Dos acusados de Ekin otorgaron poderes de una empresa a dos etarras
Una procesada declara en el juicio que desconocía la dirección de la banda para mandar dinero.El Supremo considera válido el escupitajo como identificación
Madrid
José Antonio Díaz Urrutia, alias «Andoni», y Juan Pablo Diéguez Gómez, dos de los acusados en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el entorno de ETA, admitieron ayer que dieron poderes de la empresa Gadusmar en Cuba a los presuntos etarras Carlos Ibarguren y Agustín Azkarate, pero como particulares y no como miembros de la banda terrorista. La segunda jornada del juicio por el «caso Ekin» estuvo marcada, como la primera, por la decisión de los procesados de no contestar a las preguntas del fiscal ni de la acusación, sólo a las de sus defensas, y por las protestas de estos abogados defensores por no contar con la documentación que quieren utilizar en los interrogatorios.
El fiscal Enrique Molina explica en su escrito de acusación que Gadusmar era una sociedad constituida en 1994 para la comercialización de bacalao, pero que dos años después Diéguez amplió el objeto al de pesquería y otorgó poderes especiales y exclusivos a favor de los etarras Ibarguren y Azkarate. Esta sociedad inició a partir de entonces un proyecto de expansión en Iberoamérica para sostener económicamente a miembros de ETA en Cuba y Panamá.
Otros cuatro de los seis procesados que declararon ayer negaron que sus empresas financiaran a la banda y coincidieron en decir que «no había dinero» para este fin porque tenían pérdidas o beneficios muy escasos. Una de ellas, Inmaculada Berriozábal Bernas, para quien el fiscal pide doce años de prisión por un delito de integración en ETA, afirmó que la agencia de viajes para la que trabajaba, Ganeko, no financió a ETA porque «no había dinero», y añadió: «No tenemos la dirección tampoco». Antes de declarar esto, Berriozábal afirmó: «Casi que lo voy a decir en el idioma de Cervantes», después de haber tenido problemas con la traducción que del Euskara hacía una intérprete.
Para el Ejecutivo vasco el macrojuicio responde a la estrategia «llevada a cabo por el PP, con el silencio cómplice del PSOE, de gobernar contra Euskadi y de condicionar las actuaciones del Poder Judicial». Arnaldo Otegi afirmó que Batasuna «mide» al presidente Zapatero y que gana «lo negativo» porque el macrojuicio «es un gran obstáculo para la paz».
Mientras, la Sala Penal del Tribunal Supremo sentenció que considera válida la prueba de ADN practicada al escupitajo de un detenido por «kale borroka», ya que se trata de una muestra obtenida de «un acto voluntario de expulsión de materia orgánica», que no requiere autorización judicial para ser analizada. Y confirmó seis años de cárcel para el imputado, Orkatz Gallastegi, por quemar un cajero bancario. La misma Sala, con distinta composición de magistrados, absolvió en mayo al mismo acusado por otro acto de vandalismo callejero, al entender que la prueba de ADN del mismo esputo sí requería el permiso del juez.
Por último, la Ertzaintza encontró sobre las nueve y media de ayer por la mañana los restos de una bomba colocada por ETA en las bodegas El Coto, en la localidad alavesa de Oyón, que estaba compuesta por medio kilogramo de cloratita con amosal, informaron fuentes de Interior.
El presidente de la patronal vasca, Confebask, Miguel Lazpiur, aseguró que la extorsión etarra a los empresarios «no ha cedido en ningún momento, aunque no puedo decir si ha habido un repunte en los últimos meses».
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=350041&pIdSeccion=43&pNumEjemplar=1101
Una procesada declara en el juicio que desconocía la dirección de la banda para mandar dinero.El Supremo considera válido el escupitajo como identificación
Madrid
José Antonio Díaz Urrutia, alias «Andoni», y Juan Pablo Diéguez Gómez, dos de los acusados en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el entorno de ETA, admitieron ayer que dieron poderes de la empresa Gadusmar en Cuba a los presuntos etarras Carlos Ibarguren y Agustín Azkarate, pero como particulares y no como miembros de la banda terrorista. La segunda jornada del juicio por el «caso Ekin» estuvo marcada, como la primera, por la decisión de los procesados de no contestar a las preguntas del fiscal ni de la acusación, sólo a las de sus defensas, y por las protestas de estos abogados defensores por no contar con la documentación que quieren utilizar en los interrogatorios.
El fiscal Enrique Molina explica en su escrito de acusación que Gadusmar era una sociedad constituida en 1994 para la comercialización de bacalao, pero que dos años después Diéguez amplió el objeto al de pesquería y otorgó poderes especiales y exclusivos a favor de los etarras Ibarguren y Azkarate. Esta sociedad inició a partir de entonces un proyecto de expansión en Iberoamérica para sostener económicamente a miembros de ETA en Cuba y Panamá.
Otros cuatro de los seis procesados que declararon ayer negaron que sus empresas financiaran a la banda y coincidieron en decir que «no había dinero» para este fin porque tenían pérdidas o beneficios muy escasos. Una de ellas, Inmaculada Berriozábal Bernas, para quien el fiscal pide doce años de prisión por un delito de integración en ETA, afirmó que la agencia de viajes para la que trabajaba, Ganeko, no financió a ETA porque «no había dinero», y añadió: «No tenemos la dirección tampoco». Antes de declarar esto, Berriozábal afirmó: «Casi que lo voy a decir en el idioma de Cervantes», después de haber tenido problemas con la traducción que del Euskara hacía una intérprete.
Para el Ejecutivo vasco el macrojuicio responde a la estrategia «llevada a cabo por el PP, con el silencio cómplice del PSOE, de gobernar contra Euskadi y de condicionar las actuaciones del Poder Judicial». Arnaldo Otegi afirmó que Batasuna «mide» al presidente Zapatero y que gana «lo negativo» porque el macrojuicio «es un gran obstáculo para la paz».
Mientras, la Sala Penal del Tribunal Supremo sentenció que considera válida la prueba de ADN practicada al escupitajo de un detenido por «kale borroka», ya que se trata de una muestra obtenida de «un acto voluntario de expulsión de materia orgánica», que no requiere autorización judicial para ser analizada. Y confirmó seis años de cárcel para el imputado, Orkatz Gallastegi, por quemar un cajero bancario. La misma Sala, con distinta composición de magistrados, absolvió en mayo al mismo acusado por otro acto de vandalismo callejero, al entender que la prueba de ADN del mismo esputo sí requería el permiso del juez.
Por último, la Ertzaintza encontró sobre las nueve y media de ayer por la mañana los restos de una bomba colocada por ETA en las bodegas El Coto, en la localidad alavesa de Oyón, que estaba compuesta por medio kilogramo de cloratita con amosal, informaron fuentes de Interior.
El presidente de la patronal vasca, Confebask, Miguel Lazpiur, aseguró que la extorsión etarra a los empresarios «no ha cedido en ningún momento, aunque no puedo decir si ha habido un repunte en los últimos meses».
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=350041&pIdSeccion=43&pNumEjemplar=1101
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