Martes, Abril 17, 2012 | Por José Hugo Fernández
LA HABANA, Cuba, abril, www.cubanet.org -Después de muchos años de
ejercicio periodístico al margen de las estructuras y los medios
oficiales (lo que en Cuba significa al margen de la ley), uno pudo haber
acumulado demasiadas dudas, tantas como en otra profesión cualquiera.
Pero al menos una cosa sí tenemos clara: no es verdad que siempre
decimos (ni siquiera que debamos decir) todo lo que pensamos, o lo que
ven nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos. Sencillamente porque
las convicciones morales, así como ciertos mandatos del espíritu,
priman, por suerte, sobre la política.
Si en una sociedad de abierta democracia la función de un informador es
decirlo todo, mantener alerta a la opinión pública, para que nadie viole
impunemente la ley y no sea agredido el bien común, dentro de un sistema
totalitario no queda otro remedio que cambiar las normas, pues cambiaron
sus condicionantes: tanto la ley como el bien común han sido
secuestrados por la dictadura.
No son pocas las ocasiones en las que uno se ve obligado (moralmente,
que es el único tipo de obligación a la que debemos obediencia) a no
verter una opinión, o a no divulgar un suceso o un comportamiento que
podrían dar trigo informativo.
Yo, en particular, lo hago, sin el más mínimo remordimiento. No me
interesa ser un buen informador, si para ello debo facilitarles la
coartada a los cómplices internacionales del régimen, y menos aún a
costa de hacerle el juego a la policía, facilitándole las pesquisas que
forman parte de sus métodos represivos.
Este largo introito obedece a la impresión que me ha causado la triste
noticia del suicidio, en España, del disidente y expatriado cubano
Santiago Du Bouchet.
El hombre estaba desesperado. Tanto quizá como lo está la mayoría de los
desterrados que llegaron hace poco a España, desde las cárceles cubanas,
gracias a una pícara operación de "limpieza" política, para la cual el
régimen contó con la confabulación del canciller de aquel país y de la
Iglesia Católica nacional.
Creo que en el momento en que se produjo tan lastimosa maniobra, nadie o
casi nadie dijo todo lo que debió ser dicho al respecto, en los medios
disidentes. Muy poco se habló, por ejemplo, de la ingenuidad con que
muchos de esos respetables paisanos del presidio político acogieron el
plan. Y menos aún de la ingenuidad, rayana en irresponsabilidad, con que
involucraron a sus familiares.
Las tres partes que se asociaron para llevar a cabo la operación de
destierro, perseguían objetivos muy obvios y puntuales. Y entre los
objetivos de ninguna de esas tres partes estaban contemplados los reales
intereses de nuestros disidentes presos, no sólo los de orden político,
ni siquiera sus proyectos personales.
Sin embargo, la posibilidad de que esos presos políticos se libraran al
fin de las infrahumanas condiciones de las cárceles del régimen, no sólo
los precipitó a ellos mismos a una expatriación dolorosa, infértil y
verdaderamente penosa, sino que hizo que nosotros nos tragáramos alguna
que otra opinión y muchos temores.
¿Con qué acopios morales puede contar alguien que no está sufriendo en
carne lo que ellos sufrían, para insinuar siquiera que no debieron
aceptar el proyecto de destierro, puesto que contrariaba su causa
política, y porque, además, constituía una aventura personal bien
peregrina, más aún a la edad en que muchos de ellos la emprendían, y
muchísimo más cargando con toda la familia?
Pero así era, ni más ni menos. Por mucho que aún hoy duela y moleste
reconocerlo.
Entre las múltiples desgracias que los cubanos debemos a la actual
dictadura, está el hecho de que la mayoría hemos nacido y/o crecido bajo
su sombra, y, aun cuando no nos guste darnos por enterados, estamos
marcados irremediablemente por sus deformaciones, sobre todo las de
carácter educacional.
¿Qué esperaban hallar nuestros paisanos en España? ¿En qué derechos
piensan los que ahora mismo (al sentirse abandonados y sin perspectivas)
se han ido a la huelga de hambre, alegando que lo hacen para reclamar
sus derechos?
Recientemente, la prensa internacional divulgó el drama de un indigente
de Sevilla, quien, con casi 70 años de edad, ha debido tomar la drástica
medida de dejarle su pensión de 750 euros a la familia, mientras él se
iba a vivir de limosnero en las calles, alimentándose en los tachos de
basura de los restaurantes, pues el dinero no alcanza para todos. Pero
la pensión que el gobierno español entrega a nuestros desterrados, para
ellos y su familia, es de apenas 700 euros.
Esto que digo puede lucir cínico o indolente o frío, pero es mejor
ponerse azul un día que amarillo todos los días: En buena ley, los
auténticos derechos de esos paisanos nuestros estaban en Cuba, y estaban
(están) siendo pisoteados. Ellos renunciaron a defenderlos al pie del
cañón, por muy lógicas y atendibles y justas razones.
Sólo que al partir hacia España, tal vez algunos olvidaron aquella
máxima callejera de los cubanos, según la cual, siempre hay que llevar
dos jabas, una con las de ganar y la otra con las de perder. Si al
gobierno español le está resultando difícil dar respuestas a todos los
derechos de sus ciudadanos, en realidad no veo cómo podrá concentrarse
en dárselas a los de nuestros desterrados, cuya problemática, por demás,
es algo que heredó del gobierno anterior.
Creo que de momento sólo nos queda pedir a Dios que ayude a nuestros
paisanos. Porque sería demasiado doloroso que luego de tanto bracear
entre las violentas olas de la dictadura, terminen ahogándose en la
orilla de una costa extraña.
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