Cuba: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2005)

Cuba: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2005)

Población: 11.300.000 / Capital: La Habana / Convenios Ratificados: 29 -
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138

Varios dirigentes sindicales condenados a prisión en 2003 siguen
encarcelados, en ocasiones en pésimas condiciones. Uno de ellos fue liberado
por razones de salud pero sigue bajo licencia extrapenal.

DERECHOS SINDICALES SEGÚN LA LEY

Un sindicato único

Las autoridades cubanas sólo reconocen una sola central sindical, la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC).

El Código de Trabajo que fue promulgado en julio de 1985 no contempla la
posibilidad real y objetiva de la libertad sindical. El gobierno prohíbe
explícitamente los sindicatos independientes, pero niega que exista una
obligación legal para los trabajadores de afiliarse a la CTC.

Negociación colectiva

El Código de Trabajo impone que para su validez y eficacia jurídica los
convenios colectivos tienen que ser discutidos y aprobados en asamblea de
los trabajadores, formalizados por escrito y suscritos por las partes. Sus
modificaciones o adiciones tienen que ser aprobadas en asambleas de
trabajadores y suscritas por las partes, es decir, por la entidad laboral
empleadora y por la organización sindical.

El Estado controla el mercado del empleo y decide salarios y condiciones de
trabajo en el sector estatal. En el sector privado, la ley de inversión
extranjera de 1995 estipula que los inversores extranjeros deben contratar a
los trabajadores/as a través de agencias estatales de colocación. Los
inversores pagan a las agencias en dólares, pero las agencias les pagan a
los trabajadores la cifra equivalente en pesos, quedándose hasta con el 95
por ciento de sus salarios.

La legislación no reglamenta el derecho de huelga. De acuerdo con el
gobierno, no existe la necesidad de convocar huelgas puesto que las
reivindicaciones de las organizaciones sindicales oficiales tienen la
garantía de ser escuchadas por las autoridades.

El gobierno aún no ha cristalizado las promesas de reformar el código
laboral.


DERECHOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA

La actividad sindical independiente resulta imposible

El gobierno obstaculiza cualquier intento de formar sindicatos
independientes, sobre todo mediante las restricciones de la Ley de
Asociaciones. Cualquiera que emprenda actividades sindicales independientes
corre el riesgo de ser perseguido y de perder su puesto de trabajo. Se exige
a los trabajadores/as que vigilen a sus compañeros e informen sobre
cualquier actividad "disidente". Los activistas laborales independientes se
exponen periódicamente a detenciones, hostigamientos, amenazas de
procesamiento y presiones para que se vayan al exilio.

Las organizaciones existentes no consiguen representar efectivamente a los
trabajadores/as. Al no estar reconocidas, no tienen derecho a la negociación
colectiva, ni convocar a huelgas. Los trabajadores no pueden ejercer sus
derechos, marchar pacíficamente ni participar en manifestaciones públicas y
pacíficas para anunciar sus aspiraciones laborales. Las organizaciones
independientes son establecidas por disidentes que se oponen al régimen de
Castro y aunque defienden los derechos sindicales, inevitablemente están
vinculadas a la lucha contra el régimen y a favor del respeto de los
derechos humanos, en general. Sus oficinas han sido registradas, se ha
confiscado su equipo y se han interceptado sus comunicaciones. En algunos de
estos sindicatos se han infiltrado agentes de la seguridad del Estado.


VIOLACIONES EN 2004

Malos tratos y amenazas contra dirigentes sindicales encarcelados en 2003

En Cuba la información está estrictamente controlada por el Estado, lo que
hace que cualquier verificación resulte extremadamente complicada. No
obstante, en el transcurso del año, se recibieron numerosos informes
preocupantes relativos, en especial, al trato dado a los activistas
sindicales encarcelados.

En abril 2003, siete dirigentes sindicales independientes fueron
encarcelados junto a otros 66 disidentes del régimen de Fidel Castro. La
situación médica de varios de ellos se degradó considerablemente durante
2004 por lo que algunos fueron puestos bajo el régimen de licencia
extra-penal, lo cual significa que deberá cumplir la condena en su domicilio
o en el hospital en donde se encuentre.

En junio, se negó a Iván Hernández Carrillo, miembro del Ejecutivo Nacional
de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) y
condenado a 25 años de prisión, el acceso a su tratamiento médico contra la
hipertensión. Los medicamentos, que sus familiares habían entregado a las
autoridades de la prisión provincial de Holguín, sólo le fueron
proporcionados dos semanas después. En agosto, Carrillo fue trasladado de
Holguín a la cárcel de "Cuba Sí", en represalia por una carta firmada por
otros presos políticos que denunciaban el trato inhumano que reciben.
Hernández estaba sometido a un régimen de detención de máximo rigor.
Encerrado solo en su celda, estaba autorizado a recibir visitas de sus
familiares cada cuatro meses; pero el 3 de junio, las autoridades cubanas
rechazaron el acceso de su familia a pesar de que era un día de visita.
Debido a la convivencia con reos comunes, Carillo fue amenazado de muerte
varias veces sin que las autoridades penitenciarias prestaran atención a las
peticiones de protección. En protesta por las pésimas condiciones
carcelarias, Carrillo llevó a cabo cuatro huelgas de hambre.

