¿Cuáles son los cambios?
OSCAR ESPINOSA CHEPE / El Nuevo Herald
La Habana -- Nuevamente la prensa cubana se ha referido a la necesidad
de cambios en la agricultura. En esta ocasión se trata de la segunda
parte del artículo ''Viaje al centro de la Tierra'', publicada por el
diario Juventud Rebelde el 23 de diciembre pasado. En este trabajo se
confirma la existencia de consenso sobre la urgente necesidad de
transformaciones en el agro cubano, que permitan elevar la producción en
momentos cuando los precios de los alimentos importados crecen
impresionantemente.
Aunque se dan criterios interesantes, no se llega a conocer los alcances
de los cambios y si responderán a los requerimientos. Existe temor sobre
la aplicación de simples medidas superficiales que, en lugar de resolver
los problemas, pudieran incluso agravarlos.
Las transformaciones que requiere la agricultura cubana deben ser
radicales, mediante el acceso a la tierra a quienes realmente quieran
cultivarla y no una mera repartición de pequeñas parcelas en usufructo,
o sea, la creación de innumerables minifundios que a mediano plazo
podrían acarrear dificultades adicionales. El campo cubano necesita,
además, el otorgamiento de garantías jurídicas a los campesinos de que
las áreas recibidas no las perderían por vaivenes políticos, y de ser
entregadas con la única condición de ser explotadas de manera eficiente
y racional.
Si alguna experiencia han aportado estos casi 50 años de desastre
agrícola es que la propiedad estatal no es tan social como se ha querido
presentar, ni la propiedad privada está tan alejada de los intereses de
la colectividad. Al contrario, las entidades estatales --generalmente
subsidiadas por una crónica falta de rentabilidad-- han sido fuentes de
enormes pérdidas para la nación, desvíos de recursos e improductividad,
en el marco de una gestión burocratizada de falsas cooperativas o
empresas donde el criterio de los trabajadores siempre ha estado
ignorado; mientras los vilipendiados agricultores pequeños, sin recursos
y coartados por múltiples prohibiciones, han constituido el sector más
productivo, el mejor suministrador de alimentos a la población y
riquezas al erario público con el pago de sus impuestos. Sólo basta
recordar que con alrededor del 30% de la tierra cultivable, incluida la
no tan productiva de las cooperativas de producción agropecuarias (CPA),
han logrado más del 65% de la producción total. En contraposición, las
tierras estatales se han convertido en extensos marabuzales.
Por otra parte, el mal manejo de las tierras y el riego inadecuado ha
ocasionado millones de hectáreas seriamente dañadas por salinidad,
compactación, falta de drenaje, erosión y otros males, fenómenos
reconocidos en las estadísticas oficiales.
Es urgente resolver estos problemas resultantes de la indolencia
prevaleciente durante tantos años, mediante personas que quieran sus
tierras y estén dispuestos a realizar inversiones para mejorarlas, lo
cual requiere garantías de permanencia como propietarios privados, con
libertad para cultivarlas y sin las tenazas del minifundio que obligaría
a agotar la riqueza de los suelos, sin la rotación necesaria de los
cultivos y con dificultades para la aplicación de técnicas novedosas.
Es necesario que los cambios brinden libertad a los agricultores para
adquirir los recursos y poder decidir las actividades a realizar según
sus intereses y conveniencias. Asimismo deberán tener completa
posibilidad de decidir los precios de sus productos.
Coincidimos con la apreciación de un experto, recogida en el mencionado
artículo, de que los agricultores deben tener derecho a poseer una casa
digna, buenos muebles, artículos electrodomésticos, técnica de labranza
moderna y a comprarse un carro. El trabajo en el campo es sumamente duro
y sacrificado, por lo que lógicamente debe recibir la retribución
correspondiente.
En el artículo también se menciona la masiva deserción de especialistas
de los campos en busca de una mayor retribución en otras esferas de la
vida nacional. Constituye una verdadera vergüenza lo narrado sobre el
ingeniero en mecanización agrícola empujado a convertirse en pregonero y
vendedor de viandas a domicilio, una triste situación experimentada hoy
por miles de especialistas de nivel superior y medio, no sólo del sector
agropecuario.
Por supuesto, se requieren políticas fiscales y crediticias adecuadas;
diseñadas para crear un clima propicio a la productividad agrícola. Al
mismo tiempo, debe racionalizarse la dañina estructura burocrática
actual. El Ministerio de la Agricultura debería convertirse en una
entidad de orientación metodológica y el estado, aunque podría seguir
administrando determinadas áreas agrícolas bajo condiciones racionales,
deberá esforzarse fundamentalmente en el financiamiento y gestión de
centros de investigación y desarrollo, así como de obras de
infraestructura en apoyo a la agricultura.
Estas políticas en modo alguno deben limitar el derecho de los
agricultores a la formación de verdaderas cooperativas, basadas en la
libre voluntad de los campesinos. Paralelamente, tendrían que
reestructurarse los mecanismos de acopio y comercialización. El estado
podría continuar participando en esa actividad, pero también deben tener
derecho entidades cooperativas y privadas, en un plano legal de
igualdad. Hoy, gran parte de los productos agrícolas no se recolectan en
el campo debido a la ineficiencia de las entidades estatales, que además
se han destacado por el impago a los campesinos.
Las reformas no deben demorarse más. El país está gastando más de 1,500
millones de dólares anuales en la compra de alimentos, que podrían
producirse en nuestros campos en su inmensa mayoría. Las
transformaciones en pequeñas dosis y demasiado tarde no resolverían
absolutamente nada. Sería insensato en estos momentos querer hacer
cambios para que todo quede igual o peor.
Economista y periodista independiente.
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