España respondió a las críticas de disidentes cubanos
El gobierno de Zapatero afirmó que les dará todo su apoyo y el mejor
estatus migratorio posible
Sábado 17 de julio de 2010 | Publicado en edición impresa
Adrian Sack
Para LA NACION
MADRID.- El viaje a España del primer contingente de ex presos políticos
cubanos aún está lejos de tener el final feliz que la mayoría de ellos
esperaba.
Ubicados a decenas de kilómetros unos de otros y sin poder acogerse al
estatus de "asilados", como algunos de ellos habían imaginado antes de
dejar su país, el grupo de once excarcelados y sus familiares
protestaron ante las autoridades españolas y la prensa local por la
supuesta intención de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero
de dispersarlos mediante su envío a diferentes puntos del país,
distantes entre sí.
No obstante, y con la intención de evitar la erosión de lo que Madrid
considera un "éxito diplomático", el gobierno socialista procuró
desmentir rápidamente aquellas versiones.
"No es un problema de dispersión, sino de adecuada ubicación", señaló en
una conferencia de prensa la vicepresidenta española, María Teresa
Fernández de la Vega.
La funcionaria destacó que su gobierno se ocupa de darles la mejor
atención posible a los que hasta el domingo último permanecían presos
desde 2003, cuando fueron arrestados en un violento operativo policial
del régimen castrista, conocido como Primavera Negra, en Cuba.
"Los estamos apoyando para que tengan una buena estancia y acogida",
dijo la vicepresidenta española, quien, además, afirmó que los ex
convictos deben "estar contentos de estar libres, y aquí".
Nuevo estatus
En cuanto al estatus migratorio de los disidentes, el gobierno español
confirmó anoche que el próximo 28 de julio recibirán el beneficio de la
protección internacional asistida. "Este es el mejor estatus posible de
todos los que se pueden ofrecer a los ex prisioneros de conciencia
cubanos", declaró a la prensa local el jefe de gabinete del ministerio
de Asuntos Exteriores español, Agustín Santos.
El funcionario de cancillería aclaró que, pese a las objeciones
presentadas por algunos de los excarcelados, el otorgamiento de esa
figura migratoria "no es una propuesta", sino una "decisión unilateral"
del gobierno español. "Las autoridades son las que deciden, como sucede
con cualquier extranjero que está en el país, cuál es el estatus de los
que están aquí", dijo tajante.
Ayer, poco después de que les fuera comunicada esta decisión a los
disidentes, algunos de ellos se quejaron de que no se les reconociera su
condición de perseguidos políticos. "Lo que más convendría es el refugio
y el asilo, porque es lo que más corresponde a nuestra realidad",
declaró Omar Rodríguez, uno de los ex detenidos que llegaron en los
últimos días desde La Habana.
Pero el ministro Santos consideró que el estatus de protección
internacional asistida concedido por el gobierno español "no tiene las
limitaciones" del asilo político, "sobre todo en cuanto a derechos
ciudadanos de expresión política y de actividad por su parte".
El funcionario también destacó que, gracias a la decisión de su gobierno
de no concederles el asilo a los disidentes, sus familiares van a poder
viajar "cuando lo deseen" a Cuba, aunque los excarcelados deberán
solicitar un permiso especial en la embajada cubana en Madrid.
Sin embargo, en caso de que los cubanos elijan permanecer en España,
todos ellos podrán obtener un permiso de residencia que los habilita
para trabajar y, además, obtener la ciudadanía española en el término de
dos años desde el otorgamiento de su residencia, al igual que el resto
de los latinoamericanos.
Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció
ayer que el cardenal cubano Jaime Ortega, uno de los artífices de la
negociación con la dictadura castrista para conseguir la liberación de
52 presos cubanos, estuvo en Washington días antes de que se difundiera
la noticia de su excarcelación.
De acuerdo con el diario español El País , el prelado de La Habana
realizó ese viaje con la intención de informar al gobierno
estadounidense sobre los avances producidos en sus gestiones con el
régimen de Raúl Castro. De esta manera, el cardenal, según el periódico,
habría intentado destacar el gesto de Cuba para influir en la discusión
de un proyecto de ley que trata el Congreso de los Estados Unidos para
levantar restricciones a la venta de alimentos y medicinas, y permitir
viajes turísticos a la isla caribeña.
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