Atados de pies y manos

Economía
Atados de pies y manos

El primer paso para salir del abismo económico y social sería reconocer
los derechos de los campesinos.

Leonardo Calvo Cárdenas, La Habana | 08/10/2008

Aquel 17 de mayo de 1959, en lo que fuera la comandancia de Fidel Castro
en La Plata, en la Sierra Maestra, se firmó la primera ley de Reforma
Agraria, lo cual significó uno de los primeros ejemplos de egocentrismo
caudillista de la naciente revolución.

Sí, porque la ley no se rubricó en Realengo 18, enclave paradigmático de
la lucha por los derechos campesinos, o en la finca El Vínculo, donde el
líder agrario Niceto Pérez perdió la vida enfrentando la soberbia
latifundista, o en Soledad de Mayarí Arriba, en que el Segundo Frente
guerrillero, que organizó mucho y combatió poco, promovió la celebración
de un congreso campesino en armas.

Con las leyes de reforma agraria (mayo de 1959 y octubre de 1963), la
revolución barrió de un plumazo, o mejor dicho, de dos plumazos, el
patrimonio económico de las empresas extranjeras hasta ese momento
asentadas en la Isla; de los grandes hacendados y ganaderos nacionales,
que en su gran mayoría eran modelos de eficiencia y productividad. Las
leyes de reforma agraria borraron del mapa económico un eslabón tan
importante de la cadena productiva como el colonato. Para realizar el
desmontaje de las estructuras socioeconómicas tradicionales del campo
cubano, el alto liderazgo no tomó en cuenta, ni siquiera, el aporte y
respaldo que muchos propietarios agrícolas hicieron al proyecto
revolucionario.

Las leyes de reforma agraria crearon la categoría económica de pequeño
agricultor, por demás, única propiedad privada jurídicamente reconocida
en la Isla, ente que nació atado de pies y manos por una tupida urdimbre
de legislaciones restrictivas que han limitado hasta la saciedad el
desenvolvimiento de lo que a pesar de todo ha sido el único sector
productivo y eficiente de la agricultura.

Así, el "gobierno revolucionario" —como todavía se hace llamar— se
convirtió en el latifundista supremo, acaparando el 85% de la superficie
cultivable del país, la economía socialista dio su primer paso hacia un
abismo insoluble y el pueblo comenzó su largo vía crucis de penurias y
carencias.

El reinado del marabú

De experimentos voluntaristas, descabellados, fallidos, y de subsidios
tan abultados como mal gastados, enfermó incurable la economía nacional,
al punto que el actual presidente estrenó su mandato lamentando la
dependencia exterior que padece la alimentación nacional y el extendido
reinado del marabú en los subutilizados campos de la Isla.

El caso es que setenta años después que la Constitución de 1940 legisló
contra nuestro principal flagelo económico y refrendó el regreso de la
tierra a manos de los que la trabajan, uno se encuentra ante el mismo
dilema: el latifundio, ahora estatal e improductivo, que retrasa, y los
laboriosos hombres del campo impedidos de hacer un aporte capital a la
evolución económica a causa de la indolencia de la élite.

El actual gobierno, según su discurso, parece estar conciente de su
propia ineficacia productiva, así como de lo grave que es para el
presente y el futuro del país seguir importando más del 80% de los
alimentos que se consumen en una nación de reconocidas tradiciones y
potencialidades productivas. Sin embargo, lamentablemente, el alto
liderazgo de la Isla no parece estar dispuesto a demostrar la audacia y
responsabilidad necesarias para renunciar a un monopolio que, en medio
siglo, sólo ha servido para controlar la sociedad y destruir el cuerpo
económico.

El gobierno acumula todo el poder, la mayor parte de la superficie
cultivable, pero también la máxima responsabilidad por una debilidad
económica que golpea duro la cotidianidad del ciudadano común y
compromete seriamente el futuro de una nación estremecida por las
crecientes desigualdades, la corrupción, la violencia y la pérdida de
valores, que el monopolio informativo y el interminable discurso
acrítico y triunfalista del oficialismo no pueden esconder.

Cada minuto que se pierda para abrir los espacios al libre
desenvolvimiento de los ciudadanos y reordenar en positivo las
relaciones económicas internas será nefasto para el reto de construir la
Cuba de prosperidad y equilibrios soñada por tantos años. Renunciar al
latifundio a través de reconocer, por fin, los legítimos derechos de los
que trabajan la tierra puede ser el histórico primer paso de un gobierno
comprometido con el bienestar de sus ciudadanos y la seguridad nacional,
para salir del abismo económico y social que agobia el país.

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