El Secretario General de la Confederación de Trabajadores Democráticos de
Cuba (CTDC), Nelson Molinet, se negó a acatar el plan de rehabilitación
impuesto a los reclusos, por lo que fue internado en una celda de castigo
durante más de 60 días, antes de ser enviado por la fuerza a una división de
homosexuales. Posteriormente fue trasladado a una sección de presos comunes,
donde le robaron sus pertenencias, lo agredieron y lo amenazaron de muerte
sin que las autoridades penitenciarias tomaran en cuenta sus denuncias. Se
le niega la visita de sus familiares, la entrada de artículos para el aseo y
comida. No se le permite enviar ni recibir correspondencia. Desde el inicio
de internamiento, Nelson Molinet ha perdido más de 30 kilos.

Miguel Galván Gutiérrez, Subdirector de la CNCSL, condenado a 26 años de
prisión, fue también víctima de malos tratos a lo largo del año. El 5 de
mayo fue trasladado a un destacamento con los presos comunes condenados a
cadena perpetua por homicidio, aunque había sido encausado por un supuesto
delito de "desacato". Ha sido amenazado, hostigado y confinado por dos meses
en celdas de aislamiento desde principio de año. Padece una enfermedad en
los huesos de las piernas y se le negó una atención médica especializada en
ortopedia, a pesar de haberla solicitado tras la aparición de fuertes
dolores en la columna vertebral. Su visión disminuyó considerablemente y su
delicada situación dental tampoco fue atendida. Además, el 29 de septiembre,
varios guardias lo despojaron sin razón alguna de su colchón, incrementando
sus dolores y sus limitaciones físicas.

Liberado sindicalista por razones de salud

El 18 de junio, le fue otorgada una licencia extrapenal por razones de salud
a Carmelo Díaz Fernández, Presidente de La Unión Sindical Cristiana (USC) y
Subdirector del Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral (CNCSL),
quien inicialmente había sido condenado a 16 años de prisión. La situación
médica de Carmelo Díaz, (tenía problemas cardiovasculares) se agravó durante
su detención en los cubículos especiales de la cárcel de Guanajay.

Hostigamiento contra familiares de sindicalistas encarcelados

El 31 de marzo, como condición para visitar a su esposo Carmelo Díaz
Fernández, ordenaron a Dulce María Amador que se desnudase y se pusiese de
rodillas. Al negarse a ello, no se le permitió ver a su esposo. Varios días
antes, en una conferencia de prensa con la prensa internacional, el
canciller cubano Pérez Roque presentó en la televisión cubana varias
entrevistas hechas a familiares de los internos, entre otros, la esposa de
Carmelo Díaz Fernández, cuyos testimonios fueron editados. Dulce Amador
había protestado contra esta manipulación.

El 6 de octubre 2004, Darelys Velásquez Falcón, esposa de Héctor Raúl Valle,
Vicepresidente de la CDTC y condenado a 12 años de prisión, fue citada por
la Seguridad del Estado instándola a abandonar sus actividades para obtener
la liberación de su esposo. La amenazaron con trasladar a Héctor Raúl Valle
a una cárcel ubicada en una provincia lejana. La señora Falcón ya había sido
amenazada por las autoridades con ser arrestada si seguía con sus
actividades.

Sindicalista amenazado de muerte

Lázaro González Adán, delegado de la CONIC, fue detenido en octubre y
acusado de "desacato" por la policía política. Las autoridades del pueblo
Sibanicú (Provincia de Camagüey) penetraron en su domicilio para arrestarlo
y golpearlo en presencia de sus familiares. En días anteriores habían
incitado a los vecinos para que los apedreasen a él y a su esposa. Su hijo
fue también golpeado tras intentar escaparse. En julio, al regresar de un
viaje, encontró una amenaza de muerte escrita en el piso del portal de su
casa. Anteriormente también había sido amenazado de muerte varias veces por
el jefe de la Policía de Sibanicú mientras se encontraba detenido.

Sindicalista independiente hostigado

El 5 de noviembre, el Secretario General del Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Industria Ligera, afiliado a la CONIC, Aurelio Bachiller
Álvarez, fue citado por la policía de La Habana, que lo mantuvieron durante
dos horas intentando convencerlo de que desistiera de sus actividades
sindicales, consideradas ilegítimas por las autoridades, y que según ellos
fomentaban la política norteamericana contra la isla.


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