de la que la República de Cuba es miembro. Los opositores,
acogidos por el Programa de Refugiados del gobierno de los Estados
Unidos, no han obtenido una respuesta oficial – satisfactoria, hay que
aclarar, porque algunos de ellos han sido cuestionados por oficiales del
DSE-, aún cuando transcurrió el tiempo establecido (sesenta días) para
tal efecto . Indudablemente el gobierno no puede perdonar semejante
"atrevimiento", según expresara el pasado 1 de octubre un funcionario
del Departamento de Atención a la Población del MINREX.
La Carta Blanca, más allá de la eterna polémica sobre la preeminencia
del Derecho Natural sobre el Derecho Positivo, es un irracional
instrumento que coarta elementales derechos humanos y, por tanto, sitúa
a sus perpetradores –las autoridades cubanas- en una flagrante y abusiva
posición de fuerza que no deben dejar de advertir el Consejo de Derechos
Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y todos los que aman la justicia y la paz en éste mundo.
Hablar de los rehenes de La Habana no es meramente la prerrogativa de
unos pocos individuos inconformes a los que el gobierno cubano no les
permite eludir supuestos formalismos que atañen a la seguridad nacional.
En todo caso, los cientos de personas que permanecen en Cuba, podemos
decir, de manera forzosa, privados de la posibilidad de rehacer sus
vidas en otras tierras por la animadversión oficialista, forman un grupo
real cuyas decisiones tienen un enorme peso social, pero sobre el que
penden serias amenazas, incluyendo, sin dudas, las posibles contra la
integridad física.
El gobierno cubano usa a la ONU para presentar ante la Asamblea General
propuestas de resoluciones contra el embargo mantenido por los Estados
Unidos - acciones que en los últimos años han recibido el apoyo casi
unánime del cónclave- y para articular en el país campañas
propagandísticas -que se extienden allende la ínsula- contra los Estados
Unidos. Sin embargo, cuando de las condenas que la extinta Comisión de
Derechos Humanos emitió en su contra por más de quince años se trató,
hasta que en el 2006 se convirtió en Consejo de Derechos Humanos, se
pudieron constatar los intentos reiterados e infructuosos, por parte de
La Habana, de minimizar el impacto de los resultados.
Además, no se permitió –descaradamente- la entrada a la isla de la
Relatora Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la jurista francesa Christine Chanet. En una ocasión,
enredado como siempre en sus propias palabras, el maestro de ceremonias
del régimen (Pérez Roque) calificó con desatino a la repulsa de la
comisión contra Cuba como una "victoria pírrica".
Así es como han funcionado y aún funcionan las cosas por acá,
manipuladas siempre por los fracasados de la nomenclatura apoderada que
reconocen, al menos, haber cometido algunos gazapos en los últimos
cincuenta años. Probablemente incluyen entre ellos los miles de
secuestros practicados en nombre de la justicia social, de la cual se
erigieron paladines.
Hace algunos días un oficial del DSE obligó a una colega a mirar una
lista con nombres de personas que, aseguró, no viajarán si son aprobadas
como refugiados. De ésos y demás atropellos dialogaremos en otro momento.
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