Eventos de 2007
Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen
casi todas las formas de disensión política. No ha habido
significativos cambios en las políticas desde que Fidel Castro
transfirió el control directo del gobierno a su hermano Raúl Castro en
agosto de 2006. El gobierno continúa imponiendo el conformismo
político a través de procesos penales, detenciones con penas de corto
y largo plazo, hostigamiento de personas a través de turbas,
advertencias policiales, vigilancia, arrestos domiciliarios,
restricciones de viaje, y despidos laborales motivados políticamente.
El resultado final es que los derechos fundamentales a la libertad de
expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento, y al debido
proceso legal, son sistemáticamente negados a los cubanos.
Fallas legales e institucionales
Las estructuras legales e institucionales de Cuba son la raíz de las
violaciones a los derechos. Aunque en teoría las diferentes ramas del
gobierno tienen áreas de autoridad separadas y definidas, en la
práctica, el ejecutivo mantiene el control sobre todos los otros
resortes del poder. Las cortes, que padecen de falta de independencia,
socavan el derecho a un juicio justo al restringir severamente el
derecho a la defensa.
El Código Penal de Cuba facilita las bases legales para la represión
del disenso. Las leyes que criminalizan la propaganda enemiga, la
difusión de "noticias no autorizadas" y el insulto a símbolos
patrióticos, son utilizadas para restringir la libertad de expresión
bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado. Asimismo, el
gobierno encarcela u ordena la vigilancia de individuos que no han
cometido ningún acto ilegal, amparándose en disposiciones que
penalizan el "estado peligroso" y que permiten la "advertencia
oficial".
Encarcelamiento político
En julio de 2007, la comisión Cubana de Derechos Humanos y la
Reconciliación Nacional, un respetado grupo local de derechos humanos,
divulgó una lista de 240 prisioneros encarcelados por razones
estrictamente políticas. La lista incluye los nombres de 12 disidentes
pacíficos que fueron arrestados y detenidos en el primer semestre de
2006, cinco de los cuales fueron detenidos por acusaciones de
"peligrosidad." De 75 disidentes políticos, periodistas independientes
y defensores de derechos humanos que fueron sometidos a juicios
sumarios en abril de 2003, 59 aún permanecen presos. Purgando condenas
de 20 años en promedio, los disidentes padecen condiciones lamentables
y tratamiento punitivo en prisión.
Aunque la cifra de prisioneros políticos ha disminuido en el último
año, esta reducción no puede ser atribuida a la indulgencia o a un
cambio de política por parte del gobierno. Los prisioneros políticos
que fueron liberados cumplieron la integridad de sus sentencias. En
septiembre de 2007, aproximadamente 30 activistas fueron arrestados y
detenidos por 24 horas. De acuerdo a Jorge Luis García Pérez, uno de
los prisioneros liberados, --quien fue liberado de prisión en mayo de
2007, después de cumplir una condena de 17 años--los prisioneros
soportaron palizas, registros desnudos y amenazas de arrestos
futuros.
Restricciones de viajes y separaciones familiares
El gobierno de Cuba prohíbe a los ciudadanos de su país salir o
regresar a Cuba sin obtener antes un permiso oficial, el cual es a
menudo denegado. Un viaje no autorizado puede resultar en un proceso
penal. En mayo de 2006, Oswaldo Payá, un conocido defensor de derechos
humanos, fue distinguido con un doctorado honorario en leyes por la
Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, en reconocimiento
a su trabajo. Sin embargo, las autoridades cubanas le denegaron la
visa de salida y Payá no pudo recibir el título en persona.
El gobierno niega frecuentemente a los ciudadanos legalmente
autorizados para viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al
extranjero, en esencia manteniendo a los niños como rehenes para
garantizar el retorno de los padres. Dado el temor general a la
separación forzosa de familiares, estas restricciones para viajar le
proporcionan al gobierno cubano una poderosa herramienta para castigar
a tránsfugas y silenciar a críticos.
Libertad de expresión y reunión
El gobierno de Cuba mantiene un monopolio de los medios de
comunicación en la isla, asegurando que la libertad de expresión sea
prácticamente inexistente. A pesar de que un pequeño número de
periodistas logran escribir artículos para páginas Web del extranjero,
o para publicar clandestinamente sus boletines informativos, los
riesgos asociados con el desempeño de estas actividades son notables.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, hasta julio de 2007, 25
periodistas se encontraban cumpliendo sentencias en Cuba. La mayor
parte de ellos fueron acusados de amenazar "la independencia nacional
y la economía de Cuba." Esto convierte a Cuba en el país con el mayor
número de periodistas en prisión, después de China.
El acceso a la información a través del Internet también se encuentra
sumamente restringido en Cuba. A finales de agosto de 2006, el
disidente y periodista independiente Guillermo Fariñas dio fin a una
huelga de hambre de siete meses en oposición a las políticas del
régimen en relación al Internet. Fariñas inició su huelga después de
que las autoridades cubanas eliminaron su acceso al correo
electrónico, que había sido usado para enviar informes al exterior
describiendo ataques contra los disidentes y otros abusos a los
derechos humanos.
