Posted on Sun, Jun. 25, 2006
PABLO ALFONSO
¿Quién decide en la isla?
Al ajíaco político que se cuece en Cuba en torno a la sucesión se le ha
añadido un inquietante ingrediente: La nueva Ley de la Fiscalía Militar,
aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 9 de junio.
Inquietante, porque en opinión de más de un analista de la situación
cubana, algunas de las disposiciones de la nueva legislación abren la
puerta al fantasma de una posible guerra civil, si surgieran desacuerdos
en el rumbo político que tome el país tras la desaparición del dictador
Fidel Castro.
Según anuncio José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional, la nueva
ley militar "aporta como elemento significativo la posibilidad de
impugnar las decisiones de los jefes que contravengan las leyes''.
Es decir, las tropas o los mandos militares pueden oponerse a las
decisiones de sus jefes, o de aquellos que quieran hacer cumplir
disposiciones que se consideren ilegales. ¿Se aplica el mismo concepto a
las ordenes emanadas del poder civil? A pesar de que todavía no se ha
publicado en la Gaceta Oficial, ni se conoce públicamente su texto
completo, parece que la ley no lo especifica.
"La ley responde a una indicación girada en 2000 por el ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de Ejército Raúl
Castro'', dijo la prensa cubana. Seis años después, el proyecto, en el
cual intervino de manera especial el general retirado, Juan Escalona
Reguera, Fiscal General de la República, se convierte ahora en realidad.
Escalona, quien explicó sus detalles a los diputados, dijo que la ley
faculta para el combate a todo intento de afectar la seguridad del
estado, actuar ante violaciones de la Constitución y su "objetivo
fundamental es la preservación de la legalidad sobre la base de las
normativas establecidas''.
La pregunta que constituye "el nudo gordiano" de este entuerto castrista
es ¿de cuál legalidad estamos hablando?. Porque "las normativas
establecidas'' son un concepto demasiado general. ¿Qué institución
decide en Cuba esa legalidad: La Asamblea Nacional, el Partido Comunista
o el aparato militar?.
Por lo pronto, la nueva Ley de la Fiscalía Militar parece contradecir al
Código Penal vigente que en su sección cuarta, referida a la "Usurpación
del Mando Político o Militar" establece en su articulo 102 que "Incurre
en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte el que:
a) tome el mando de tropas, unidades o puestos militares, poblaciones, o
barcos o aeronaves de guerra, sin facultad legal para ello ni orden del
Gobierno;
b) usurpe, a sabiendas, el ejercicio de una funcion propia de cualquiera
de los organos constitucionales del poder estatal''.
La contradice, porque si se acepta que la soberanía reside en el pueblo
y éste elige a sus representantes para integrar el Parlamento, el cual
adopta las leyes pertinentes, hay que concluir que la legitimidad del
orden institucional radica en la Asamblea Nacional.
En tal caso la propia Asamblea, pudiera decidir, legítima y
soberanamente, en un momento determinado, reformar el actual sistema
político, a lo que podrían oponerse, en virtud de la nueva Ley de la
Fiscalía Militar, algunos o todos los mandos militares.
Esta sería una reflexión en buena lógica democrática. Pero en Cuba la
cuestión es otra. La Reforma Constitucional del 2002, que proclamó el
''socialismo irrevocable'', reconoce que la Constitución puede ser
cambiada por las dos terceras partes de los diputados ``excepto en lo
que se refiere al sistema político, económico y social cuyo carácter
irrevocable quedó aprobado por nuestro Parlamento''.
Es decir existe una clara limitación de la soberanía popular. Se ha
definido un sistema político, económico y social para la eternidad...
Algo, no solo absurdo, sino claramente ilegítimo.
Hay otras cuestiones que se cocinan en el ajíaco nacional. ¿Cómo se
resuelve en Cuba esa contradicción de la llamada "legalidad socialista",
que proclama en la Constitución que "El Partido Comunista de Cuba,
martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación
cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado?.
¿Cómo se concilia esa "fuerza dirigente superior de la sociedad y del
Estado" atribuída a un partido político, con "la soberanía que reside en
el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado'', como afirma la
propia Constitución?.
Quizás estas reflexiones pudieran parecer demasiado teóricas, alejadas
de la realidad concreta, pero las conclusiones apuntan a que el tema de
la sucesión en Cuba enfrenta una disyuntiva: tiene que pasar por la
legitimización que le otorgue la Asamblea Nacional, o por el desacato y
la sublevación de los militares.
http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/columnists/pablo_alfonso/14895837.htm
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