De acuerdo con una investigación de la justicia boliviana, Cubapetróleo
elaboró uno de los más importantes documentos del proceso.
Agencias
jueves 2 de agosto de 2007 13:00:00
Empresas estatales de Cuba y Venezuela intervinieron en la
nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia al participar en la
redacción de uno de los más importantes documentos del proceso, según la
investigación del fiscal boliviano Alaín Canedo.
El jurista indicó que careos entre ex ejecutivos de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) permitieron que saliera a la luz
que funcionarios cubanos redactaron el llamado Anexo D, informó la AP.
La investigación, que de acuerdo con Canedo concluirá en dos semanas, se
inició por denuncias hachas por senadores opositores en marzo. De
acuerdo con los legisladores, de ejecutivos de YPFB cometieron la
suplantación ilegal de un anexo más duro por uno más flexible y hubo
intromisión de gobiernos extranjeros, lo que sugiere un posible
conflicto de intereses.
A juicio del fiscal, las investigaciones indican que el estudio
estadounidense de abogados Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP fue
contratado por la petrolera estatal venezolana PDVSA para que ayudara a
YPFB en la redacción y negociación de los contratos con las petroleras,
entre ellas la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF.
Canedo señaló que uno de los ex presidentes de YPFB, Juan Carlos Ortiz,
en careo con su sucesor, Manuel Morales Olivera —que no es familiar del
presidente boliviano, Evo Morales—, reveló hasta qué punto intervinieron
gobiernos extranjeros en la llamada nacionalización de los
hidrocarburos, decretada en mayo de 2006.
"Juan Carlos Ortiz, en declaraciones, dice que este estudio Curtis,
Mallet-Prevost y asociados es quien elaboro los contratos, y que el
anexo D, que es objeto de nuestra investigación, lo hizo Cubapetróleo",
indicó Canedo.
Agregó que "las bases para señalar este extremo van desde la denuncia en
las declaraciones informativas de los senadores", y que, de sus propias
declaraciones, se concluye que los jóvenes profesionales bolivianos, que
según Morales Olivera redactaron y negociaron los contratos con las
petroleras, "no tenían la capacidad" para hacerlo.
Un grupo de senadores, encabezado por el opositor Luis Vásquez, denunció
a la justicia tras una investigación en el Senado que Morales Olivera
suplantó el Anexo D en algunos contratos.
Morales Olivera, quien renunció por esa causa en marzo, ha señalado que
en su entonces condición de asesor de YPFB, nombrado por el presidente
Morales, hizo en octubre un cambio de anexos, de un D "más duro" a uno
"más flexible", pero que Ortiz fue notificado del cambio.
Ortiz sostiene que Morales Olivera actuó de forma inconsulta.
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