La libertad de reunión en Cuba se encuentra seriamente restringida y
disidentes políticos tienen prohibido reunirse en grupos grandes. Esto
fue evidenciado a mediados de septiembre del 2006, durante la 14ava.
Cumbre de Países No Alineados en la Habana, cuando el gobierno cubano
dictó una prohibición a todas aquellas reuniones que pudieran dañar la
"imagen" de la ciudad.
Condiciones penitenciarias
Por lo general, los prisioneros son confinados en condiciones
deplorables y abusivas, a menudo en celdas abarrotadas. Los
prisioneros típicamente pierden peso y algunos reciben atención médica
inadecuada. Otros deben aguantar abuso físico y sexual, generalmente
por parte de otros internos y con el consentimiento de los guardias.
Los prisioneros políticos que denuncian las malas condiciones de
encarcelamiento o que no obedecen las reglas de la prisión, son
frecuentemente castigados con largas penas de confinamiento en celdas
aisladas, restricción de visitas o negación de tratamiento médico. En
octubre de 2006, Juan Carlos Herrera Acosta, sentenciado a 20 años de
prisión en el 2003 después de las medidas represivas adoptadas por el
gobierno contra los disidentes, fue apaleado y arrojado a una celda
infestada con ratas e insectos después de exigir su derecho a llamar
por teléfono a su familia. Algunos prisioneros políticos han llevado
adelante huelgas de hambre en protesta por las condiciones abusivas en
las prisiones y el maltrato de los guardias.
Pena de muerte
Bajo las leyes cubanas, la pena de muerte existe para castigar una
amplia variedad de crímenes. Es difícil establecer la frecuencia con
que esta pena se practica, porque Cuba no divulga información en
relación a este hecho. Sin embargo, de acuerdo a lo que se conoce,
ninguna ejecución ha sido practicada desde abril de 2003.
Defensores de los derechos humanos
Al negarse a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una
actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a los grupos
locales de derechos humanos. Los individuos que pertenecen a estos
grupos enfrentan acoso sistemático, y el gobierno impide sus esfuerzos
para documentar las condiciones de los derechos humanos en la isla.
Además, grupos internacionales de derechos humanos --como Human Rights
Watch y Amnistía Internacional-- han sido prohibidos de enviar misiones
a Cuba en busca de hechos factuales. Cuba sigue siendo uno de los
pocos países en el mundo que se niega a permitir el acceso a sus
prisiones al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Actores internacionales claves
En junio de 2007, rindiéndose ante la presión política, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó el mandato del
experto de la ONU encargado de informar sobre las condiciones de los
derechos humanos en Cuba.
En diciembre, el gobierno cubano anunció su intención de ratificar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La
ratificación, si ocurriera, representaría un quiebre importante con la
negativa de Cuba durante años a reconocer estos tratados básicos de
derechos humanos.
El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, que se encuentra
en vigor por más de cuatro décadas, continúa imponiendo privaciones
indiscriminadas al pueblo cubano y bloqueando el viaje a la isla. Una
excepción al embargo, que permite la venta de alimentos a Cuba
únicamente en efectivo, ha significado un intercambio sustancial entre
los dos países.
En un esfuerzo por privar al gobierno cubano de fondos, en junio de
2004, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a los
viajes por asuntos familiares a Cuba. Bajo estas reglas, un individuo
tiene permitido visitar a sus familiares en Cuba sólo una vez cada
tres años, y sólo si los familiares entran bajo la estrecha definición
de familia que aplica el gobierno de Estados Unidos --una definición
que excluye a tíos, primos, y otros parientes próximos, que a menudo
se consideran parte integral de las familias cubanas. Justificada como
una manera de promover la libertad en Cuba, las nuevas disposiciones
de viajes atentan contra la libertad de movimiento de cientos de miles
de personas cubanas y cubano-americanas, causando así un profundo daño
a las familias cubanas.
En enero de 2005, la Unión Europea decidió suspender temporalmente las
sanciones diplomáticas que había adoptado después de la ola represiva
del gobierno de Cuba contra los disidentes en 2003. En junio de 2006 y
nuevamente en junio de 2007, la UE decidió renovar las suspensiones,
pero no levantó las sanciones por completo. Ofreció reabrir sus
conversaciones con el gobierno de Castro, estipulando que si estaba
dispuesto a aceptar la invitación, el gobierno cubano debía estar
dispuesto a discutir temas de derechos humanos, prisioneros políticos
y democracia. En respuesta, el ministerio de relaciones exteriores de
Cuba indicó que Cuba no participaría en conversaciones a menos que las
sanciones fueran plenamente suspendidas. No obstante, los
representantes de la UE y Cuba mantuvieron "conversaciones
exploratorias informales" en las Naciones Unidas en septiembre de 2007
y han acordado reunirse nuevamente a comienzos de 2008.
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