Miriam Leiva
LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) - Raúl Castro anunció la
conmutación de la pena de muerte a un grupo de sancionados por parte del
Consejo de Estado a propuesta del Buró Político del Partido Comunista,
al clausurar el pleno de esa organización.
Si sorprendente había sido la información el pasado 28 de abril sobre la
realización del pleno, más aún resultó conocer que en Cuba se estaba
perdonando a personas que durante años sufrían la angustia de
enfrentarse a la muerte a plazo fijo.
Independientemente de que se trata de personas que han cometido serios
crímenes, es cruel en cualquier parte del mundo que seres humanos vivan
con tanta zozobra mental. Aún se recuerda las injustas ejecuciones de
tres jóvenes negros en abril de 2003 por el delito de haber intentado
secuestrar una embarcación para escaparse a Estados Unidos, alentados
por la propaganda del gobierno cubano de que "si no te gusta esto, te
vas". No cometieron hechos de sangre y, si bien es condenable tal
acción, la medida ejemplarizante fue desproporcionada, sobre todo porque
se realizó un juicio sumarísimo y el fusilamiento se produjo
inmediatamente sin comunicarlo a los familiares que despertaron con la
violenta noticia.
Días antes, una inmensa ola represiva llevó a prisión a 75 pacíficos
activistas de derechos humanos, periodistas, economistas y
bibliotecarios independientes, la mayoría de los cuales habían
contribuido a recolectar firmas y divulgar el Proyecto Varela, para
pedir un referendo a la Asamblea Nacional en concordancia con la
Constitución vigente. Era indudable el propósito de restituir el miedo
entre la población e incluso entre quienes en el partido y el gobierno
reconocían calladamente la necesidad de cambios. Aunque las autoridades
aprovecharon la invasión de Iraq, no pudieron silenciar tan inmensas
injusticias.
Pasados 5 años y dos meses, 55 de los 75 prisioneros de conciencia de
los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003 permanecen en las severas y
miserables cárceles de Cuba, la mayoría aquejados de serias enfermedades
contraídas durante su cautiverio, y 9 con licencia extrapenal por
motivos de salud pueden ser regresados a prisión en cualquier momento.
Miguel Valdés Tamayo falleció en un hospital de La Habana el 10 de enero
de 2007 por la tensión a que estaba sometido y no recibió permiso para
salir del país a pesar de contar con visas de Holanda y Estados Unidos.
Estas personas pacíficas, en su mayoría muy humildes, han estado
preocupados por contribuir al mejoramiento de nuestra Patria, como es
deber y derecho de todos los cubanos. No sólo fueron condenados ellos,
sino también sus ancianos padres, pequeños hijos e indefensas esposas.
Como dijera hace unos meses Raúl Castro refiriéndose a otros presos, las
madres y la familia son los que más sufren.
La modificación de una medida tan severa como la pena de muerte, según
expresara Raúl Castro por convencimiento propio, como acto soberano, en
consonancia con una conducta humanitaria y ética, crea la expectativa de
que igualmente el Presidente y las autoridades que colaboran en la
dirección de Cuba, estén animados del espíritu de justicia y no de
venganza hacia los prisioneros de conciencia. Ellos han soportado estos
años y se consumen en las cárceles sin que mengue su dignidad.
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