La Habana rechaza en Ginebra los señalamientos sobre presos políticos,
tortura y restricciones a las libertades
El régimen desaprobó una docena de recomendaciones al respecto. Dijo que
están 'en contra del derecho a la autodeterminación' y reflejan una
'inexplicable desinformación' sobre la Isla.
Mary Simón, Ginebra | 09/02/2009
La Habana rechazó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
la liberación de los presos políticos, insistió en no admitir la
existencia de casos de torturas, y se desentendió de las recomendaciones
hechas por países occidentales en busca de un cambio en la aplicación de
leyes contra la oposición interna, y del levantamiento de las
restricciones a la libertad de expresión y de asociación.
La actitud asumida por la delegación cubana en el primer Examen
Periódico Universal al que se somete la Isla, dejo bien claro que el
régimen no está abierto a las críticas, ni siquiera a las constructivas,
provenientes de países democráticos o amigos.
La ministra de Justicia, María Esther Reus, dijo que el gobierno estaba
satisfecho de lo que en Ginebra se conoce como "diálogo interactivo", es
decir, el debate acerca del informe presentado por el país ante el
mecanismo de Examen Periódico Universal, que rige al Consejo.
La discusión sobre Cuba tuvo lugar el pasado jueves. Este lunes se
presentó el documento que recoge las conclusiones.
De las casi 90 recomendaciones hechas a La Habana, la ministra de
Justicia dijo que la delegación cubana aceptó, de inmediato, 60; otras
17 serán respondidas por escrito antes de junio, cuando el Consejo se
reúna adoptar el informe del grupo de trabajo que analizó el caso de la
Isla. Un tercer grupo, de 12 recomendaciones, fue rechazado por estar
"en contra de los derechos a la autodeterminación del pueblo de Cuba",
según la funcionaria.
Lo que La Habana acepta
Las recomendaciones aceptadas por el gobierno son, principalmente, las
hechas por los miembros del Movimiento de Países no Alineados, que
alaban los éxitos de la Isla en educación y salud, y la cooperación
internacional en esos mismos sectores.
En ese contexto, esta la arenga hecha por Venezuela para que Cuba "siga
profundizando en la construcción del socialismo, bajo principios de
solidaridad y justicia y en el reforzamiento de la participación
ciudadana en la democracia pro activa". Curiosamente, esa idea aparece
en el primer párrafo de las recomendaciones recogidas por la troika que
dirigió el análisis sobre la Isla, integrada por Uruguay,
Bosnia-Herzegovina y Gabón.
El embajador de Uruguay, Alejandro Artucio, al presentar las
conclusiones, resalto el "dialogo y la cooperación desempeñados por Cuba
durante todo el examen", e introdujo algunos cambios en la redacción del
informe final a petición de Bután, Federación de Rusia y Azerbaiyán,
entre otros.
Artucio indicó que los miembros del Consejo tiene dos semanas para
modificar, mejorar o cambiar alguna de sus intervenciones durante el debate.
Las 17 sugerencias que La Habana dijo responderá por escrito
corresponden a peticiones formuladas por naciones como Canadá, Holanda,
Francia, Italia, Suiza, Chile, Italia, Brasil, Gran Bretaña, Francia.
Entre ellas entran la rápida ratificación de los pactos sobre derechos
sociales, económicos y culturales, y los derechos civiles y políticos,
pilares del sistema de derechos humanos de la ONU.
Asimismo las referidas a la situación en las prisiones, las medidas
adoptadas para enfrentar la prostitución infantil, la independencia
judicial, y la extensión de invitaciones para que todos los relatores
del sistema de derechos humanos visiten el país.
Las recomendaciones rechazadas
El rechazo absoluto fue para una docena de recomendaciones hechas por
varios países occidentales, que buscaban el fin de medidas restrictivas
contra la oposición interna y contra la libertad de expresión y de
asociación, así como la liberación de los presos de conciencia y el
mejoramiento de las condiciones en las cárceles.
La ministra Reus afirmó que esas sugerencias reflejan una "inexplicable
falta de información". No obstante, dijo que el gobierno confirmaba su
compromiso de cooperar con el sistema de la ONU, un compromiso que
algunos expertos estiman se aplica selectivamente, en función de los
intereses de La Habana.
Las recomendaciones hechas en los párrafos 53 (b) y (c), 64 (a), 79 (c)
y (d), 96 (b), 105 (b), 106 (a), 109 (b) y (c), y 110 (b) y (c) "fueron
rechazadas por Cuba, sobre la base de que de una u otra forma
interfieren sus derechos de libre determinación y el derecho soberano a
escoger su sistema político, económico y judicial", dice el documento de
conclusiones del debate sobre Cuba, citando a la delegación de la Isla.
Además, porque "ningún país puede aceptar sugerencias que contribuyan a
aplicar políticas diseñadas por super-potencias con el objetivo de
destruir un legítimo orden constitucional escogido por el pueblo",
añade, en una aparente referencia a Estados Unidos.
La Habana tampoco acepto que en Cuba se practicase la tortura,
independientemente de las denuncias de Amnistía Internacional, la
Organización Mundial contra la Tortura, y Human Right Watch, entre otras
ONG que, junto a grupos de la disidencia interna y el exilio,
presentaron numerosos testimonios.
Durante el debate del 5 de febrero, la delegación cubana dijo que donde
único se torturaba era en la base naval de Guantánamo, y que cuando el
actual presidente estadounidense, Barack Obama, logre cerrar ese centro
de detención, ya no se hablará más de torturas en el territorio de la Isla.
La postura latinoamericana
La posición asumida por Latinoamérica no fue homogénea. Si bien las
representaciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Honduras,
Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana se dedicaron en
ensalzar los avances atribuidos a Cuba en educación, vivienda y salud,
otros como Brasil, Chile y México formularon algunas importantes
sugerencias.
Esos países, pidieron al régimen adherirse al Estatuto de Roma del
Tribunal Penal Internacional, acelerar la ratificación de los pactos de
derechos económicos, sociales y culturales, así como el referido a los
derechos civiles y políticos.
No faltaron insistentes voces para que se mantenga la moratoria
establecida en 1992 sobre la no aplicación de la pena de muerte (rota en
2003 con la ejecución de tres hombres que secuestraron una embarcación
de pasajeros), con vistas a la total abolición de este castigo. Al
respecto, se recordaron llamamientos hechos en años anteriores por
Amnistía Internacional —entre otras importantes ONG— para que las
autoridades cubanas se abstengan de imponer esta medida a opositores
bajo supuestos cargos de atentado contra la seguridad del estado.
En las intervenciones de Brasil y Chile quedo explícita la preocupación
sobre la importancia de una efectiva independencia de los procedimientos
y de la administración judicial, y por que exista una protección
adecuada para quienes defienden los derechos humanos, ya que bajo las
condiciones de democracia que rigen en esos países son principios clave.
También hubo llamados al gobierno para que, a tenor del pacto de
derechos civiles y políticos firmado el pasado año y pendiente de
ratificación, se ofrezcan garantías efectivas a la libertad de expresión
y al respeto a la libertad de movimiento, tanto dentro como fuera de la
Isla, tal y como lo expuso el embajador chileno, Carlos Portales, en el
debate.
La maniobra cubana en su primer Examen Periódico Universal suscitó
preocupación entre gobiernos democráticos y organizaciones no
gubernamentales, que temen el inicio de un nuevo estilo de politización:
la que podrían ejercer en el escenario del Consejo de Derechos Humanos
los estados miembros del Movimiento de Países No Alineados, que La
Habana preside actualmente.
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